Del derecho a la vida y los derechos sexuales y reproductivos, ¿configuración armónica o lucha de contrarios?

Valdés Díaz, Caridad del Carmen

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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Recibido: 13 de diciembre de 2011. Aceptado: 17 de enero de 2012.

Profesora de Derecho civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba (

cary@uh.cu

RESUMEN

No deben enfrentarse el derecho en potencia

que posee el concebido a la vida, con los dere-

chos sexuales y reproductivos que poseen todas

las personas, si bien estos últimos deben ejerci-

tarse con plena responsabilidad, porque tienen

un límite natural que es el propio resultado de

su práctica: la procreación de nuevos seres hu-

manos. Se valoran las implicaciones sociales y

familiares del aborto y se concluye que si bien la

interrupción voluntaria del embarazo no es una

práctica deseable, el derecho no debe imponer

coactivamente criterios morales, a veces media-

tizados por intereses espurios, mediante normas

jurídicas, sino coadyuvar al establecimiento de

reglas que garanticen la convivencia pacíF

ca y

el bien de todos, conF

gurando armónicamente

los derechos y no enfrentándolos.

PALABRAS

CLAVE

Personalidad, vida, sexuali-

dad, reproducción.

ABSTRACT

This text assesses social and familiar impli-

cations of abortion, and it concludes that

although voluntary interruption of pregnancy

is not a desirable practice, law must not impose

coactively moral criteria, sometimes in±

uen-

ced by miserly interests, through legal stan-

dards; but contribute to the establishment of

rules that guarantee the peaceful coexistence

and the good of all, forming harmonically the

rights.

KEY

WORDS

Personality, life, sexuality, repro-

duction.

Del derecho a la vida y los derechos

sexuales y reproductivos, ¿conf

guración

armónica o lucha de contrarios?*

About the right to life and sexual

and reproductive rights: harmonious

configuration or struggle of opposites?

Caridad del Carmen Valdés Díaz**

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS

DE PUEBLA, MÉXICO, ISSN: 1870-2147. AÑO VI

NO. 29, ENERO-JUNIO DE 2012, PP. 216-239

IUS

217

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Sumario

1. El derecho a la vida como derecho inherente a la personalidad

) ¿Cuándo debe reconocerse la personalidad y los derechos inherentes a ella?

) ¿Cuándo debe comenzar la protección jurídica a la vida humana?

2. Los derechos sexuales y reproductivos

) ¿Existe un derecho a decidir libremente la maternidad?

) El aborto: la otra cara de la moneda

3. Consideraciones f

nales

1. El derecho a la vida como derecho inherente a la personalidad

Los derechos inherentes a la personalidad ocupan, o deben ocupar, el más des-

tacado lugar dentro del derecho civil, toda vez que éste concibe como realidad

primaria respecto a la cual irradian sus normas a la persona misma, al ser hu-

mano jurídicamente considerado, provisto de atributos y cualidades intrínsecas

que lo dignif can y lo colocan en el plano más alto del conglomerado social en

el que se desenvuelve. La personalidad misma constituiría categoría abstracta

y mutilada en lo esencial si sólo se apreciara como aptitud para la titularidad

de derechos y deberes que se incardinan únicamente al tráf co jurídico en sede

patrimonial, económica, desdeñando toda la riqueza que encierra el propio ser

y los bienes que le resultan más preciados en el ámbito espiritual o moral. Así,

la personalidad entendida en toda su dimensión deberá estar acompañada de

derechos que le son inherentes, que garantizan al ser humano el goce de sus

bienes personales, haciendo valer su dignidad como tal. Tales derechos, como

acertadamente puntualiza R

OGEL

IDE

, constituyen “[…] unas titularidades jurí-

dicas cuyo punto de partida y de reFerencia es la personalidad misma, de la que

vienen a ser como emanación o atributo íntimo y entrañable, relativa no a bienes

exteriores en los que aquélla se proyecte al actuar, sino personales en cuanto

Forman parte de nosotros mismos, teniendo consiguientemente un contenido

ideal, inmaterializado”.

Si bien desde el derecho romano se reconoció a la persona una llamada

potestate in se ipsum

que le permitía una cierta autonomía sobre sí misma,

tomando en cuenta su posición tanto social como Familiar, y se reguló la

actio

iniuriarum

para que Fuera ejercitada Frente a cualquier acto que lesionara Física

OGEL

IDE

, C.

Bienes de la personalidad, derechos fundamentales y libertades públicas,

Publicaciones del Real

Colegio de España, Bolonia, 1985, p. 26.

218

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

o moralmente a la persona misma,

los derechos inherentes a la personalidad

sólo quedan conf gurados como verdaderos y propios derechos subjetivos a

partir de la segunda mitad del siglo

XIX

. Tributan en gran medida a perf larlos

las obras de Santo Tomás

QUINO

desde su cátedra parisina de derecho canó-

nico, aunque la noción de derechos inherentes a la personalidad, como también

explica R

OGEL

IDE

, es de origen germánico, introduciéndose en Francia a través

de la obra del suizo R

OGUIN

, titulada

Las reglas jurídicas,

publicada en 1889 en

Lausana, y se consolida, después, en ese país por mediación de autores como

OISTEL

—

Filosofía del derecho,

1889—, P

ERREAU

—

Los derechos de la personali-

dad

, 1909— y N

ERSON

—

Los derechos extrapatrimoniales,

tesis leída y publicada

en Lyon en 1939—. En Alemania, sin olvidar a P

UCHTA

y a W

INDSCHEID

, parecen ser

OHLER

y G

IERKE

los autores que rompen sus lanzas a ±avor del reconocimiento

de derechos de la personalidad o derechos sobre la propia persona. En Italia, se

ocupan de tales derechos, también a f nales del siglo

XIX

, C

AMPOGRANDE

, C

HIRONI

sobre todo, F

ADDA

y B

ENSA

. En España, los civilistas del siglo

XIX

no se ocuparon del

tema de los derechos de la personalidad. Incluso parecía verse la categoría con

cierta desconf anza. Bien iniciada ya la primera mitad del siglo

es que apare-

cen los primeros autores civilistas que se ocupan, siquiera sea sucintamente, de

los bienes y derechos de la personalidad; en primer lugar V

ALVERDE

, en segundo

término S

ÁNCHEZ

OMÁN

, y luego, sobre todo, Clemente

IEGO

. Pero no es has-

ta 1952 que aparece allí, con la obra de C

ASTÁN

OBEÑAS

, una visión moderna y

acabada de los derechos de la personalidad. No obstante, concluye R

OGEL

IDE

que, por encima de los avatares históricos y de los emplazamientos ² uctuantes

dentro de la disciplina, una cosa es cierta: el tema de los bienes y derechos de

la personalidad es tema de derecho civil que implica tensión entre particulares,

y ello lo distingue de los derechos humanos y de los derechos ±undamentales.

Tradicionalmente se deslindaba la di±erencia entre derechos ±undamentales

y derechos de la personalidad tomando en cuenta ±rente a quién se ejercitaban.

El sujeto pasivo de los derechos ±undamentales lo era el Estado, que no puede

violar una es±era reservada a la persona y debe respetarla, procurando su ±orta-

lecimiento y actuación. Si el derecho de la persona, reconocido en la ley ±unda-

mental, era desconocido o lesionado por los poderes públicos, se entendía que

era violado un derecho ±undamental. Los derechos inherentes a la personalidad,

Toda

iniuria

, según U

LPIANO

, o bien se hace al cuerpo o atenta contra la dignidad y contra la fama. Se hace al cuerpo

cuando se golpea a alguien; atenta contra la dignidad cuando se quita el acompañante a una señora, y contra la

fama cuando se ataca al pudor.

Cit. pos

. G

ARCÍA

ÓPEZ

, R.

Responsabilidad por daño moral. Doctrina y jurisprudencia

Bosch, Barcelona, 1990, p. 29.

OGEL

IDE

, C. “Origen y actualidad de los derechos de la personalidad”, en

Estudios de derecho civil. Persona y

familia,

Reus, Madrid, 2008, pp. 19-21.

219

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

por su parte, se esgrimen frente a los particulares, frente a todas las personas

que están ubicadas en una situación jurídica de deber con respecto a cada titular

de aquéllos.

Esta noción clásica no se mantiene incólume, pues hoy se entiende que los

derechos fundamentales tienen también eF cacia horizontal, pudiendo quedar

obligados por ellos no únicamente el Estado, sino además los particulares.

obstante, los derechos fundamentales enuncian clásicamente una relación indi-

viduo-Estado y pertenecen al ámbito del derecho público, que pone su acento en

la fundamentación ética, F losóF ca y política de las prerrogativas reconocidas al

individuo, mientras que los derechos de la personalidad se mueven en el ámbito

de las relaciones interpersonales y se resguardan mediante mecanismos propios

del derecho civil, esto es, mediante la exigencia de responsabilidad jurídica civil

cuando tales derechos sufren una intromisión ilegítima o cualquier menoscabo,

ya sea una afectación con incidencia económica o puramente moral.

ELTRÁN

EREDIA

distingue los derechos del hombre, fundamentales cuando

integran el elenco constitucional, entendiendo que marcan relaciones de derecho

público que protegen derechos esenciales del individuo contra el arbitrio del

Estado, mientras que los derechos de la personalidad, aun teniendo ese mismo

carácter, son tomados desde el ángulo del derecho privado, como relaciones

entre particulares. Se trata de defender estos derechos no contra la acción de

la autoridad, sino contra los atentados de nuestros semejantes. Se trata, en de-

F nitiva, como apunta R

OGEL

IDE

de derechos que tienen similar objeto, pero

con orígenes históricos diversos, con emplazamientos diferenciados dentro del

derecho como sistema, que se mueven en ámbitos no exactamente coincidentes

y que se protegen desde perspectivas distintas. En sentido similar se pronuncia

APA

LVAREZ

al referirse al tratamiento de los derechos inherentes a la persona-

lidad en nuestro Código Civil, señalando que se han instituido para proteger los

mismos intereses en que se fundamentan las libertades públicas, pero en sede de

relaciones entre sujetos que actúan en plano de igualdad, no entre sus titulares

y las entidades públicas como el Estado, pues de éstas se ocupan otras ramas de

la legislación como la constitucional o la penal.

Vale destacar, no obstante, que no se trata de conceptos excluyentes ni

existe entre ellos una absoluta y tajante delimitación, cual si pertenecieran a

Vid.

OMINGO

ÉREZ

, T. “El problema de la ef

cacia horizontal de los derechos Fundamentales desde una perspectiva

histórica”, en

Revista de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

, vol. 1, No. 1, julio de 2006, pp. 291-301.

Vid.

ELTRÁN

EREDIA

y C

ASTAÑO

, P.

Construcción jurídica de los derechos inherentes a la personalidad

, Discurso de

recepción en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1976, p. 90.

Vid.

OGEL

IDE

, C. “Origen y actualidad…”,

op. cit.,

pp. 22-24.

APA

LVAREZ

, V

ICENTE

. “La relación jurídica. Categoría esencial en el nuevo Código Civil”, en

Revista Jurídica,

UNJC

, La

Habana, año

, No. 19, abril-junio de 1988, p. 136.

220

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

compartimentos estancos incomunicables. Se trata de derechos entre los cuales

debe f uir una constante interconexión, una recíproca inf uencia, por cuanto

ambos pretenden proteger los bienes supremos del hombre. Los derechos de la

personalidad constituyen materia indudablemente civil, a través de la cual se

les oFrece una deFensa adecuada a su Función y se les provee de medios sancio-

nadores si resultaran objeto de lesión por otras personas naturales o jurídicas,

ubicadas en un plano de igualdad. Empero, ello no implica que desmerezcan una

tutela constitucional, en tanto derechos esenciales para el desarrollo pleno de la

personalidad humana. Así, la remisión al texto constitucional no es errática

per

;

puede ser apropiada si allí se acotan tales derechos y si a través de él af oran

pautas para la hermenéutica general de otros preceptos de menor jerarquía, to-

mando en cuenta el sistema axiológico que lo inForma, conFormado no sólo por

los valores

o enunciados teleológicos que cada sociedad en un momento histó-

rico determinado tiende a proteger y preservar, sino además por la vinculación

armónica del conjunto de sus ± nes, principios, derechos y los bienes jurídicos

existentes dentro del orden constitucional.

En nuestros días, es comúnmente aceptada la importancia de los derechos

inherentes a la personalidad y su pertenencia al derecho civil, lo que no desdice

que también sean tratados desde otra óptica por el derecho público, que además

tiene el mérito de haber iniciado su protección y garantía al proclamar el respeto

a la persona, sus derechos y libertades. Son considerados derechos que producen

e± cacia general o

erga omnes

, pues generan en todos los demás un deber de

respeto a la persona y sus atributos. Advierten D

ÍEZ

-P

ICAZO

y G

ULLÓN

, siguiendo

a G

IAMPICCOLO

, que hoy los derechos de la personalidad se van tipi± cando en los

ordenamientos jurídicos, si bien ello no agota necesariamente todos los aspectos

que concurren en aquélla, debiendo alcanzar su protección a todas las legítimas

expectativas de respeto que el hombre puede esperar en relación con el tiempo

en que vive, con las razonables limitaciones que conlleva la convivencia humana

y con las restricciones que exige el interés colectivo.

Dentro de los derechos inherentes a la personalidad, ocupa un lugar especial

derecho a la vida

, indudablemente el bien básico de la persona, Fundamento y

asiento de todos los demás derechos. Su contenido se re± ere a la preservación

y disposición de la propia vida, así como el respeto a la vida de los demás seres

humanos. A

LBALADEJO

lo de± ne como:

Para un estudio más detallado de la teoría de los valores en el derecho constitucional cubano, que desborda los

objetivos de estos comentarios,

vid.

ILLABELLA

RMENGOL

, C. “La axiología de los derechos humanos en Cuba”, en

Temas

de derecho constitucional cubano

, Félix Varela, La Habana, 2002, pp. 291-300.

ÍEZ

-P

ICAZO

, L. y G

ULLÓN

, A.

Sistema de derecho civil

, 8a. ed., Tecnos, Madrid, 1994, vol.

, p. 338.

LBALADEJO

, M

ANUEL

Derecho civil

, t.

Introducción y derecho de la persona

, Bosch, Barcelona, 2002, p. 501.

221

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Derecho básico de la personalidad […] que corresponde a cada hombre respecto a la

suya. En virtud del mismo, éste se encuentra facultado para impedir (aunque

de facto

no siempre lo consiga) no sólo la producción de los hechos que, sin duda, le produ-

cirían la pérdida de aquélla, sino, también, la de los que le pondrían en determinado

peligro especialmente próximo de tal pérdida.

En cuanto al primer aspecto, contenido positivo del derecho, se entiende garan-

tizado con el derecho a la subsistencia y a la salud; opera como causa de justi-

F cación de los actos dirigidos a preservar o salvar la vida, que pueden constituir

legítima defensa o estado de necesidad, considerados eximentes de responsa-

bilidad tanto penal como civil. Se puede arriesgar o poner en peligro la propia

vida, sobre todo cuando la causa del riesgo se encuentra en F nes altruistas,

patrióticos o religiosos, pero si se hace como efecto de un contrato que obliga a

realizar prestaciones que llevan implícito ese riesgo, entran en juego los límites

de la autonomía de la voluntad para contratar a F n de decidir en cada caso si el

contrato debe considerarse o no válido.

El derecho a la vida se traduce también en un poder de disposición que la

persona ejerce sobre su propia existencia, aunque no sea de forma total, pues su

formulación en tales términos legitimaría el suicidio y el consentimiento presta-

do al homicidio cometido por otro, conductas que son rechazadas por la moral

y la ética, así como por la mayoría de las legislaciones modernas.

La libertad en

este sentido debe tener determinados límites, pues el hombre, como titular de la

vida, no es únicamente un ser biológico, su vida no posee un valor puramente

individual, sino también familiar y social, no sólo en el orden material sino tam-

bién afectivo, F losóF co y espiritual. Se admite, sin embargo, que el derecho se

ejercite para decidir rehusar tratamientos médicos o para ponerles F n, aunque

ello previsiblemente conduzca a la muerte, pero si tal situación involucra a otras

personas pueden considerarse conductas relacionadas con la eutanasia, práctica

generalmente rechazada por los ordenamientos jurídicos.

Nuestro Código Civil no se pronuncia en este sentido, pero las legislaciones extranjeras que se han ocupado de

estos supuestos consideran que son inexigibles las obligaciones derivadas de contratos que tengan por objeto la

realización de actos excepcionalmente peligrosos para la vida o la integridad física de la persona, de manera que,

aun siendo el contrato válido, no existe acción de cumplimiento por parte del acreedor.

Sin embargo, debe quedar claro que la posición del derecho frente a las conductas antes mencionadas no tiene en

ambos casos el mismo fundamento. No es el derecho de la persona a disponer de su vida, a decidir cuándo y cómo

poner F

n a su existencia, lo que conlleva a la erradicación del suicidio como tipo penal, sino lo absurdo que sería

aplicar una pena como castigo a una conducta infractora que produce como consecuencia la extinción del propio

sujeto y de su personalidad jurídica. Inducir o cooperar al suicidio de otro, por el contrario, aun admitiendo que sólo

la vida libremente deseada por su titular pueda merecer el caliF

cativo de bien jurídico protegido, es algo que sí debe

considerarse delito y como tal ser penado.

Holanda, Australia y algunos estados norteamericanos aceptan abiertamente la práctica médica de la eutanasia

sin que se penalice, mientras en ±rancia, España y otros Estados europeos se reconoce como delito contra la vida

222

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

Así, con el suicidio no se conf gura un delito,

pero el hecho de que no esté

penalizado tampoco quiere decir que constituya un derecho, pues un tercero

puede evitar que se cometa tal acción. Empero, sí constituye delito el auxiliar

o inducir a otro al suicidio,

pues con dicho actuar se contribuye eFectivamen-

te a quitarle la vida a otra persona.

Es en este aspecto donde se inserta la

eutanasia,

que puede constituir una Forma de auxilio al suicidio.

En cuanto al contenido negativo o de exclusión de este derecho, existe un

deber general de respeto a la vida de los demás. Cuando se arriesga indebida-

mente la vida de otro, ello puede generar obligación de indemnizar los daños y

perjuicios causados. Si ese riesgo es resultado de la actividad médica, ya sea por

intervenciones quirúrgicas, ensayos clínicos u otros procederes, debe partirse del

consentimiento inFormado, respetando los derechos de la persona y los postu-

lados éticos que aFecten la actuación biomédica. En el caso específ co del tras-

plante de órganos

inter vivos,

una persona sana es la que se somete a la cirugía,

poniendo en riesgo su propia vida. Puede suceder, incluso, que la intervención

quirúrgica resulte exitosa, pero con el transcurso del tiempo la persona que dio

su órgano, por ejemplo un riñón, suFra serios problemas de salud. Esta acción,

sin embargo, se justif ca precisamente por el carácter altruista que tiene. No

obstante, la inFormación que brinde el médico tiene que ser más ref nada y clara.

Sólo si la persona que está dispuesta a dar sus órganos entiende perFectamen-

humana independiente, con una pena muy reducida. En América Latina, Uruguay, Venezuela y Colombia son los

países que con mayor celeridad han incorporado a sus legislaciones preceptos que pueden identif

carse en alguna

medida con la eutanasia. En Cuba no están legalizadas las conductas eutanásicas.

“Las razones para discriminar al suicidio como constitutivo de delito son:

) al morir queda sin sujeto la pena, y las

medidas que se tomaban sobre el cadáver (horca, mutilación, sepultura vergonzosa, etcétera) acusan un primitivismo

hoy inaceptable;

) es imposible, además, la comisión de un delito contra sí mismo;

) como acción preventiva

no tiene éxito, pues de penarse la tentativa de suicidio, el suicida perFeccionaría los medios para no quedar con

vida, ya que de lo contrario podrá tener que soportar, además de decepción vital, una grave sanción;

) la pena

sobre el patrimonio relicto, los testamentos, etcétera, harían pagar a justos por pecadores, ya que nada tienen que

ver los parientes con la acción suicida, y

) diFícilmente puede asegurarse que el suicida estaba en su sano juicio,

sospechándose con la muerte provocada un desequilibrio posible”. C

I±UENTES

, S

ANTOS

Elementos de derecho civil. Parte

general

, Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 62.

Código Penal cubano, artículo 266: “El que preste auxilio o induzca a otro al suicidio, incurre en sanción de

privación de libertad de dos a cinco años”.

LBALADEJO

, M

ANUEL

op. cit.,

p. 501.

La eutanasia puede ser clasif

cada de distintas Formas. Según el

Glosario de bioética

, “el uso contemporáneo

del término suele ser ambiguo, y los calif

cativos se utilizan para hacer más claro el sentido que se pretende. Así,

eutanasia ‘activa’ se ref

ere al asesinato directo de un paciente y, como es típico, dif

ere de la eutanasia ‘pasiva’, que

supone la renuncia a tecnologías médicas con el f

n de permitir que el proceso subyacente siga su curso natural. La

eutanasia ‘voluntaria’ (ya sea activa o pasiva) signif

ca que la acción se emprende por orden del paciente, y debería

ser diFerenciada de la eutanasia ‘no voluntaria’, en la que el paciente no ha hecho tal exigencia o es incapaz de

hacerla, y la eutanasia ‘involuntaria’, en la cual la acción se realiza en contra de los deseos del paciente. Eutanasia

‘exterior’ es la terminación directa de la vida, eutanasia ‘interior’ es la preparación espiritual para la muerte”. T

ORRES

COSTA

, R

A±AEL

Glosario de bioética,

±élix Varela, La Habana, 2001.

223

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

te las consecuencias de su actuar, podrá emitir un consentimiento informado

verdadero. Es por ello, también, que los psicólogos forman parte del proceso de

información, para veriF car que realmente estas personas estén conscientes de las

implicaciones del acto que van a realizar.

Si efectivamente se priva de la vida a otra persona se conF guran los delitos

de homicidio o asesinato, tipiF cados y sancionados con severidad en los códigos

penales, amén de la responsabilidad civil que tales delitos pueden acarrear. La

sanción penal, empero, resulta insuF ciente como garantía para la protección

de los derechos inherentes a la personalidad, pues normalmente se encamina a

castigar al vulnerador por la peligrosidad social de su conducta, sin que cuente

con los medios necesarios para evitar la intromisión o lesión en concreto ni para

asegurar la recuperación y el disfrute de los derechos por parte del afectado; de

ahí la importancia de la protección civil como proveedora del resarcimiento o

indemnización que correspondan en cada caso. Al decir de H

UALDE

ÁNCHEZ

insuF ciencia de la protección a esos derechos desde el ámbito público, que sólo

se daba, por un lado, frente a los ataques más graves, los delitos penales, y, por

otro, únicamente frente a la actuación del Estado, es lo que ha provocado que

la protección de la persona haya sido desarrollada desde la perspectiva y con la

técnica del derecho civil, amparando a aquélla frente a las agresiones de sus

iguales y regulando remedios al mismo nivel por el cauce de los derechos de la

personalidad.

) ¿Cuándo debe reconocerse la personalidad y los derechos

inherentes a ella?

No existen enconadas discusiones en la actualidad en torno al reconocimiento

de la personalidad y los derechos inherentes a ella, pero sí es ardua la polémica

acerca del momento a partir del cuál debe materializarse en las normas jurídicas

ese reconocimiento. Se ha pretendido dar respuesta a esta inquietud desde dife-

rentes posiciones doctrinales, que han dado lugar a variadas teorías,

desde el

El riesgo se disminuye, también, en la medida que se imponen límites a los tipos de órganos, tejidos y células que

pueden ser dados y por la determinación de las condiciones clínicas en las que se puede proceder a la ablación de

éstos. Los órganos únicos y que no pueden regenerarse bajo ningún concepto pueden ser objeto de ablación. En ese

caso, más que poner en riesgo la vida se estaría cometiendo un homicidio, ya que la persona sin ese órgano no puede

seguir con vida, siendo el ejemplo más signif

cativo el del corazón.

Vid.

UALDE

ÁNCHEZ

, J. J. “Los derechos de la personalidad”, en P

UIG

ERRIOL

, L.

et al.

Manual de derecho civil,

Marcial

Pons, Madrid, 1997, t.

, p. 332.

Vid

. C

LEMENTE

ÍAZ

, T.

Derecho civil. Parte general

ENPES

., La Habana, 1983, t.

, Primera Parte, pp. 202-207.

Destacan la teoría de la concepción, la teoría del nacimiento, la teoría de la viabilidad, y la teoría ecléctica, que mezcla

224

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

derecho romano hasta nuestros días. No ha sido pacíf ca la cuestión en ningún

tiempo, arreciada la conFrontación en la actualidad, producto de la irrupción y

despliegue de técnicas de reproducción humana asistida y otros adelantos cien-

tíf cos que permiten estudiar, experimentar y realizar múltiples procederes en el

producto de la concepción, ya sea éste resultado del natural acoplamiento de

hombre y mujer, o se haya obtenido con intervención médica en la procreación,

dentro o Fuera del útero Femenino.

El artículo 24 del Código Civil cubano establece el reconocimiento de la

personalidad a toda persona, destacando que comienza con el nacimiento y se

extingue con la muerte; luego, el artículo 25 establece que el concebido se tie-

ne por nacido para todos los eFectos que le resulten Favorables, a condición de

que nazca vivo, lo que evidencia que hay una mixtura en la regulación jurídica

reFerente al reconocimiento de la personalidad. El nacimiento es condición im-

prescindible para que surja la personalidad; es el momento que marca su inicio,

según dispone el artículo 24. Pero el concebido se protege jurídicamente al hacer

que queden en situación de pendencia los derechos o relaciones que le resulten

Favorables, hasta en tanto llegue o no a ser persona y a tener personalidad.

A mi juicio, si se reconoce personalidad al individuo, automáticamente esta-

mos dando por sentada la existencia de los derechos que le son inherentes. Ellos

constituyen, en def nitiva, la expresión en el orden civil del reconocimiento de

la dignidad humana. Siguiendo tal orientación de pensamiento, af rma L

ARENZ

“El personalismo ético atribuye al hombre, precisamente porque es persona en

sentido ético, un valor en sí mismo —no simplemente como medio para los f nes

de otro—, y en este sentido, una dignidad”.

A través del genérico reconocimien-

to de la personalidad que hace nuestra principal ley civil, pueden entenderse

acogidos

ex lege

tales derechos a partir del nacimiento con vida de la persona.

elementos de las anteriores. Esta última es la teoría más acogida por las legislaciones modernas, especialmente a

partir de la codif

cación decimonónica.

Vale precisar que, en el caso de la persona natural o Física, el nacimiento con vida determina el surgimiento de la

personalidad; no es necesaria la inscripción en registro alguno para que se reconozca su comienzo. Normalmente,

el nacimiento de la persona se inscribe en la sección correspondiente del Registro del Estado Civil, pero se trata en

todo caso de una inscripción con eFectos declarativos, no constitutivos, pues la persona existe, dotada de su atributo

o cualidad esencial en el orden jurídico, esto es, la personalidad, desde la separación natural o artif

cial del claustro

materno. Las copias de la inscripción expedidas por el registrador harán prueba de su existencia y acreditarán,

convenientemente, su estado civil en cada una de las modalidades establecidas por la doctrina: individual o personal,

Familiar y político o de ciudadanía, pero en ningún caso tal estado civil incidirá en su condición de persona con

personalidad.

Cit. pos

HERSI

, C. A.

Derecho civil. Parte general

Buenos Aires, Astrea, 1999, p. 115. Sin embargo, aunque los

derechos de la personalidad dimanan de aquélla y están intrínsecamente conectados con su existencia, conviene

regularlos separadamente para una cabal comprensión de su contenido y una mejor garantía de su adecuada

protección.

El Código Civil cubano omite a las relaciones personales puras en el enunciado de su objeto que hace en el

225

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Ésta puede ser una vía de reconocimiento indirecto para aquellos casos, como

el de nuestro Código y muchos otros decimonónicos, que no hacen referencia

expresa a ellos, toda vez que reconocer la personalidad implica automáticamente

reconocer los derechos inherentes a ella, de los que no puede desligarse. Los

principios generales del derecho pueden servir también de pivote para la exigen-

cia de respeto y el cese de toda perturbación, en su condición de informadores

de la vida jurídica de la comunidad.

De lo dicho se deduce que, de acuerdo con la preceptiva del Código Civil

cubano, si la personalidad se reconoce a partir del nacimiento con vida, también

a partir de ese momento es que emergen a la palestra jurídica los derechos inhe-

rentes a ella, aunque se proteja la F gura del concebido en cuanto a los efectos

que le resulten favorables.

) ¿Cuándo debe comenzar la protección jurídica a la vida humana?

La vida humana es valiosa

per se

, desde sus orígenes y hasta su conclusión, sin

aditamentos o requisitos necesarios para que constituya el más preciado bien

jurídico. La dignidad humana, como término ontológico, es el fundamento esen-

cial y legitimador de la protección que el derecho dispensa a todas las personas,

incluso durante la etapa anterior al nacimiento.

La protección al concebido no nacido tiene orígenes romanos, pero con un

basamento más patrimonial que personal, pues se estableció para evitar las

rigurosas consecuencias que podía acarrear en el orden sucesorio considerar es-

trictamente el momento del nacimiento como el que marca el surgimiento de la

aptitud para adquirir derechos y deberes,

lo cual no signiF caba que al nacedero

primer precepto y en el artículo 38, único referido a esta cuestión; tampoco enumera los derechos inherentes a

la personalidad que protege, contentándose con una remisión a los “consagrados en la Constitución”. Su posible

regulación, en catálogo más o menos amplio, estuvo presente en varios anteproyectos (versiones de 1979 y de

1985) sin que deF

nitivamente quedaran incluidos, desconociéndose la

ratio legislatoris

de su exclusión F

nal, en un

momento por demás caracterizado por su resurgir en la civilística internacional, estando incluso regulados en varios

códigos civiles del entonces campo socialista, como el ruso y el checoslovaco.

Vid.

ÍEZ

-P

ICAZO

, L. y G

ULLÓN

, A.

op. cit.,

p. 338

Apuntan estos reconocidos autores la eF

cacia de tal recurso

seguido por el Tribunal Supremo español en la famosa sentencia del 6 de diciembre de 1912, que tuvo enorme

in±

uencia en otras posteriores sobre igual tema, permitiendo acordar la protección del honor con base en tales

principios, señalando además que, del mismo modo, en Alemania ²ederal el Tribunal Supremo fue completando

la insuF

ciencia del Código Civil en esta temática mediante un desenvolvimiento progresivo de los artículos 1 y

2 de la Ley ²undamental, que declaran, respectivamente, intangible la dignidad del hombre y el derecho al libre

desenvolvimiento de la personalidad.

Pensemos, por ejemplo, en los derechos del hijo póstumo en la herencia paterna. Si aquél estaba concebido

cuando muere el progenitor, no podría heredarle al nacer posteriormente, porque uno de los requisitos de la sucesión

mortis causa

es la supervivencia del heredero al causante. Es precisamente este supuesto del hijo póstumo el que ha

226

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

se le considerara persona, y mucho menos que estuviera dotado de personalidad.

De manera clara y terminante destacó P

APINIANO

que “el parto que aún no ha

sido dado a luz, no se dice con razón que sea un hombre”, y hasta tanto no se

produzca el alumbramiento “él es parte de la mujer y de sus entrañas”.

No obs-

tante, la f cción de tener al concebido por nacido también alcanzaba aspectos

personales, pues se estableció una serie de normas tendente a garantizar que el

nacimiento se produjera en su oportunidad.

La máxima romana de considerar al concebido como nacido para los eFectos

que le resultaran Favorables se recepcionó por el derecho canónico y pasó tam-

bién a las legislaciones posteriores, alcanzando a la codif cación decimonónica.

En el

Code

Napoleón

de 1804 está presente tal regla y pasa de igual Forma a

todos los códigos europeos y americanos que reciben su in± uencia, incluyendo el

Código Civil español, vigente en Cuba durante casi un siglo. Los códigos civiles

de segunda generación también repiten la Fórmula, manteniendo de modo casi

unánime la protección al concebido.

Es innegable la actualidad de la regla, el

nasciturus

debe continuar siendo protegido por el derecho, toda vez que será,

ocurrido el nacimiento con vida, el sujeto por excelencia de las normas jurídi-

cas que organizan la convivencia social. Empero, la equiparación que establece

nuestro Código Civil entre el concebido y el nacido no es total, es solamente

parcial en cuanto a los eFectos que le sean Favorables, y además sometida a

una

conditio iuris,

pues sólo tendrá lugar si nace vivo, según dispone el propio

artículo 25,

in f ne

dado lugar a la formulación de la regla general de protección al concebido y no nacido.

Vid.

ÍEZ

-P

ICAZO

, L. y G

ULLÓN

A.,

op. cit.,

p. 227.

Cit. pos.

IHIGO

ÓPEZ

RIGO

, E.

Derecho romano

ENPES

, La Habana, 1987, t.

, Segunda Parte, p. 7.

Así, se prohibía el aborto, considerado delito tanto si se producía por la propia mujer en gestación como si era

causado por otra persona; si la mujer en gestación avanzada fallecía, se ordenaba la práctica de la cesárea para

extraer con vida al hijo del claustro materno; se posponía la ejecución de la mujer grávida hasta después del

alumbramiento para proteger la vida del nuevo ser.

Vid

. D

IHIGO

ÓPEZ

RIGO

, E.

op. cit.

, pp. 8-10.

Así, el vigente Código italiano repite la regla de su predecesor de 1916, aunque reF

riéndose no a la personalidad

sino a la capacidad jurídica, señalando en su artículo 1 que

“La capacità giuridica si acquista dal momento della

nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinate all’evento della nascita”

El Código

Civil portugués de 1966, por su parte, dispone en su artículo 66:

“1. A personalidade adquire-se no momento do

nascimento completo e com vida. 2. Os directos que a lei reconhece aos nascituros dependem do seu nascimento”

El Código Civil brasileño de 2002, en su artículo 2, establece:

“A personalidade civil da pessoa começa do nascimento

com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”

Vid.

ORAES

ELLO

, C. y A

RAÚJO

STEVES

RAGA

, T.

et al.

O novo Código Civil comentado. Doctrina. Jurisprudencia. Direito Comparado

±reitas Bastos, Río de

Janeiro, 2003, pp. 5-7. En todos los anteproyectos del actual Código Civil cubano estuvo presente la protección al

concebido, quedando recogido F

nalmente como aparece estipulado en el artículo 25.

Además, alcanza sólo a los ya concebidos, no a los

nondum conceptos

concepturus,

que escapan a la protección

dispensada por el precepto, aunque la doctrina admite que se les puedan reservar derechos por vías más o menos

indirectas, como la donación con cláusula de reversión a favor de un tercero o el nombramiento de heredero

utilizando la técnica de la sustitución F

deicomisaria, retrasando el momento de la atribución hasta el momento en

que el no concebido haya nacido.

Vid.

UALDE

ÁNCHEZ

, J.

op. cit.,

p. 123.

227

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Ante el resurgimiento de la connotación que el derecho civil ofrece a los as-

pectos personales de su contenido, la máxima protectora del concebido adquiere

singular signiF cación y debe extenderse no sólo a los efectos que inciden en el

ámbito económico, sino también a aquellos otros, previstos ya por el derecho

romano, que tienden a la protección de la vida y demás atributos de la persona

humana. Debe considerarse como efecto favorable al concebido todo aquello

que resulte beneF cioso para él, no sólo en el orden patrimonial, como las adqui-

siciones basadas en títulos no onerosos, sino también en la esfera no patrimo-

nial, en cuanto al respeto a su integridad y a sus atributos como futura persona.

Amén de otros efectos favorables al concebido en la esfera no patrimonial, un

aspecto particularmente polémico es el relativo al derecho a la vida. Las posicio-

nes doctrinales y las soluciones legislativas son diversas, si bien es apreciable la

tendencia a favorecer la vida humana, sobre todo a instancias de concepciones

éticas y religiosas, que han encontrado cabida en algunos códigos civiles, como

el argentino, que postula en su artículo 70 el comienzo de la existencia de la

persona natural desde la concepción, aun cuando la propia ley señala que esa

existencia está condicionada al hecho cierto del nacimiento con vida, pues si el

concebido muriese antes de estar completamente separado del claustro materno

se considerará como si nunca hubiese existido, a tenor de lo dispuesto por el

artículo 74.

Señala C

ASTIELLA

ODRÍGUEZ

que “si no se entiende —por ejemplo— incluido el

derecho a la vida, que es condición indispensable para la titularidad o ejercicio

de cualquier otro, no tiene sentido la inclusión de ningún otro efecto”.

No obs-

tante, cuando se habla del

nasciturus

, o concebido no nacido, se hace alusión

al ente humano, entendido como el producto de la concepción en el periodo

comprendido desde la fecundación hasta el instante anterior a su separación

deF nitiva del útero materno, incluyendo tanto la fase inicial embrionaria como

el estadio fetal que prosigue, hasta llegar al alumbramiento. El concepto jurí-

dico de persona, por su parte, se presenta vinculado al hecho del nacimiento,

porque su existencia presupone el establecimiento de vínculos determinados que

exceden su ámbito único o individual para conectarse con las demás personas

que integran la organización social. Por ello, antes del nacimiento no es posible

hablar de persona en sentido jurídico, pues el concebido no se vincula con el

exterior

per se,

sino exclusivamente a través de la madre.

Así, el embrión de-

Vid.

IFUENTES

, S. y L

EYVA

ERNÁNDEZ

, L.

Código Civil comentado y anotado

, La Ley, Buenos Aires, 2006, artículos 70 a

78, pp. 33 y 34.

ASTIELLA

ODRÍGUEZ

, J

OSÉ

J. “La persona, el estado civil y el registro civil. Primera parte. La persona en general”, en

ELGADO

IGUEL

, J

UAN

et al.

(coords.).

Instituciones de derecho privado

Civitas, Madrid, 2003, t.

, vol. 2, p. 38.

Vid.

LANIOL

, M

ARCEL

Tratado elemental de derecho civil

, Cajica, México, 1946, vol.

III

, p. 195.

228

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

pende biológicamente de la mujer que lo porta en su útero o del mantenimiento

de condiciones especiales necesarias en caso del embrión

in vitro.

No es persona

y por tanto no está dotado de personalidad jurídica, pero tampoco puede con-

siderarse una simple cosa o bien, pues, sin duda, el embrión humano merece

particular consideración y su estatus en el derecho tiene naturaleza especial.

En esa línea de pensamiento, B

ONILLA

ÁNCHEZ

af rma: “El

nasciturus

, al ca-

recer de los requisitos del artículo 30 del Código Civil [español], no es titular de

los derechos Fundamentales, aunque su vida y su seguridad sean bienes jurídicos

protegidos constitucionalmente, por lo que se rechaza la posibilidad del aborto

libre y sólo se despenalizan determinados supuestos de interrupción voluntaria

del embarazo”. Añade que, respecto al

nasciturus

, la vida humana se entiende

como un proceso biológico previo al nacimiento, es sólo un bien constitucional-

mente protegido, pero su portador, sea embrión o Feto, no es titular de derechos

Fundamentales.

ASTIELLA

ODRÍGUEZ

, por su parte, sostiene que la cualidad de lo personal no

es resultado de un desarrollo, sino estructura característica de un desarrollo que

mantiene una unidad a través del tiempo. Por ello considera válida, útil e ilus-

trativa una nueva categoría que se suma a las clásicas en materia de persona, en

sede civil: la

personeidad

. La personalidad, al decir de Z

UBIRI

alude a la f gura

que resulta de la realidad humana en sí misma durante su ciclo de vida, consti-

tuyendo no un punto de partida sino un término progresivo del desarrollo vital

que experimenta el ser humano; la

personeidad

, en tanto, implica el carácter

estructural de la persona como punto de partida de su desarrollo, precedente a

la existencia misma de la personalidad.

2. Los derechos sexuales y reproductivos

Los derechos sexuales y reproductivos son considerados actualmente por al-

gunos como derechos humanos,

que incluyen el derecho de toda persona a

vivir y tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproduc-

tiva, decidiendo libre y responsablemente sobre estas cuestiones, sin coerción,

discriminación y violencia. Tienen por base los principios éticos de autonomía,

igualdad y diversidad, así como la integridad corporal. Su reconocimiento como

ONILLA

ÁNCHEZ

, J

UAN

OSÉ

Personas y derechos de la personalidad

Reus, Madrid, 2010, p. 234.

UBIRI

, X.

cit. pos.

ASTIELLA

ODRÍGUEZ

, J

OSÉ

op. cit

., pp. 19 y 20.

Su incorporación al elenco de derechos humanos es relativamente reciente y no totalmente expresa en cuanto a

tal denominación; se remonta a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos celebrada en Viena en

1993, la Conferencia sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y la Conferencia Internacional sobre

la Mujer, realizada en Beijing en 1995.

229

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

derechos inseparables de la condición de persona no ha implicado su inmediata

incorporación a los derechos fundamentales consagrados en las Constituciones,

ni tampoco al elenco de los derechos inherentes a la personalidad usualmente

enumerados en las normas civiles, pero así debe ocurrir, en tanto son derechos

inalienables vinculados esencialmente al ser humano, constituyendo una legíti-

ma expectativa de respeto a su dignidad.

Estos derechos se vinculan e interrelacionan, aunque no se identiF can ple-

namente, si bien hoy en día tanto sexualidad como reproducción se encuentran

comprendidas en una concepción integral de la salud. De una parte, es indiscu-

tible que la esfera sexual constituye un factor determinante en el desarrollo de

la personalidad, y como tal es parte de la dignidad inherente a todo individuo;

no es una dimensión secundaria de la vida humana sino que pertenece íntima-

mente a su constitución, y toda persona tiene derecho a vivirla plenamente con

entera libertad, con el normal acotamiento que establecen las leyes con base en

la moral social imperante y con el valladar individual que establece la moral de

cada quien. Los derechos sexuales atribuyen una situación jurídica de poder a la

persona para que pueda vivir y tener control sobre su sexualidad, incluyendo

la posibilidad de pedir y obtener información sobre estos temas, así como sobre

los cuidados preventivos y curativos necesarios para mantener la salud en esta

esfera.

Por otra parte, en estrecha comunión con lo anterior, las personas tienen

derecho a decidir en sentido positivo o negativo sobre su reproducción, es decir,

pueden tomar partido respecto a ellas mismas sobre la aplicación de medidas de

anticoncepción o contracepción, tratamientos seguros para fertilidad, infertili-

dad, información actualizada sobre medicamentos, tecnologías y tratamientos

médicos, en función de la procreación. La titularidad de este derecho no distin-

gue, o no debe distinguir, entre sexos, géneros, razas o aptitudes de cualquier

naturaleza, no vale discriminación de ningún tipo, debe reconocerse a todos por

igual. Sin embargo, el derecho a la procreación no es ilimitado, como no lo es

ningún derecho subjetivo; su límite esencial está en el derecho de los demás,

especialmente en los potenciales derechos del niño a procrear.

La procreación natural es un acto de dos, resultado de las relaciones he-

terosexuales entre personas aptas biológicamente para reproducirse. Pero la

madurez biológica no siempre está acompañada de la correspondiente aptitud

psíquica. El ejercicio del personalísimo derecho a procrear, para que constituya

expresión de dignidad humana, debe combinarse con la paternidad y la mater-

Vid.

INYERSKY

, N

ELLY

. “Derechos sexuales y reproductivos: el aborto legal y seguro”, en K

EMELMAJER

ARLUCCI

, A

ÍDA

ÉREZ

ALLARDO

, L

EONARDO

B. (coords.).

Nuevos perf

les del derecho de Familia

Libro homenaje a la proFesora Dra. Olga

Mesa Castillo

, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2006, pp. 139 y ss.

230

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

nidad responsables. Cuidar y estimular el crecimiento de los hijos en todas las

dimensiones debe constituir el centro de atención de los padres, atentos a sus

múltiples necesidades en todos los órdenes; no basta contemplar cómo crecen

y se desarrollan, cómo amplían sus horizontes por ellos mismos, hay que trazar

el camino y ayudarlos a andar por él, lo que constituye no sólo un desafío que

proporciona grandes alegrías, también una pesada carga no pocas veces.

Las personas dotadas biológicamente para procrear, que mantienen una prác-

tica heterosexual en ejercicio de los derechos antes mencionados, sin el uso de

medios de control de la natalidad, tendrían una alta probabilidad de engendrar

hijos. Pero tener hijos, como ya se apuntó, no debe verse sólo como un derecho,

sino más como un deber hacia ellos; no se ostenta sobre los hijos un poder o un

señorío inmediato y absoluto, no existe un derecho subjetivo al hijo, el hijo es

un F n en sí mismo. Por tanto, los derechos sexuales y reproductivos deben ejerci-

tarse con plena responsabilidad, porque en su ejercicio hay un límite natural, que

es el propio resultado de su práctica: la procreación de nuevos seres humanos.

) ¿Existe un derecho a decidir libremente la maternidad?

La gestación humana ocurre en el interior del cuerpo de la mujer; esta aF rma-

ción es cierta incluso cuando se acude a las técnicas de reproducción asistida,

pues aun cuando se realice la fecundación del óvulo

in vitro,

el embrión debe

ser transferido al útero femenino para que anide y continúe su desarrollo hasta

el momento del nacimiento. ±rente a esa innegable realidad biológica, es común

que se escuchen expresiones que enaltecen a la mujer como hacedora de vida,

como artíF ce principal en la creación y perpetuación de la especie humana.

Surgen voces, además, que propugnan un derecho relativo únicamente a las

mujeres, que es el derecho a la autodeterminación en materia de maternidad y,

consecuentemente, del aborto.

En mi opinión, decidir la maternidad integra los derechos sexuales y repro-

ductivos que deben reconocerse a la mujer, tanto en sentido positivo como

negativo. En relación con la reproducción natural, las féminas deben tener la

facultad de decidir respecto al embarazo o la anticoncepción; el método que

utilizarán; el número de hijos que tendrán y el intervalo entre ellos; la facultad

de elegir F gura paterna, y la facultad de exigir y recibir atención médica durante

el embarazo y el parto. No obstante, debe tenerse en cuenta que la maternidad

Vid.

ERRAJOLI

, L

UIGI

Derechos y garantías (La ley del más débil)

, Trotta, Madrid, 1999.

Cit. pos

. M

INYERSKY

, N

ELLY

op.

cit.

, p. 139.

231

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

tiene como contrapartida la paternidad, pues la mujer no concibe un hijo sola:

la concepción es resultado de la fusión del material genético femenino y mas-

culino, por lo que debe ser algo deseado también por el hombre, que a su vez

tiene derecho a elegir la F gura materna que quiere para sus descendientes; por

tanto, ambos miembros de la pareja deben participar en igualdad de condiciones

en la planiF cación familiar. Valorar la maternidad como un derecho autónomo,

separado de la paternidad, un derecho exclusivo de la mujer, podría conducir a la

discriminación inversa, concediendo un poder excesivo de

vitae et necis,

al viejo

estilo de la Roma patriarcal, reconocido ahora en cabeza de la madre. Pienso

que del mismo modo que resulta inaceptable que se imponga la maternidad a la

mujer, ya sea mediante coacción, amenaza, engaño o violencia, debe ser inad-

misible la imposición de la paternidad, en virtud de los mencionados principios

de igualdad y libertad o autonomía.

No obstante, es natural discernir, en el sentido literal de la expresión,

que

la mujer compromete mucho más que el hombre en el proceso de generar vida,

tiene un

prius

más allá de cualquier derecho, que es re± ejo de una potencia na-

tural inherente a la diferencia femenina. El rechazo de la mujer a la maternidad

compromete la vida del hijo, especialmente durante la etapa prenatal, que se

desarrolla en su propio cuerpo. La integridad corporal femenina se afecta con el

embarazo y el parto.

Si la mujer está casada o sostiene una unión consensual estable y singular,

es común que la decisión de convertirse en madre provenga de un acuerdo con

el esposo o compañero; muchas veces se desea el hijo, se planiF ca en armonía y

se espera con ilusión y responsabilidad; a veces no se ha pensado en su llegada

y sorprende, es resultado de la imprevisión o el descuido, pero igual se asume

con amor y se tiene la madurez suF ciente para enfrentar el rol de padres. Otras

veces, lamentablemente, a pesar de ser el resultado de un apareamiento sexual

consentido entre dos, no se llega al acuerdo: uno de los miembros de la pareja

rechaza la idea de ser padre o madre y quiere que se interrumpa el embarazo.

Si el hombre decide no asumir su rol de padre, abandona a la grávida y con

ello al futuro hijo, pero esa decisión no compromete directamente la vida del

concebido; si es la mujer quien toma la decisión de no continuar la gestación,

tomando como base su libertad y su derecho a la integridad corporal, tal decisión

conduce al aborto, de lo que se inF ere que su papel en este sentido es mucho

más trascendente.

El vocablo “discernir” tiene su origen en el pref

jo “dis” y el verbo latino “

cerniré

”, un verbo de raíz agrícola que

originalmente describía la acción de tamizar el grano para apartarlo de la paja, y con el tiempo adquirió el sentido

de “divisar”, de “distinguir con inteligencia”, y “maniFestarse” algo.

Vid.

ABINOVICH

-B

ERKMAN

, R

ICARDO

Derecho civil. Parte

general

Astrea, Buenos Aires, 2000, pp. 569 y 570.

232

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

Si se trata de mujeres solas, amén del rechazo que pudieran sufrir en algunas

sociedades, considero que están en su derecho de decidir respecto a la mater-

nidad, en sentido positivo o negativo, siempre con responsabilidad y tomando

en cuenta el interés superior del niño. La decisión de la mujer de enfrentar sola

la maternidad es una de las vías que conduce a la constitución de las llamadas

familias monoparentales,

reconocidas hoy por el derecho en casi todas las

latitudes como familias con iguales derechos a las clásicas biparentales.

maternidad en solitario, cuando provenía de una decisión autónoma de la mujer,

sufrió el rechazo social y, consecuentemente, del derecho durante largo tiempo;

los hijos habidos fuera de matrimonio eran considerados ilegítimos y tenían una

posición inferior.

La ampliación de la base social de procedencia de las mujeres que afron-

tan solas su maternidad, cada vez más formadas e independientes en el orden

económico y personal, ha eliminado el antiguo estigma de la marginalidad que

signaba a esas familias monoparentales. Así, la presencia amplia y activa de la

mujer en el mercado de trabajo y su independencia económica han favorecido

la toma de decisiones en cuanto a su vida personal y familiar. De igual modo,

hoy el principio de igualdad consagrado en casi todas las Constituciones exige

el reconocimiento de la igualdad de los hijos, con independencia de su F liación

matrimonial o no, superando cualquier discriminación en este orden.

En el caso de mujeres que padecen alguna discapacidad, el entorno familiar

sigue oponiendo una fuerte resistencia para reconocer su papel de esposas y ma-

dres, aunque paradójicamente muchas mujeres con discapacidad, representadas

en el imaginario social como personas débiles y dependientes, se convierten en

cuidadoras de madres y padres ancianos, de sobrinos y otros familiares. Por otra

parte, el personal médico desaconseja de forma sistemática los embarazos por

considerarlos “de alto riesgo”, ocultando su desconocimiento profesional para

tratar a una mujer con discapacidad en esa situación, temor que se maniF esta

también en el momento del parto con la práctica generalizada de cesáreas, en

la mayoría de los casos innecesarias.

La posibilidad de formar una familia no

se plantea como algo libremente elegido, ya que se da por supuesto que las

Def

nidas como aquellas que están Formadas por el padre o la madre con sus hijos, con independencia de que

éstos sean adoptados, Fruto de una relación matrimonial anterior o hayan sido concebidos Fuera del matrimonio. Su

rasgo básico es que la responsabilidad del hogar recae sobre una sola persona, la mayoría de las veces una mujer.

Vid.

ELA

ÁNCHEZ

, A

NTONIO

Las familias monoparentales

Comares, Granada, 2005, p. 9.

±amilia conFormada por un núcleo que tiene su base en el matrimonio, a partir del cual se cumple la Función

reproductora y se comparten las responsabilidades del hogar. La def

nición se extiende hoy a las Familias que tienen

como base una pareja estable y singular, aunque no esté casada.

Ibidem

, p. 5.

Vid

ManiF

esto de las mujeres con discapacidad. “Por nosotras y nuestras familias”

, disponible en: http://www.

imagina.org/archivos/MANI±IESTO%20Mujeres_2004.doc [consultado: 2 de marzo de 2005].

233

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

mujeres con discapacidad no pueden tener pareja y formar una familia, en cual-

quiera de sus modalidades posibles, pues no cumplen con el estereotipo ideal

de mujer que impera en la actualidad. Igual línea de pensamiento y acción se

reitera cuando estas mujeres pretenden participar en programas de fertilidad o

deciden adoptar.

En relación con las técnicas de reproducción humana asistida, se ha enten-

dido mayoritariamente que su ámbito de aplicación debe reducirse a parejas

heterosexuales unidas en matrimonio o unidas de forma estable y singular con

imposibilidad de procrear de forma natural, y sólo en casos excepcionales debe

extenderse a mujeres solas.

Se requiere el consentimiento informado

de am-

bos miembros de la pareja para la aplicación de estas técnicas, que resulta tras-

cendente porque incide en la determinación de la maternidad y la paternidad.

Especial connotación tiene la aceptación expresa del hombre en cuanto a la

utilización de las técnicas de reproducción asistida, pues la F liación paterna se

determinará de acuerdo con ella, exista o no vínculo biológico entre el padre y

el nacido (recordemos que la inseminación puede realizarse con semen de do-

nante y que la fertilización

in vitro

también puede producirse de esa forma). En

consonancia con lo anterior, se trata de dilucidar si sería prudente y legalmente

aceptable la utilización de técnicas de reproducción asistida luego de la muerte

de alguno de los miembros de la pareja que ya había iniciado tratamiento, o

incluso antes de comenzado el mismo si el miembro supérstite lo solicita. Como

regla, se entiende que no debe admitirse la fecundación

post mortem

tomando

Empero, debe señalarse que en caso de discapacitados que padecen def

ciencias mentales o intelectuales severas o

proFundas, tomando como base la responsabilidad que deben asumir los padres y el interés superior del niño, resulta

aconsejable la esterilización, propiciando con ello que puedan vivir con mayor plenitud y libertad su sexualidad.

Vid.

ANDESTOY

ÉNDEZ

, P

EDRO

La esterilización de las personas con discapacidad intelectual

, Trabajo de Diploma, ±acultad

de Derecho, Universidad de La Habana.

Sin embargo, en Estados Unidos se ha desarrollado una Fundamentación del derecho a procrear que parte de

reconocer que éste es un derecho que corresponde a todas las parejas o personas, estériles o no, que les permite

procrear de manera natural según su voluntad o acceder a cualquiera de las técnicas de Fecundación artif

cial. Con

ello se ha dado lugar a una corriente de pensamiento que def

ende la existencia de una nueva f

liación, basada en

la llamada voluntad procreacional, desvinculada del Factor biológico y de la unión sexual, tomando como base para

determinar la maternidad o la paternidad el aFecto y el deseo responsable de tener descendencia.

El consentimiento requerido tiene dos ámbitos: uno, para que el personal capacitado actúe sobre el cuerpo de

las personas que se someten a las técnicas de procreación con ayuda médica, como maniFestación del ejercicio del

derecho a la integridad corporal; otro, para aceptar las consecuencias de estas prácticas, esto es, la maternidad y

paternidad del nuevo ser. Se trata de un consentimiento complejo en el que con²

uyen varias voluntades: la de la

mujer que desea hacer uso, en sí misma, de una técnica determinada; la de su esposo o compañero que asumirá la

responsabilidad paterna, en su caso; la de la persona ajena a la pareja que aporta sus gametos, también en su caso,

y la del médico que realizará el procedimiento asistencial necesario. Cada una de estas maniFestaciones de voluntad

tiene consecuencias diversas y un denominador común: la concepción de un ser humano.

Vid.

UZMÁN

VALOS

NÍBAL

Inseminación artif

cial y Fecundación in vitro humanas. Un nuevo modo de f

liación

Biblioteca Universidad

Veracruzana, Xalapa, 2001, pp. 71-73.

234

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

en consideración el interés superior del niño; sólo se admite en caso de embrio-

nes ya formados cuando el padre, luego de haber otorgado su consentimiento

expreso, fallece sin que el resultado o producto de la concepción haya sido im-

plantado en el útero materno.

Cuando las mujeres solas desean concebir un hijo haciendo uso de las tec-

nologías reproductivas asistenciales, la cuestión se torna polémica. El reconoci-

miento y la protección de los derechos reproductivos de todas las personas debe

conllevar a la aceptación de esta práctica, a lo que se suma que no debe ser un

impedimento en estos casos el interés superior del niño, pues el hijo no será

resultado de una obligación inherente a la institución matrimonial o un débito

de pareja, sino fruto del deseo de la mujer que asume la maternidad con amor

y responsabilidad, lo que redundará en beneF cio del menor. La maternidad de

una mujer sola no debe estar vinculada a las exigencias o el capricho de un

hombre, ni a situaciones plagadas de vejaciones y humillaciones para ella. Si la

sociedad de nuestros tiempos acepta la maternidad natural de mujeres sin pareja

masculina, nada obsta la aceptación también de la maternidad sin apareamiento

sexual. Como aF rma C

OLL

ESTAÑA

, “esta mujer [sola] quiere tener un hijo por-

que ansía quererlo, porque quiere acunarlo, educarlo y protegerlo, que es lo que

se pretende que se haga con los niños”.

La maternidad, en estos supuestos, se

aF anza en la voluntad procreacional, asumiendo con responsabilidad su alcance

afectivo, cultural y social.

) El aborto: la otra cara de la moneda

La generación de una nueva vida humana debe ser, como regla, un acto de amor

y responsabilidad. Pero en no pocas ocasiones las parejas, o las mujeres solas,

se enfrentan a un embarazo no deseado. ¿Debe admitirse el aborto en tales

circunstancias?

Las posiciones ± uctúan alrededor de tres criterios fundamentales:

1) El aborto no debe admitirse en ningún caso, porque el concebido es perso-

na y la interrupción de su desarrollo como tal en la etapa prenatal equivale

a un delito de homicidio o asesinato.

2) Debe admitirse sólo en casos especiales que establezca la ley, tomando en

cuenta tanto los derechos del concebido como los derechos de la madre.

OLL

ESTAÑA

, I

VETTE

. “Análisis crítico sobre los efectos del desafío genético en el bienestar de los niños”, en

Memorias del

XII

Congreso Internacional de Derecho de Familia

MINJUS

, La Habana, 2002, p. 160.

235

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

3) Debe permitirse en cualquier caso que la madre libremente decida, en ejer-

cicio de su autonomía, de su derecho a la reproducción y a la integridad

corporal, y a su propio plan de vida.

La primera posición, que conduce al rechazo del aborto y su penalización, es

indudablemente extrema. A mi juicio, la condición innegablemente humana del

embrión de nuestra especie no conduce necesariamente al reconocimiento au-

tomático de su condición de persona, provista de personalidad, en sede jurídica.

Claro está, el estudio de su condición jurídica está matizado, en cualquier caso,

por valoraciones éticas, f losóf cas, religiosas y hasta políticas. El embrión huma-

no no es titular del derecho a la vida como derecho inherente a la personalidad,

si bien debe reconocérsele la

personeidad

, que indica aptitud para que adquiera

a posteriori

la personalidad. Debe recordarse que según han demostrado la

ciencia médica y la biología, la vida comienza en el momento de la Fecundación,

cuando de dos entidades distintas —el óvulo y el espermatozoide— surge una

realidad distinta y nueva: el cigoto con una potencialidad propia, ya que aun-

que dependa de la madre para subsistir, su desarrollo se va a realizar de acuerdo

con su propio programa genético. Por tanto, biológicamente el hombre existe

como ser vivo desde el momento en que se Forma el cigoto. Sin embargo, la vida

propiamente humana, según científ cos de la medicina,

comienza realmente

cuando se Forma y madura el sistema nervioso del embrión, lo que ocurre en un

periodo aproximado de doce semanas posteriores a la Fecundación, por lo cual

sólo después de transcurrido ese tiempo es que puede hablarse de un embrión

potencialmente humano, pues hasta ese momento no se diFerencia básicamente

del embrión de otro mamíFero cualquiera.

Por supuesto que éticamente no es

comparable el embrión humano con ningún otro, pero como acertadamente

af rma K

EMELMAJER

ARLUCCI

si bien la vida potencial empieza desde la con-

cepción, la cuestión a debatir seriamente es qué sucede con esa vida potencial

Vid.

ATEO

COSTA

, O. y A

NDINO

ALDÉS

, N. “Fertilización in vitro (

FIV

) y transferencia de embriones (

) en el humano.

Consideraciones éticas, cientí±

cas y utilidad”, en

Revista Cubana Médica

, No. 24, agosto de 1985, p. 801.

Con la utilización de las técnicas de reproducción humana asistida se ha establecido además el término

pre-

embrión

para designar al fruto de la concepción obtenido fuera del útero de la madre, antes de su implantación

y hasta el día 14 posterior a ella, que se considera decisivo para el desarrollo embrionario, porque a partir de él se

dan dos hechos determinantes: la implantación en la mucosa uterina, y el cese de la posibilidad de división para dar

lugar a gemelos. Se supone que hasta ese momento el

pre-embrión

no tiene condición humana, basándose en su

inviabilidad si no se implanta, en la frecuencia de abortos espontáneos hasta esa fecha y en la posibilidad de que se

originen gemelos monocigóticos.

Vid.

Serie de Informes Técnicos,

Adelantos recientes en materia de concepción con

ayuda médica

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1992.

Vid.

EMELMAJER

ARLUCCI

, A

ÍDA

El derecho humano a la vida íntima de la mujer embarazada, el riesgo grave para

su salud y el principio de igualdad frente a los casos de no punibilidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo

de Derechos Humanos

Fondo Editorial La Ley, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires,

octubre de 2007, p. 16.

236

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

cuando entra en conf icto con derechos Fundamentales de personas que viven

ya, ahora.

La prohibición a ultranza del aborto obliga incluso a mantener el embarazo

en casos de violación, lo cual además de signi± car algo indignante y humillante

para la mujer, una doble victimización para ella, no toma en cuenta el bienes-

tar del hijo, que nacerá marcado socialmente y rechazado muchas veces por su

propia madre, en permanente conf icto emocional y Familiar. Por otra parte, la

prohibición legal no evita que se realicen abortos; muchas mujeres desesperadas

acuden a esa práctica en condiciones inseguras, poniendo en riesgo su propia

vida. La práctica del aborto clandestino es un acto de violencia contra la mujer

que puede aFectar su salud y su vida, que le inf ige humillación y suFrimiento,

que implica discriminación para las mujeres pobres, dado su alto costo econó-

mico, que aFecta a la Familia, especialmente a los hijos ya nacidos, que pueden

perder a su madre por Fallecimiento o por ser sancionadas con penas carcelarias.

Origina también mayores gastos médicos, por hospitalizaciones posteriores, y

genera corrupción de las instituciones jurídicas y políticas que encubren la prác-

tica clandestina del aborto. Como a± rma también K

EMELMAJER

ARLUCCI

se toma en cuenta la trágica desigualdad ante la ley que provoca el sistema pu-

nitivo entre mujeres carenciadas y las que tienen medios económicos, cerrando

los ojos a una realidad incontrovertible, cual es que en realidad se penaliza la

pobreza y no la interrupción del embarazo.

La segunda posición es más conciliadora. Se ref eja jurídicamente a través de

un modelo de indicaciones respecto al aborto, admitiéndolo sólo en supuestos

concretos, generalmente cuando la continuación del embarazo implique serio

peligro de supervivencia para la madre, cuando el embarazo sea el resultado de

una violación, o cuando se realice debido a causas eugenésicas graves. La vida

del

nasciturus

es un bien a proteger, que entra en conf icto con la libertad de no

ser madre, conf icto que se pondera dando prioridad, en los supuestos indicados,

a Favor del derecho de la mujer en esas condiciones. Si la interrupción voluntaria

del embarazo se produce Fuera de esos supuestos, el aborto se penaliza. También

el modelo indicativo puede dar lugar a situaciones como las descritas anterior-

mente y puede conducir a la hipocresía social de su mantenimiento legal, pero

sorteando lo dispuesto por las normas, incumpliendo su mandato sin declararlo,

abriendo un margen de discrecionalidad tal que admita en cualquier caso que

el embarazo no deseado “pone en serio riesgo a la gestante”. Se genera así la

convicción de que la ley no importa, siempre habrá trampas, incluso en materia

tan seria como la vida humana.

Ibidem

p. 17.

237

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Por otra parte, la penalización del aborto sólo recae en la mujer. Ella lleva al

hijo en su vientre, enfrenta los riesgos para su salud y su vida y además debe

soportar la carga de la pena, que pesa como una espada de Damocles sobre

su cabeza. Sus opciones son muy poco alentadoras: tener un hijo no deseado,

arriesgar la vida o la libertad. Si decimos que la decisión de tener un hijo es

de dos, al menos en los casos de mujeres integrantes de parejas, la decisión de

no tenerlo no puede, o no debe, colocar a la mujer en situación de desventaja

respecto al hombre, más allá de lo estrictamente establecido por la diferencia

biológica.

La tercera posición es la más cercana a lo justo, sin olvidar el indudable

conF icto que se produce, frente al aborto voluntario, entre la vida humana en

proceso de formación y desarrollo, representada por el concebido, y los derechos

sexuales y reproductivos de la mujer, basados en la libertad y la integridad corpo-

ral. El fruto de la concepción ni es jurídicamente irrelevante ni puede equipararse

con la vida de los ya nacidos. En los primeros meses de la gestación, la viabilidad

de la criatura es cuestionable, por lo que debe prevalecer el derecho de la mujer

a decidir si será o no madre. Éste ha sido el fundamento básico de la posición

que se ha adoptado mayoritariamente en Europa respecto al aborto: la gestante

decide durante la fase inicial del embarazo si lo interrumpe voluntariamente o

no; después del primer trimestre sólo cabe la interrupción del embarazo en casos

excepcionales, indicados en ley.

En Cuba se protege la familia, la maternidad y el matrimonio en la Constitu-

ción de 1976, particularmente en sus artículos 35 a 38, donde también se pos-

tula la igualdad de todos los hijos, sean habidos dentro o fuera del matrimonio,

preceptos que deben relacionarse para su acabada hermenéutica con el artículo

9, particularmente su tercera pleca, que enuncia que el Estado garantiza la liber-

tad y la dignidad plena, el disfrute de los derechos, el ejercicio y cumplimiento

de los deberes, así como el desarrollo integral de la personalidad. Los postulados

constitucionales, en cuanto al tema que nos ocupa, encuentran su adecuado

desarrollo en el Código de ±amilia, en sede laboral y en el Código Civil. Se per-

mite el aborto legal y seguro en instituciones de salud, y gratuitamente, durante

las primeras doce semanas de embarazo, estando penalizado el aborto ilícito,

entendido como aquel que se realiza con o sin el consentimiento de la grávida,

fuera de las instituciones o² ciales de salud y por personal ajeno a la medicina o

con ánimo de lucro, según se preceptúa en los artículos 267 a 271 del vigente

Código Penal.

En consecuencia, se garantiza el libre ejercicio de las convicciones personales

de la mujer, ha disminuido la mortalidad materna y ha descendido la práctica del

aborto. Sin embargo, todavía se realizan en un número no deseado, pues la uti-

238

CARIDAD DEL CARMEN VALDÉS DÍAZ

lización de métodos anticonceptivos no ha logrado impregnar la cultura social.

Deben continuarse desarrollando, por tanto, medidas educativas coordinadas

para prevenir el aborto, en combinación con el acceso a una amplia gama de

métodos anticonceptivos para toda la población. La situación conf ictual entre

la vida humana durante la etapa prenatal y los derechos sexuales y reproductivos

existe, y la mejor manera de aFrontar el conf icto es evitando que la mujer se

enFrente a la alternativa de la interrupción voluntaria del embarazo como único

medio para resolverlo.

No existe en Cuba una con± guración autónoma de los derechos sexuales

y reproductivos, pero su contenido está implícito en otros derechos a± nes que

aparecen reconocidos en el texto constitucional y otras normas jurídicas. Vale

traer a colación la opinión de Á

LVAREZ

ABÍO

cuando señala que

[…] los derechos se instalan en el espacio donde los principios, los valores y los ± nes

tejen una trama en bene± cio de la persona. No obstante, no es tarea sencilla plasmar

explícitamente en la letra de la norma constitucional este entramado, y peor aún

lograr la armonía entre todos los elementos que lo conForman. Y hay que valerse de

lo que no está escrito, pero sí implícito, es decir lograr el equilibrio entre la letra y el

espíritu de la Constitución, pues todos estos elementos han de conf uir en pro de un

objetivo básico: la preservación de la dignidad de la persona humana, concepto que

se convierte en la piedra angular para la construcción de todo el sistema axiológico

constitucional, o lo que es lo mismo, decir que los ± nes, los valores, los principios,

los derechos y los bienes jurídicos existen sólo en Función del enaltecimiento de la

dignidad humana.

3. Consideraciones f nales

El derecho a la vida es el supuesto ontológico de todos los demás derechos.

Como derecho inherente a la personalidad, se reconoce por igual a toda persona

por el solo hecho de serlo. Antes del nacimiento, el producto de la concepción es

un bien jurídico merecedor de tutela y protección, pero no es persona ni titular

de los derechos que acompañan y llenan de contenido a la personalidad jurídica.

Los derechos sexuales y reproductivos deben reconocerse también a todas

las personas, garantizando su ejercicio a través de políticas públicas eFectivas,

diseñadas sobre criterios de justicia distributiva y teniendo como base los prin-

LVAREZ

ABÍO

LBO

, A

Los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen como límites a

las libertades de información y expresión

tesis de grado, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana, 2008, p. 15.

239

DEL DERECHO A LA VIDA Y LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

cipios éticos de autonomía, igualdad, diversidad, en comunión con el ejercicio

de los derechos inherentes a la personalidad. Empero, los derechos sexuales y

reproductivos deben ejercitarse con plena responsabilidad, porque en su ejercicio

hay un límite natural, que es el propio resultado de su práctica: la procreación

de nuevos seres humanos.

Las mujeres deben recibir información, asistencia y cuidado en cuanto a su

salud sexual y reproductiva en todo momento, durante la gestación, en la ma-

ternidad o, en su caso, al practicarse el aborto. La gestación, el aborto o el parto

se realizan en el cuerpo de la mujer, pero el ejercicio de su derecho no debe ser

una decisión individual y aislada. No se trata de un derecho sin límites el decidir

acerca de la maternidad, en sentido positivo o negativo. Su ejercicio encuentra

valladar en la moral social imperante, en la educación y las convicciones indi-

viduales.

Debe tenerse cuenta, en todo momento, que la vida humana es valiosa des-

de sus orígenes, que sólo muy poderosas y responsables razones deben llevar

a generarla o destruirla. No obstante, tampoco debe olvidarse que restringir el

aborto legal y seguro también atenta contra la vida, en este caso, además de la

mujer, repercutiendo en la familia y en los derechos del resto de sus integrantes.

Si bien la interrupción voluntaria del embarazo no es una práctica deseable, el

derecho no debe imponer coactivamente criterios morales, a veces mediatizados

por intereses espurios, mediante normas jurídicas, sino que debe coadyuvar al

establecimiento de reglas que garanticen la convivencia pacíF ca y el bien de

todos, conF gurando armónicamente los derechos y no enfrentándolos.