El derecho internacional del agua potable y el saneamiento. Un debate de derecho de cuarta generación en la encrucijada*
DOI:
https://doi.org/10.35487/rius.v7i32.2013.39Palabras clave:
Mercantilización de bienes comunes, gobernanza política, enfrentamiento político, Objetivos del Milenio, falta de transparencia.Resumen
Iniciando el siglo XXI, en la Asamblea General de Naciones Unidas se hizo eco del déficit del agua en el planeta e incluyó el tema entre los Objetivos del Milenio. Desde entonces existe una pugna entre intereses privados, que disfrutan de una renovada jerarquía a raíz de la globalización, y las posiciones soberanas que mantienen el origen público del recurso y la imposibilidad de su comercialización. Esta posición ha sido respaldada también por pueblos originarios. Las líneas que siguen muestran estos intereses divergentes y la necesidad de buscar puntos de contacto para un desarrollo sustentable.Descargas
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A través de concesiones sobre el dominio público por periodos más o menos amplios de tiempo. Con todo, esta figura de la concesión no ha estado exenta de críticas y en algunas instancias ha sido necesario dar por concluido el contrato por anticipado, no sólo en materia de aguas sino también en vías públicas. Véase el caso de las autopistas españolas radiales con origen en Madrid.
El agua debe ser accesible, proveniente de una fuente que se encuentre a una distancia razonable de la vivienda a un coste razonable; dado que el agua tiene un valor económico, debe adaptarse su precio al presupuesto del usuario final. El coste del agua no puede reducir la capacidad de un individuo para comprar otros bienes esenciales como alimentos, cuidados médicos, educación y vivienda.
Los sectores de la población más vulnerables y marginados deben tener acceso al agua y a servicios de saneamiento. Las investigaciones muestran que las clases desfavorecidas llegan a pagar hasta doce veces más por el litro de agua que sus vecinos de clases más pudientes en el municipio. Véase http://www.unescap.org/huset/urban_poverty/ poorpaymore.htm.
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Observación general No. 15, El derecho al agua, Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, noviembre de 2002. Además, desde 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Ciertamente, las resoluciones de Naciones Unidas no tienen una naturaleza jurídica per se, y un lenguaje como éste en un tratado nos llevaría a plantear interpretaciones completamente contradictorias. Así, podría inferirse: a) que unos países podrían obligar a otros a prestar agua y/o recursos financieros para proyectos vinculadas a la misma; b) que los ciudadanos a título individual le exigieran a sus propios gobiernos que prestaran servicios de agua y sanitarios, o c) por último, y peor, que no tuviera ningún efecto.
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Esto ha llevado a que se hable de una recolonización del continente a través de la adquisición de tierras y procesos de privatización, poniendo en peligro la soberanía de los países y el crecimiento sustentable. No sólo son actores del proceso países del primer mundo, sino también corporaciones trasnacionales. Cfr.http://newint.org/blog/majority/2011/06/20/africa-water-privatization/.
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Véase http://www.irinnews.org/indepthmain.aspx?InDepthId=13&ReportId=61124.
Numerosas Constituciones y tribunales nacionales comienzan a elaborar un conjunto de principios y decisiones que apoyan el discurso del acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho fundamental a título individual o en conexión con otros derechos.
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En vigor desde 1995. Bajo la definición de servicio prestado en condiciones comerciales, prácticamente todo entra bajo el capítulo del comercio. Recientemente, en la Unión Europea, a través de una iniciativa ciudadana, se ha paralizado un proyecto de directiva dirigido a crear un espacio de circulación a través de la concesión del agua potable; en el continente americano, Canadá se opone a que el agua de sus manantiales sea, en toda circunstancia, objeto de compraventa, lo que ha llevado a una confrontación comercial con empresas estadounidenses.
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Las conocidas como las triples P, public-private-partnerships. Véase LOBINA, E. y HALL, D. "Public Sector Alternatives to Water Supply and Sewerage Privatization: Case Studies", en International Journal of Water Resources Development, vol. 16, No. 1, 2000, pp. 35-55.
Según analistas políticos, los conflictos tanto internos como internacionales en el siglo XXI se producirán por el acceso al agua. En 1985, el secretario General de Naciones Unidas aventuraba que el próximo conflicto en Oriente Medio sería por motivos hídricos y no por cuestiones políticas. Según estadísticas propias de Naciones Unidas, en la actualidad, 3,000 cuencas hidrográficas son escenarios de conflictos.
Es, por ejemplo, el caso de Senegal, que costea los primeros 10,000 litros de agua de todas las familias mensualmente. Esta cantidad se estima suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia media en el país.
En Sudáfrica, cuando en el año 2000 el gobierno se vio obligado a acabar con los subsidios del agua, el resultado fue que millones de personas de clases sociales bajas se vieron obligadas a utilizar el agua de los ríos y lagos contaminados, lo que llevó a una grave epidemia de cólera.
Véase SINCLAIR, SCOTT. Gats: How the World Trade Organization's New "Services" Negotiations threaten Democracy, Canadian Centre for Policy Alternatives, Ottawa, 2000, disponible en: www.policyalternatives.ca/whatsnew/gatspr.html.
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