*
Recibido: 22 de julio de 2012. Aceptado: 15 de septiembre de 2012.
**
Investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM
, México.
(
johnmill.ackerman@gmail.com
).
RESUMEN
Hace falta expandir el concepto de “autenti-
cidad” más allá de la mera representación F
el
de la “voluntad de los votantes” para incluir
también tanto la calidad de la misma compe-
tencia electoral como la naturaleza de la etapa
poselectoral de caliF
cación de la validez de los
comicios. Algo “auténtico” es algo “genuino”, no
“apócrifo” o “fraudulento”. Así que una elección
auténtica, entonces, sería un proceso de com-
petencia política donde hubiera una verdadera
diferenciación entre las ofertas de los candi-
datos, equidad y legalidad en la competencia
entre estas ofertas, así como una verdadera
incertidumbre con respecto a quién ganaría el
día de los comicios.
PALABRAS
CLAVE
:
México, elecciones, eleccio-
nes inauténticas, democracia, legitimidad, crisis
política.
ABSTRACT
We need to expand the concept of “authentic-
ity” beyond the mere faithful representation of
the “will of the voters” to include both the qual-
ity of the electoral competition and the nature
of the post-election phase of qualifying for
the validity of the elections. Something “real”
is something “genuine” and not “apocryphal”
or “fraudulent.” So a genuine election choice,
then, would be a process of political competi-
tion where there is a real difference between
the offers of the candidates, fairness and legal-
ity in the rivalry between these offers, as well as
a bona F
de uncertainty about who would win
the elections on election day.
KEY
WORDS
:
Mexico, elections, inauthentic
elections, democracy, legitimacy, political crisis.
Elecciones inauténticas en México.
Notas para una discusión*
Inauthentic elections in Mexico.
Notes for discussion
John M. Ackerman**
REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS
DE PUEBLA, MÉXICO, ISSN: 1870-2147. AÑO VI
NO. 30, JULIO-DICIEMBRE DE 2012, PP. 35-48
IUS
36
JOHN M. ACKERMAN
Sumario
1. Introducción
2. Crisis democrática
3. Crisis institucional
4. En busca de la legitimidad perdida
1. Introducción
El pueblo mexicano sabe mejor que casi cualquier otro que la mera celebración
de elecciones populares no es suf ciente para legitimar el ejercicio del poder
público. La norma a lo largo de más de 200 años de vida independiente ha sido
precisamente la celebración de comicios carentes de valor democrático. Recor-
demos que el dictador Porf rio Díaz ganó siete elecciones presidenciales al hilo,
iniciando en 1880 y terminando en 1910, cuando inició la Revolución Mexicana.
El primer líder revolucionario, Francisco I. Madero, no tomó el poder con las
armas, sino por medio de elecciones populares celebradas en 1911. Si bien hubo
un periodo de inestabilidad política entre 1911 y 1934, desde ese último año
y hasta la ±echa se han celebrado elecciones presidenciales cada seis años sin
interrupción alguna.
Este contexto histórico eleva las exigencias de los mexicanos con respecto a
la calidad de los procesos electorales en comparación con otros pueblos, donde
el solo hecho de celebrar elecciones populares constituye un viraje histórico.
Después de más de un siglo de experiencia con elecciones simuladas, sabemos
per±ectamente bien cómo detectarlas y no estamos dispuestos a seguir toleran-
do la misma situación. México, entonces, se encuentra un paso más adelante
en comparación con otros países en el desarrollo de una cultura cívica crítica y
exigente que ±avorece la verdadera democratización. Mientras otras sociedades
apenas empiezan a decepcionarse de la democracia realmente existente, al darse
cuenta de que los procesos electorales pueden ser utilizados para excluir y des-
empoderar a los ciudadanos, en México esto ha sido evidente desde hace más
de un siglo.
Las problemáticas elecciones de 2006 entonces no serían un incómodo bache
en el camino inexorable hacia la “modernidad democrática” en México, sino el
ejemplo más claro de la continuidad histórica del ±raude y la simulación autorita-
ria. Así que para reencauzar nuestra dolida democracia no será suf ciente que las
elecciones de 2012 simplemente ahuyenten el “±antasma de 2006”, utilizando
las palabras del consejero presidente Leonardo Valdés,
1
sino que tendrán que
1
V
ALDÉS
Z
URITA
, L. “Quedó erradicado el ‘fantasma’ del 2006”, en
El Universal
, 22 de marzo de 2011.
37
ELECCIONES INAUTÉNTICAS EN MÉXICO. NOTAS PARA UNA DISCUSIÓN
marcar un alto def nitivo en el camino y establecer nuevas bases para la compe-
tencia política y la convivencia democrática.
El reto central para la democracia mexicana es romper con el legado histó-
rico de la simulación. Hay que pasar de la mera celebración de elecciones po-
pulares, de acuerdo con la normatividad vigente, a la organización de procesos
competitivos “auténticos” y democráticos.
En el presente ensayo realizaré una reF exión sobre la crisis política que aqueja
al país y las posibilidades para el surgimiento de un amplio movimiento social
que exija el cumplimiento de la esperanza de la transición democrática. Poste-
riormente analizaré la de±raudación sistemática a los principios constitucionales
en materia electoral, tanto por las autoridades electorales como por los actores
políticos, que ha sido la regla desde 2006 hasta la ±echa. Veremos que aun con la
aprobación de una histórica re±orma electoral en 2007, la es±era político-electoral
se sigue rigiendo más por las leyes de la selva y los intereses ±ácticos que por el
Estado de derecho y las instituciones constituidas. ²inalmente, concluimos con
una exploración del concepto constitucional de la “autenticidad” democrática y
la esperanza de que en 2012 se pudiera contar con un proceso electoral que por
primera vez en la historia rompiera con la tradición de simulación e impunidad
en la materia.
2. Crisis democrática
La democracia mexicana se encuentra en crisis. Las instituciones gubernamen-
tales y la clase política mexicana están hoy ante el reto histórico de demostrar a
la población que las elecciones son más que solamente una vía para dirimir los
di±erendos entre los integrantes de la clase política con respecto a quién toma las
riendas del poder gubernamental, sino que también sirven para atender asuntos
más pro±undos como la distribución del poder político, social y económico. Si el
ejercicio de los mecanismos democráticos no conlleva a la reducción de la do-
minación social y la consecuente liberación de la ciudadanía, la población suele
retirar su respaldo al sistema político operante y busca otras vías para trans±ormar
el ejercicio del poder.
Este desenlace podría ser positivo, en cuanto se generen movimientos so-
ciales que exijan la implementación de una “democracia verdadera” al estilo de
las protestas en España y Estados Unidos. Pero también podría ser sumamente
peligroso si se desatan los reF ejos autoritarios y represivos de autoridades y al-
38
JOHN M. ACKERMAN
gunos sectores de la sociedad. Los resultados más recientes del Latinobarómetro
2
hablan de la fuerte presencia de ambas tendencias entre la población mexicana.
Por un lado, México es uno de los países en la región aparentemente con
menos apego a los “valores democráticos”, pues el 36 por ciento de la pobla-
ción expresa que les “da lo mismo tener un régimen democrático o no”, y 14
por ciento aF rma que “un gobierno autoritario puede ser preferible”. Solamente
el 40 por ciento se declara convencido de que la “democracia es mejor a otra
forma de gobierno”. También la tolerancia para un eventual gobierno militar
(solamente el 53 por ciento lo descarta totalmente) es mucho más alta que en
otros países en América Latina, como Argentina, Chile y Brasil, que conocen de
primera mano los efectos nefastos de este tipo de régimen. Éstos son los datos
que más preocupan a la mayor parte de los analistas en México.
Sin embargo, también hay datos positivos que re± ejan el espíritu crítico y
las altas exigencias democráticas de la población mexicana. Por ejemplo, los
mexicanos son los más insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en
toda la región, con un abrumador 73 por ciento de la población que expresa este
punto de vista. Asimismo, de acuerdo con el mismo estudio, en México única-
mente el 31 por ciento de los encuestados expresa que tiene “mucha” o “algo”
de conF anza en el gobierno.
Estos alarmantes datos hablan muy bien de los mexicanos, quienes no tienen
empacho en reconocer el mediocre desempeño de sus instituciones políticas.
Mucho peor estaríamos si además de sufrir las consecuencias de la disfuncio-
nalidad gubernamental también estuviéramos “satisfechos” con este fracaso y
conF ásemos ciegamente en nuestras autoridades. Los datos conF rman la sana
conciencia crítica de los mexicanos con respecto al desempeño gubernamental.
Esta actitud escéptica nos coloca en una situación más cercana a la cultura
política de Europa que a la de los demás países de América Latina. Mientras en
el “nuevo mundo” un promedio de 45 por ciento expresa “mucha” o “algo” de
conF anza hacia su gobierno, en el “viejo continente” el porcentaje de conF anza
es mucho más bajo y alcanza 29 por ciento. Lo que estimula la transformación
institucional y el avance democrático no es la complacencia, y mucho menos
la autocomplacencia, sino precisamente una sostenida insatisfacción ciudadana
que lleve a la población a exigir más y mejores garantías a las autoridades.
Los mexicanos también tienen mucha claridad con respecto a las raíces de la
crisis que actualmente aqueja al país. Señalan a la corrupción como el problema
más importante: el 55 por ciento de la población la ubica como el principal
asunto “que le falta a la democracia en el país”. Asimismo, la gran mayoría de
2
Latinobarómetro,
Reporte anual 2011
, disponible en: www.latinobarometro.org/latino/LATContenidos.jsp.
39
ELECCIONES INAUTÉNTICAS EN MÉXICO. NOTAS PARA UNA DISCUSIÓN
la población (61 por ciento) af rma que “los que menos cumplen con la ley” en
México son “los ricos”. Y solamente el 22 por ciento de la población cree “que
se gobierna en bien de todo el pueblo”, 2 por ciento menos que en 2010. So-
lamente Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Costa Rica
tienen porcentajes menores en esta última medición.
Las condiciones están dadas, pues, para el surgimiento de un Fuerte mo-
vimiento de indignación ciudadana a Favor de una democracia más justa y
verdadera. Sin embargo, también existe el riesgo de que este sano nivel de
insatisFacción y desconf anza se convierta más bien en desilusión, depresión e
inacción, en lugar de abrir paso a mayores exigencias ciudadanas.
El mismo estudio de Latinobarómetro incluye datos importantes al respecto.
Por ejemplo, la población mexicana tiene una de las tasas más bajas de creencia
en la capacidad del Estado para resolver los problemas del país. Solamente un
poco más de la tercera parte de los encuestados tiene la convicción de que “el
Estado puede solucionar” los asuntos de corrupción, pobreza, delincuencia y
narcotráf co. Sólo Honduras y Guatemala tienen un nivel de pesimismo ciuda-
dano más pronunciado.
Este dato indica un notable “desempoderamiento” (
disempowerment
) o Falta
de sensación de “ef cacia ciudadana” entre la población. Es decir, si bien los
mexicanos son sumamente críticos del desempeño de las autoridades, creen que
los problemas son simplemente imposibles de resolver. La razón principal de la
Falta de una explosión social más Fuerte en México, al estilo de España, Chile o
Estados Unidos, no sería entonces una “apatía” generalizada, sino una depresión
social proFunda que inmoviliza a la sociedad.
La clase política en México le apuesta a mantener este pesimismo y depre-
sión, ya que ello es lo único que hoy mantiene controlada a la sociedad. Sobre
todo hoy, que nos encontramos en la antesala de las elecciones más grandes de
la historia en México, con la renovación simultánea el 1 de julio de 2012 de la
Presidencia de la República, el Senado de la República, la Cámara de Diputados,
seis gobernadores, un jeFe de gobierno y quince Congresos locales, es suma-
mente importante para la mayor parte de los políticos que la participación social
no se desborde, ni dentro ni Fuera de las urnas. Por mucho que públicamente
se reconozca la importancia de la participación ciudadana, lo que realmente les
conviene a los partidos es que la votación se circunscriba al voto corporativo.
Asimismo, durante los procesos electorales los movimientos sociales son vistos
como Francas amenazas para las campañas políticas.
Pero esta estrategia de contención presenta riesgos mayúsculos. Tarde o
temprano la indignación y la tradicional conciencia ciudadana de los mexicanos
se asomarán de nuevo al escenario nacional, tal y como ha ocurrido en tantas
40
JOHN M. ACKERMAN
otras ocasiones a lo largo del último siglo. Lo único que hace falta como chispa
detonadora es que la sociedad vea con optimismo las posibilidades de un cambio
real, y así se sacuda de la depresión que hoy la tiene desmovilizada.
Si la política electoral no es capaz de abrir un cauce para estas inquietudes,
necesariamente tendrán que manifestarse por otras vías. En este caso, el periodo
pos-electoral y de transición entre gobiernos en 2012 podría llegar a ser uno de
los más complicados de la historia reciente, marcados por una fuerte moviliza-
ción social y debilitamiento institucional.
El gran reto para el sistema político mexicano es entonces dar cabida, dentro
del actual proceso electoral, a la indignación ciudadana que hierve bajo la su-
perF cie, en lugar de esperar para cuando podría ser demasiado tarde. Solamente
un acercamiento al enorme caudal de ciudadanos que repudian al sistema como
tal, en lugar de una búsqueda fantasiosa del apoyo de una “clase media” sobre-
dimensionada o del insigniF cante “voto moderado”, es lo que podría transformar
los términos de la competencia electoral y abrir la puerta para la recuperación de
la conF anza en el sistema político y el desarrollo democrático en el país.
Al F nal de cuentas, la presencia de tanta insatisfacción entre los mexicanos
no se debe tanto a una cultura política atrasada del “sospechosismo”, sino a la
muy real separación de las instituciones gubernamentales y la clase política del
ciudadano común. No podemos descartar la posibilidad de que los mexicanos
están insatisfechos con la democracia precisamente porque la democracia mexi-
cana en realidad no satisface sus necesidades más básicas para la participación
en los asuntos públicos del país.
Estos datos también surgen del legado de simulación electoral que caracteri-
za al sistema mexicano y que analizaremos más adelante. Este legado aumenta
las expectativas y las exigencias para los mexicanos en la democracia verdadera,
ya que “se satisfacen” con menos que el ciudadano común. También los hace
más pesimistas con las elecciones a secas, ya que han visto cómo la celebración
de elecciones ha estimulado muy poco cambio en las políticas públicas.
Con respecto a los datos sobre la preferencia de la democracia como sistema
de gobierno, aquí también existen varias lecturas. EspecíF camente, el hecho de
que solamente el 40 por ciento de los mexicanos aF rma que “la democracia es
mejor a otra forma de gobierno” no indica necesariamente que el otro 60 por
ciento esté buscando retornar al autoritarismo. Más bien quiere decir que ese
60 por ciento tiene una escala de preferencias muy lógica en que privilegia su
bienestar por encima de las posibilidades de votar en elecciones que de todas
formas distan mucho de ser “auténticas”. Es decir, si la ciudadanía ve que la
“democracia” implica un ejercicio inútil, evidentemente sí estaría dispuesta a
sacriF car esta práctica por algo diferente que podría ser más satisfactorio y útil.
41
ELECCIONES INAUTÉNTICAS EN MÉXICO. NOTAS PARA UNA DISCUSIÓN
3. Crisis institucional
La democratización no es un proceso unidimensional de tendencias teleológicas
hacia un f n predeterminado. Avanza y retrocede en varios Frentes de manera si-
multánea, y si no hay un desarrollo integral de todos sus componentes Fácilmen-
te pueden generarse estancamientos y Francos retrocesos. Durante las elecciones
presidenciales de 2006, por ejemplo, se experimentó un avance Formidable con
respecto a la competitividad e intensidad de las campañas políticas. De Forma
inédita, el electorado tuvo la Fortuna de contar con tres opciones políticas radi-
calmente diFerentes, cada una de las cuales contaba con una posibilidad real de
ganar la contienda presidencial. Parecía que por f n se habían cumplido los es-
tándares mínimos de una democracia electoral que Joseph S
CHUMPETER
planteara
en su momento y que consistían en la existencia de una competencia real entre
candidatos claramente diFerenciables entre sí.
3
Habría sido entonces 2006, y no
2000, como se creyó en su momento, el año que marcaba el auténtico vuelco
de la transición política hacia la democracia en México.
Sin embargo, el posicionamiento político del candidato vencido en la elección
presidencial indicó lo lejos que México se encuentra de consolidar su incipiente
democracia. Andrés Manuel López Obrador se negó a reconocer a ±elipe Calde-
rón como el presidente de México, e incluso Formó su propio “gobierno legítimo”
como plataForma para diFundir sus propuestas políticas a la población mexicana.
Las encuestas demuestran que aun a dos años de la celebración de las elec-
ciones presidenciales de 2006, más del 40 por ciento de la población todavía
creía que no existe certeza respecto a los resultados electorales de aquel con-
vulsionado año.
4
Pero la verdadera mala noticia no es la existencia de esta desobediencia
y desconf anza en sí mismas, sino el hecho de que ambas estén plenamente
justif cadas. Durante el proceso electoral de 2006 todos atestiguamos el man-
tenimiento de prácticas autoritarias de gestión del poder público heredadas
del antiguo régimen del partido del Estado. Como en las peores épocas del
autoritarismo, el Poder Ejecutivo ±ederal, el Instituto ±ederal Electoral (
I±E
) y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la ±ederación (
TEPJ±
) actuaron de ma-
nera parcial, contradictoria y opaca, Facilitando la victoria del candidato of cial
3
S
CHUMPETER
, J
OSEPH
,
Capitalismo, socialismo y democracia
, Aguilar, México, 1942. Para una discusión fascinante sobre
las implicaciones de la obra de S
CHUMPETER
para la evaluación de las democracias modernas véase S
HAPIRO
, I.
El Estado
de la teoría democrática
, Bellaterra, Barcelona, 2005. M
EYER
(
El espejismo democrático
, Océano, México, 2007) ya ha
aplicado este enfoque para analizar el caso especíF
co de México.
4
Consulta Mitofsky, “Dos años después de la elección presidencial en México”, junio de 2008, disponible en: http:
//75.125.231.234/Estudio.aspx?Estudio=dos-anios-2-julio.
42
JOHN M. ACKERMAN
postulado por el partido que controlaba el gobierno.
5
Hasta la fecha, casi nadie
puede sostener con certeza quién ganó la elección presidencial de aquel año.
6
El desconocimiento del ganador por el perdedor es apenas un síntoma de un
problema estructural mucho más profundo con el funcionamiento de la gestión
de los asuntos públicos en México.
Ahora bien, las inequidades e ilegalidades que marcaron las elecciones de
2006 no fueron la excepción sino que se han convertido en la regla para los
procesos electorales. En general, los ejemplos abundan con respecto a la inter-
vención indebida de los gobernantes en los procesos electorales por medio de
declaraciones públicas y la utilización de recursos del erario. El rebase de topes
de campaña, la recepción de F nanciamiento ilegal y la manipulación de los
informes a las autoridades electorales son ya prácticas comunes. Asimismo, la
intervención directa de poderes fácticos y mediáticos en las contiendas electo-
rales es ya un ejercicio cotidiano.
Por ejemplo, el proceso electoral federal de 2009 se desarrolló en un contexto
similar al de 2006. En 2006, el
TEPJ±
, en su “Dictamen de validez de la elección
presidencial”, reconoció que las declaraciones indebidas del presidente Vicente
±ox a favor del candidato de su partido en el proceso electoral “constituyeron un
riesgo para la validez de los comicios”. Sin embargo, en 2009 el presidente ±elipe
Calderón no se contentó con mensajes metafóricos sobre “caballos y jinetes”,
sino que tomó la decisión de encabezar personalmente la campaña del Partido
Acción Nacional (
PAN
).
A menos de 48 horas del inicio legal de las campañas en 2009, Calderón
violaría la Constitución con su mensaje, transmitido en cadena nacional, para
presumir los “logros” de su gobierno con respecto a la in² uenza. Durante 2009,
su administración presupuestó 1,800 millones de pesos para propaganda gu-
bernamental en los medios de comunicación. De igual forma, para apuntalar la
campaña de su partido, el mandatario lanzó el programa de promoción turística
“Vive México, Vive lo Tuyo”, y difundió constantes llamados a votar. El
PAN
tam-
bién utilizó abusiva e ilegalmente la F gura presidencial en su campaña.
En 2006, el
TEPJ±
reconoció formalmente que el sector privado intervino de
manera ilegal en las campañas electorales mediante la contratación de anuncios
en radio y televisión para denostar al candidato López Obrador. En 2009, sin
embargo, ya no fue necesario que organismos externos contrataran propagan-
da porque las mismas televisoras intervinieron directamente en las contiendas
5
Para no repetir argumentos que desarrollé en otra parte, véase A
CKERMAN
, J. M. “Democracy & Protest in
Contemporary Mexico”, en S
ELEE
, A. y P
ESCHARD
, J. (eds.).
Mexico’s Democratic Challenges
, Woodrow Wilson Center for
International Scholars, Washington,
D
.
C
., 2009.
6
Véase C
RESPO
, J. A.
Que hablen las actas
, Aguilar, México, 2007.
43
ELECCIONES INAUTÉNTICAS EN MÉXICO. NOTAS PARA UNA DISCUSIÓN
electorales al regalar, o vender de manera subrepticia, múltiples espacios a los
partidos políticos y a sus candidatos predilectos. Los casos más evidentes invo-
lucraron a Demetrio Sodi, Marcelo Ebrard, Enrique Peña Nieto, César Nava, el
Partido Verde, entre otros. Es importante señalar que la norma no solamente
prohíbe la venta de propaganda electoral en radio y televisión, sino que también
proscribe cualquier donación en especie a partidos o candidatos por parte de
empresas de carácter mercantil.
Campañas negativas como las de 2006, que se utilizaron contra López Obra-
dor y rebasaron por mucho los límites de la libertad de expresión, también
empañaron las campañas federales de 2009. El
PAN
aplicó exactamente la misma
receta, pero ahora en contra del Partido Revolucionario Institucional (
PRI
). Si bien
el
IFE
y el
TEPJF
ordenaron el retiro de algunos anuncios, los partidos, en un franco
desafío a las autoridades electorales, insistieron en difundir anuncios similares y
en general degradaron el nivel del debate público.
El desempeño de las autoridades electorales en 2009 fue igual de omiso que
en 2006. Si bien impusieron una serie de multas simbólicas, que variaron entre
2 y 9 millones de pesos por diversos desacatos a la ley, nunca lograron meter
en cintura a los poderes fácticos que constantemente retaban su autoridad. El
desacato por parte de Televisa y de
TV
Azteca, así como de las revistas
Cambio
y
Vértigo
, a las medidas cautelares del
IFE
durante los últimos días de las campañas
electorales fue uno de los ejemplos más evidentes. El vergonzoso “sobreseimien-
to” del caso en contra de las televisoras por interrumpir partidos de fútbol al
principio de las precampañas en enero fue otro claro ejemplo.
Con respecto al
TEPJF
, el caso más preocupante fue su resolución en torno a
la difusión de anuncios pagados por la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México (
PVEM
) durante el proceso electoral, supuestamente para
“informar” a la ciudadanía sobre sus labores legislativas. Estos anuncios incluían
logotipos sumamente notorios del Partido Verde, así como mensajes con los
mismos contenidos que la propaganda electoral del partido. Sin embargo, el
TEPJF
decidió revocar las multas que el
IFE
originalmente había impuesto tanto al
partido como a las televisoras participantes.
En 2010, los procesos electorales en los estados evidenciaron una vez más la
permanencia de las viejas prácticas de fraude electoral y parcialidad institucional.
Fue evidente que los gobernadores hicieron todo lo posible por intervenir ile-
galmente en los procesos electorales. Las grabaciones de los gobernadores Fidel
Herrera de Veracruz y Ulises Ruiz de Oaxaca, que documentan la utilización de
recursos públicos para las campañas electorales y el ejercicio de presión sobre los
organismos electorales, son dos claros botones de muestra.
44
JOHN M. ACKERMAN
Las televisoras también mantuvieron su política de vender entrevistas y no-
tas de manera fraudulenta. Los
infomerciales
tanto de Eruviel Pérez Magaña,
candidato del
PRI
, como de Gabino Cué, candidato de la alianza
PRD
-
PAN
en
Oaxaca, fueron apenas los ejemplos más burdos de esta desafortunada práctica
generalizada.
Por su parte, el presidente de la República, una vez más, tuvo una presencia
mediática irregular durante el proceso electoral. Por ejemplo, apenas tres se-
manas antes de las elecciones locales que tuvieron lugar el 4 de julio de 2010,
Calderón transmitió un mensaje en cadena nacional para “informar” sobre sus
acciones en materia de seguridad pública. Este mensaje no contenía ninguna
información nueva, importante o de urgente transmisión, y únicamente fue un
esfuerzo de legitimación pública de las acciones del gobierno federal.
El presidente también decidió súbitamente que cuatro días antes de las elec-
ciones era el momento adecuado para “informar” sobre la eventual eliminación
del impuesto de la tenencia para automóviles. El día siguiente, jueves 1 de julio,
al presidente se le ocurrió que era el momento idóneo para compartir con la
ciudadanía los grandes “logros” de su gobierno en materia de empleo. Asimismo,
en días previos ya había emitido un mensaje en cadena nacional sobre la muerte
del candidato del
PRI
al gobierno de Tamaulipas, y tanto él como el secretario
de Gobernación habían convocado a conferencias de prensa para llamar a un
“diálogo nacional” sobre el tema de la inseguridad pública. El anuncio que Cal-
derón hiciera el 1 de julio fue particularmente grave porque tuvo lugar durante
los tres días de “veda”, cuando está estrictamente prohibido cualquier acto de
campaña electoral.
Todos estos actos de propaganda constituyen una violación F agrante de
la norma. El artículo 41 de la Constitución señala sin rodeos la prohibición de
“toda propaganda gubernamental” durante las campañas electorales federales
y locales. La norma contiene algunas excepciones para “campañas de informa-
ción” en materia educativa y de salud, o “las necesarias para la protección civil
en casos de emergencia”. Los mensajes de Calderón, sin embargo, no entran en
ninguno de tales supuestos. Por más que la violencia del crimen organizado
implica una “emergencia” nacional, los discursos no informaban sobre ninguna
acción especí± ca en materia de protección civil ni formaban parte de “campaña
informativa” de ningún tipo.
Ni siquiera Vicente ²ox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas se habían atrevido a
llegar tan lejos, aun en un contexto en que la ley era omisa en la materia. Para-
dójicamente, hoy, que sí contamos con una disposición constitucional explícita,
se ha violado con mayor descaro la legalidad y la equidad que antes.
45
ELECCIONES INAUTÉNTICAS EN MÉXICO. NOTAS PARA UNA DISCUSIÓN
La primera elección de 2011, para gobernador en el estado de Guerrero, si-
guió la misma pauta que las elecciones anteriores. Es muy probable que ambos
candidatos, Manuel Añorve y Ángel Aguirre, hayan rebasado el tope de gasto de
campaña de 33 millones de pesos, aunque el abierto abuso del gasto fue mucho
más evidente para la campaña del primero que para la del segundo. La cantidad
de folletos, calcomanías, espectaculares y anuncios televisivos, los frecuentes
viajes en helicóptero del candidato, la sospechosa cobertura “noticiosa” de las
principales empresas de televisión, y la entrada de ejércitos de “promotores” bien
F nanciados desde diversos estados gobernados por el
PRI
, hablan de un derroche
desmedido y totalmente ilegal.
Aquí también hubo numerosas denuncias que señalaban la ilegal utilización
de recursos públicos y humanos del gobierno del Distrito ±ederal para apoyar la
candidatura de Aguirre. ±inalmente, la brutal agresión, aparentemente realizada
por promotores del voto del
PRI
, a Guillermo Sánchez Nava, representante del
PRD
ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (
IEEG
), también empañó de
manera importante el proceso electoral.
4. En busca de la legitimidad perdida
El reto central para la democracia mexicana es pasar de la mera celebración de
elecciones populares de acuerdo con la normatividad vigente a la organización
de procesos competitivos realmente “auténticos” y democráticos. Ésta constituye
una exigencia histórica para romper con la experiencia de simulación institucio-
nal en la materia a lo largo de más de 130 años. Pero también es una exigencia
jurídica basada en el mismo texto constitucional. Los partidos y las instituciones
electorales nunca se cansan de repetir el mantra de los cinco “principios rectores”
en materia electoral que se encuentran plasmados en el artículo 41, fracción
V
,
de la Constitución mexicana, a saber: “certeza”, “legalidad”, “independencia”,
“imparcialidad” y “objetividad”.
Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto constitucional revela que si bien
estos principios son sumamente relevantes, únicamente aplican para la “función
estatal” de la “organización de las elecciones federales”, que le corresponde ejer-
cer al
I±E
. Es decir, éstos son los principios que deberían regir el comportamiento
y la actuación de los consejeros electorales y de toda la estructura administrativa
del
I±E
a la hora de organizar los comicios federales.
Pero cuando se trata de identiF car los principios que deberían regir los proce-
sos electorales como tales, independientemente de la actividad especíF ca del
I±E
46
JOHN M. ACKERMAN
como organizador de los mismos, encontramos principios aún más importantes.
Específ camente, el segundo párraFo del artículo 41 de la Constitución señala
que “la renovación de los poderes legislativos y ejecutivo se realizará mediante
elecciones libres, auténticas y periódicas”. Así que no es suf ciente que el
I±E
o el
TEPJ±
simplemente actúen con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad, sino que esta actuación también debe tener el
resultado
de que los
procesos electorales sean “libres” y “auténticos”.
Desde este punto de vista, no es suf ciente que las instituciones electorales
se coloquen pasivamente “más allá del bien y el mal” en un limbo de “objeti-
vidad” e “imparcialidad”, sino que están obligados a arremangarse las camisas
para actuar af rmativamente para intervenir en la esFera política-electoral con el
f n de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en materia
electoral. Sin duda, una actitud pasiva es más Fácil para las autoridades, ya que
así evitan problemas con los actores políticos, el gobierno y los poderes Fácticos.
Sin embargo, tal desentendimiento de las condiciones reales de competencia
electoral es, estrictamente hablando, una irresponsabilidad legal y una traición
al espíritu democrático.
La idea de que las elecciones deberían ser “auténticas” para ser válidas y
legítimas no es un invento de la Constitución mexicana, sino que también está
presente desde 1969 en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
mejor conocida como “Pacto de San José”. De acuerdo con el artículo 23.1.b
de esta Convención, todos los ciudadanos de los países f rmantes tienen dere-
cho a: “votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por
suFragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de
la voluntad de los electores”. La Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 21, incluye una af rmación similar desde 1948: “La voluntad del
pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por
suFragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente
que garantice la libertad del voto”. ±inalmente, la Convención sobre Estándares
de Elecciones Democráticas de la Comisión de Venecia, en su artículo 1.2, señala
que los principios rectores de los procesos electorales son: “equidad, autentici-
dad y libertad de elecciones basada en el suFragio igual y universal con votación
secreta que asegura la expresión libre de la voluntad de los votantes”.
El gran reto entonces es def nir a qué se ref ere exactamente el principio
de autenticidad. En sus manuales de capacitación, el
TEPJ±
def ne una elección
“auténtica” como una en la “que la voluntad de los votantes se re² eje de ma-
47
ELECCIONES INAUTÉNTICAS EN MÉXICO. NOTAS PARA UNA DISCUSIÓN
nera cierta y positiva en el resultado de los comicios”.
7
Esta def nición deja claro
que este concepto no es procedimental sino sustancial. Es decir, lo relevante
para lograr la autenticidad no es que las instituciones correspondientes sigan
procedimientos específ cos, por muy bien o mal que estén diseñados, sino de
alcanzar un resultado específ co. Asimismo, el tipo de resultado que se busca no
es solamente un estado de cosas, sino la coincidencia entre dos estados: uno
mental/interno de la “voluntad” ciudadana, y otro burocrático/administrativo de
los “resultados de los comicios”.
Sin embargo, esta def nición del
TEPJF
también resulta ser engañosa por-
que circunscribe el tema de la autenticidad exclusivamente al universo de “los
votantes”. Así, da la impresión de que lo único importante para asegurar la
“autenticidad” de los comicios sería la correcta contabilización de los votos y
el reconocimiento como ganadores a aquellos candidatos que hayan recibido
mayor cantidad de respaldo popular.
Este en±oque exclusivamente en la jornada electoral y el conteo de los votos
desde luego no es suf ciente. En años recientes, los estudios sobre la calidad
de las elecciones han dirigido su atención más allá del día de la elección para
también evaluar la equidad y la legalidad de los procesos electorales como tales.
Asimismo, como ya se comentó arriba, en el contexto mexicano cualquier análisis
de la autenticidad de las elecciones ±orzosamente tiene que tomar en cuenta el
contexto general en que se llevan a cabo tanto las campañas electorales como
la calif cación de las elecciones, más allá del tema evidentemente importante del
día de los comicios. De lo contrario, sería sumamente di±ícil distinguir entre el
periodo autoritario y el periodo democrático de la historia contemporánea en
México. Esto porque durante el autoritarismo mexicano también se celebraban
elecciones, cuyos resultados muchas veces re² ejaban “auténticamente” la volun-
tad de “los votantes”, si bien grandes cantidades de ciudadanos eran excluidas
de facto
de su derecho al su±ragio.
Hace ±alta, entonces, expandir el concepto de “autenticidad” más allá de la
mera representación f el de la “voluntad de los votantes”, para incluir también
tanto la calidad de la misma competencia electoral como la naturaleza de la
etapa pos-electoral de calif cación de la validez de los comicios. Algo “auténtico”
es algo “genuino”, no “apócri±o” o “±raudulento”. Así que una elección auténtica
sería entonces un proceso de competencia política donde hubiera una verdadera
di±erenciación entre las o±ertas de los candidatos, equidad y legalidad en la com-
petencia entre estas o±ertas, así como una verdadera incertidumbre con respecto
a quién ganará el día de los comicios.
7
48
JOHN M. ACKERMAN
S
HAPIRO
8
nos recuerda la lección más básica de Joseph S
CHUMPETER
de que la
democracia depende de, por lo menos, una clara diferenciación de los “pro-
ductos” ofrecidos por los políticos. P
RZEWORSKI
9
ha identiF cado la incertidumbre
como una de las claves más importantes para determinar la existencia o no de
una situación democrática. La pregunta obligada entonces es si hoy, en México,
contamos con procesos electorales verdaderamente “auténticos”, o por lo menos
más
auténticos, o si más bien el país sigue en el mismo estado de simulación
autoritaria que ha caracterizado su desarrollo político e institucional a lo largo
de su historia reciente.
8
S
HAPIRO
, I.
El Estado de la teoría democrática, cit
.
9
P
RZEWORSKI
, A. “Algunos problemas con la teoría de las transiciones”, en O’D
ONNELL
, G.
et al
. (eds.).
Transiciones desde
regímenes autoritarios
, Paidós, Madrid, 1999, vol. 4, pp. 233-267.