222

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

TRIBUNALES Y TUTELA DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN CUBA,

¿UNA CUESTIÓN PENDIENTE?

Danelia Cutié Mustelier*

Josefina Méndez López**

SUMARIO

1. Planteamiento del tema

2. La tutela judicial de los derechos humanos en Cuba

3. Realidad y exigencia

4. Caracterización de las vías judiciales en la protección de los derechos

5. Principales insuficiencias:

a) Procedimiento de

habeas corpus

b) Procedimiento civil

c) Procedimiento contencioso-administrativo

d) La protección penal de los derechos humanos

e) La protección de los derechos humanos en las relaciones laborales

6. Conclusiones

RESUMEN

En el constitucionalismo contemporáneo ha

quedado demostrado que la efectividad de los

derechos humanos depende tanto de su re-

conocimiento constitucional y legal cuanto, y

quizás sobre todo, de la existencia de mecanis-

mos susceptibles de garantizar en la práctica

su eficacia real. Es por ello que en la generali-

dad de los textos constitucionales es consta-

table la regulación de una amplia y novedosa

gama de instrumentos jurídicos protectores de

los derechos humanos, capaces de prevenir o

reaccionar frente a cualquier amenaza o vul-

neración de los mismos, asignándole a los tri-

bunales un rol protagónico en la tutela de los

derechos humanos, al ser considerados la “ga-

ABSTRACT

In

contemporany

constitutionalism,

it

has been demonstrated that effectiv-

ity of human rights depends both on its

constitutional and its legal recognition,

because of the existence of susceptible

mechanisms to guarantee real efficiency

in every day practice. That is why in most

constitutional texts, the regulation of an

extended and novel inventory of judicial

instruments to protect human rights, are

recorded and able to prevent or react

against any threat or wounding them,

assigning a paramount role to the courts

in the protection of human rights, being

considered the “day by day guarantee” or

* P

** P

223

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

1. P

LANTEAMIENTO

DEL

TEMA

La historia de los derechos humanos y sus garantías corre paralela a la

historia de la lucha por la libertad. Desde la antigüedad, cuando aún no

se hablaba de derechos humanos en el sentido moderno de la palabra,

encontramos referencias a las luchas contra la opresión y el abuso de po-

der, así como la tendencia a hacerle frente empleando diferentes medios o

vías, como la resistencia activa y la pasiva, el juramento de los príncipes

de respetar las leyes, el Justicia de Aragón, los orígenes remotos del man-

damiento de

habeas corpus

en la Carta Magna inglesa de 1215, el Preboste

de la Corona en Suecia y en Finlandia en el siglo

XVI

, que sin dudas fueron

antecedentes o “chispazos”, al decir del profesor Fix-Zamudio,

1

de los

modernos medios de garantías de los derechos, en un mundo agitado y

confuso, que transitaba muy lentamente por el camino escabroso y difícil

de la defensa jurídica de la libertad.

El constitucionalismo revolucionario del siglo

XVIII

, específicamente en

la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de

1789 estableció, en el artículo 16, esa primigenia influencia al plantear que

no puede existir una sociedad y una ordenación del poder de tipo constitu-

cional sin la garantía de los derechos, previsión que ha tenido un corolario

en la generalidad de los textos constitucionales que con mayor o menor

rigor sistemático, han regulado las garantías o mecanismos protectores de

los derechos y libertades.

Ciertamente el tema de los derechos humanos no puede verse sólo en

el sentido estricto de su reconocimiento formal, sino que debe comprender

también, los mecanismos de protección que aseguren su real eficacia en

las relaciones sociales.

1

H. F

ix-Zamudio,

La protección jurídica y procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones

nacionales

, Ed. Civitas, Madrid, 1982, pp. 36ss.

rantía del día a día” o garantía por “excelen-

cia”. El presente trabajo aborda con una visión

crítica, el rol que desempeñan los tribunales

cubanos en cuanto a la protección de los dere-

chos humanos, destacando las insuficiencias y

limitaciones que inciden en su funcionamiento

e impiden que actualmente brinden una tutela

eficaz a los citados derechos.

the “guarantee of excellence”. This work

presents with a critical vision, the role

accomplished by the Cuban Courts in the

protection of human rights, emphasizing

restrictions and insufficiencies occurring

in its functioning and preventing a bet-

ter efficiency and tutelage to the human

rights.

224

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

La recepción de los derechos humanos en la Constitución fue un impor-

tante momento en la evolución histórica de las garantías de los derechos

humanos. En efecto, la consagración constitucional fue y es una condición

necesaria para el reconocimiento de los derechos humanos, pero no basta

para asegurar su protección real y efectiva.

La propia historia ha demostrado que el sólo reconocimiento constitucio-

nal de los derechos fundamentales no es suficiente si no va acompañada de

garantías que aseguren la efectividad del libre ejercicio de los derechos.

Ilustrativas son las palabras de Dran al plantear: “Es tan extrema su

fragilidad y tan constante su evolución, que las libertades públicas precisan

para ejercerse y desenvolverse no sólo un tratamiento especial, sino también

y sobre todo, un sistema de protección particularmente eficaz, ya que las

libertades no valen en la práctica más que lo que valen sus garantías.”

2

Siendo así, es innegable la necesidad de defensa de los derechos hu-

manos y la justificación de establecer mecanismos eficaces para la tutela

de los mismos, capaces de reaccionar frente a cualquier lesión que intente

restringirlos, disminuirlos o desconocerlos.

Por eso hoy, en el constitucionalismo más reciente es constatable la

amplia y novedosa gama de instrumentos jurídicos que conforman el sis-

tema de garantías de los derechos humanos, que abarca tanto la acción

procesal que permite al titular del derecho acudir, solicitando su protección

o restablecimiento, a los tribunales, en caso de vulneración del mismo,

reconocida como la garantía por excelencia para algunos autores, como

Kelsen

3

y Peces-Barba,

4

hasta los más disímiles medios de protección que

se establecen en dependencia de la tradición jurídica, el desarrollo eco-

nómico, político y social alcanzado y el grado de perfeccionamiento del

sistema legislativo e institucional del país.

Las garantías jurisdiccionales son aquellos mecanismos que constituyen

una forma de protección más directa de los derechos humanos. En la gene-

ralidad de los países devienen en la garantía del día a día o de primer orden,

pues la sola posibilidad de acudir a un órgano imparcial, independiente,

dotado de la necesaria fuerza coercitiva para hacer cumplir sus decisiones,

integrado por un personal capacitado capaz de aplicar los derechos funda-

2

M.

Dran, citado por J. García Morillo,

La protección judicial de los derechos fundamentales

, Ed. Tirant

lo Blanch, Valencia, 1994, pp. 20.

3

H. K

elsen,

Teoría general del Estado

, Ed. Nacional, México, 1980.

4

G. P

eces-Barba,

Derechos fundamentales

, Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid,

1986, pp. 15.

225

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

mentales de conformidad con su contenido constitucionalmente recono-

cido, puede permitir a quien ve vulnerado o en trance de serlo un derecho

humano, obtener su protección y reparación, lo que sin dudas constituye la

gran ventaja de este tipo de garantía con relación a las demás.

5

La dimensión de esta garantía ha ido evolucionando a lo largo de la

historia del derecho en correspondencia con las exigencias y peculiarida-

des de cada país, quedando hoy conformada por una jurisdicción ordinaria

y otra especial o constitucional.

Las garantías jurisdiccionales generales u ordinarias, que Fix-Zamudio

denominó remedios procesales indirectos, refiriéndose a los procedimien-

tos ordinarios (civil, penal, laboral y la justicia administrativa) a través de

las cuales se protegen los derechos de carácter ordinario, pero que en for-

ma refleja pueden utilizarse para la tutela de los derechos humanos. Esta

vía tiene gran trascendencia, sobre todo cuando no existen instrumentos

específicos de tutela de los derechos humanos; incluso en muchos países

donde existen instrumentos específicos y directos de protección, se exige

el agotamiento de la vía judicial ordinaria para poder acudir a éstos. Es

decir, que el primer mecanismo de protección de los derechos humanos, es

la protección judicial ordinaria. Son los órganos judiciales los que reúnen

las condiciones precisas para ejercer esa alta responsabilidad, es a ellos a

quienes está constitucionalmente atribuida la función jurisdiccional, esto

es, la de decir el derecho que corresponda a cada uno, la misión de juzgar

y hacer ejecutar lo juzgado, son ellas quienes han de tutelar los derechos

e intereses legítimos entre los cuales se encuentran los derechos humanos

y son en definitiva sus sentencias y resoluciones de obligatorio cumpli-

miento. Por todo ello los órganos judiciales se convierten en la base, en el

escalón principal del sistema de garantías de los derechos humanos.

Mientras que las garantías jurisdiccionales específicas son remedios

procesales creados exclusivamente para el muy específico fin de proteger

los derechos humanos, son por tanto procesos de cognición limitada. Se

distinguen por brindar de forma directa, rápida y eficaz tutela a los dere-

5

Múltiples han sido las clasificaciones de los instrumentos garantistas de los derechos humanos; prefe-

rimos acogernos a la clasificación siguiente que en el orden metodológico permite una visión integral

de los diferentes mecanismos de protección de los derechos: Garantías Jurisdiccionales, Garantías no

Jurisdiccionales, Garantías Normativas o Abstractas. Para un análisis más detallado de cada una, véanse:

H. Fix-Zamudio,

Op. cit.

, pp. 31-50; J. García Morillo,

Op. cit.

, pp. 26-45, D. Cutié Mustelier,

El sis-

tema de garantías de los derechos humanos en Cuba

, Tesis en opción al grado de doctora en ciencias

jurídicas, Santiago de Cuba, 1999, pp. 33-42; M. Carrillo,

La tutela de los derechos fundamentales por

los tribunales ordinarios

, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, pp. 24-29.

226

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

chos humanos reconocidos por el ordenamiento constitucional, es decir, el

modo de proceder debe caracterizarse por la inmediatez, por la máxima ur-

gencia y abreviación en la tramitación y solución, compatibles con un co-

nocimiento adecuado del problema a dilucidar, siendo los efectos del fallo

protector esencialmente reparador, es decir, no sólo requiere de la sanción

sino que dispone la restitución al afectado en el goce de sus derechos.

Al decir de Cappelletti, las garantías jurisdiccionales específicas forman

parte de la llamada jurisdicción constitucional de la libertad,

6

la necesidad

de su establecimiento se ampara en la fundamentación doctrinal acerca

de los inconvenientes que la vía jurisdiccional general u ordinaria ofrece,

pues si bien es cierto que constituye la garantía de “primer orden” o las

“garantías del día a día” de los derechos humanos, no es menos cierto

también que los procedimientos que en esa vía se ventilan suelen ser dila-

tados y complejos, lo que resulta perjudicial a la protección de los derechos

humanos, que en todo caso debe caracterizarse por la rapidez, brevedad y

eficacia, dada la naturaleza del bien jurídico tutelado, por tanto, el retraso

en la protección del derecho puede convertirla en inútil, pues con frecuen-

cia desaparece la situación que demandaba tal protección, o se llega a tal

estado de cosas que la preservación del derecho o el restablecimiento del

mismo resulta del todo imposible, de ahí que el elemento temporal integra

el logro de la garantía.

Estas garantías jurisdiccionales específicas pueden ser:

Ordinarias

, cuando se trata de un procedimiento específico para la

defensa de los derechos humanos ante los propios órganos judiciales or-

dinarios. Ejemplos: el

habeas corpus

, la Acción de Tutela en Colombia, el

procedimiento preferente y sumario en España.

Extraordinarias

, cuando

se trata de un procedimiento específico para la defensa de los derechos

humanos ante órganos jurisdiccionales especiales o especializados, como

es el caso de los recursos o procedimientos establecidos en algunos países

ante los tribunales constitucionales.

2. L

A

TUTELA

DE

LOS

DERECHOS

HUMANOS

EN

C

UBA

,

REALIDAD

Y

EXIGENCIA

JUDICIAL

El 24 de febrero de 1976 fue proclamada públicamente la Constitución

Socialista de Cuba, que días antes había sido aprobada mediante un demo-

6

M.

Cappelletti,

La jurisdicción constitucional de la libertad

, México, 1961, pp. 17ss.

227

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

crático referéndum popular. En materia de derechos humanos, la Constitu-

ción de 1976 siguió el modelo constitucional socialista de tipo estatalista,

7

derivado de la experiencia del constitucionalismo soviético, tanto en la

declaración o reconocimiento del conjunto, como en lo referido a la con-

dicionalidad material y al sistema de garantías, sin olvidar los documentos

internacionales sobre la materia, pero más que todo consagrando el ideario

progresista e independentista de cien años de lucha cuyo máximo referente

se encuentra en el pensamiento de José Martí y su exaltación a la dignidad

plena del hombre.

8

La Constitución de 1976 reconoció un amplio conjunto de derechos y

libertades a los ciudadanos e individuos, no restringiéndolos a los derechos

de la primera generación, sino ampliándolos con la incorporación de los

de la segunda generación y en cierta medida sienta las bases para la futura

enumeración de los derechos de la tercera generación.

9

Se agruparon un conjunto de derechos y libertades en el capítulo

VII

,

bajo la denominación “Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales”.

Teóricamente es discutible ese agrupamiento y esa denominación, pues

puede interpretarse que los derechos no comprendidos en este capítulo no

poseen el mismo rango que aquéllos.

Tal postura constituyente debe ser esclarecida porque no parece admisi-

ble que intencionalmente se haya establecido una clasificación jerárquica

de derechos, reconociendo a unos mayor valor sociojurídico que a otros,

más, si los no incluidos son derechos tan importantes para el hombre,

como los derechos al sufragio, a participar en la vida política del país, a

la igualdad, a la propiedad y a la herencia, a la libre creación artística,

científica e intelectual.

10

La explicación a esta postura puede encontrarse en la estructura dada

al texto constitucional en capítulos y artículos, destacando el Constitu-

yente la importancia y significación de determinados derechos, como por

7

Para un análisis del modelo constitucional socialista en cuanto a las declaraciones de derecho y sus

garantías, véase H. Fix-Zamudio,

La protección.

..

,

Op. cit.

, pp. 2-46.

8

J.

Fernández Bulté, “Enfoque constitucional cubano de los derechos humanos y su protección”, Semi-

nario sobre Derechos Humanos,

Op. cit.

, pp. 129-134.

9

El artículo 27 de la Constitución de la República, no reconoce el derecho de medio ambiente, sólo

establece la postura del Estado cubano en cuanto a la protección del medio ambiente y el deber de los

ciudadanos de contribuir a la preservación del mismo. Para un análisis al respecto puede consultarse, J.

Méndez López, D. Cutié Mustelier y A. Loperena, “El derecho a la protección del medio ambiente en el

contexto latinoamericano”,

Revista de la Universidad Eugenio María de Hostos

, Ed. Barco de Papel,

Puerto Rico, 1997, pp. 81ss.

10

Véanse fuera de este capítulo, los artículos 134, 40, 55, 28 y 38.

228

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

ejemplo: la igualdad, el sufragio, la ciudadanía, al plasmarlos en capítulos

aparte, sustrayéndolos con esa intención del núcleo principal de derechos

reconocidos bajo el rótulo de fundamentales, siguiendo también aquí el

modelo de la Constitución de 1940, que agrupó determinados derechos

bajo la denominación de fundamentales, mientras que otros fueron regu-

lados en títulos aparte.

En tal sentido, la lectura del artículo 137 (número correspondiente al

texto reformado en 1992) viene a resolver la polémica, pues en él se equi-

paran todos los derechos contenidos en la Carta Magna, al dotarlos a todos

con la garantía de la rigidez constitucional, allí contenida.

Asimismo, no se agotó en la regulación constitucional todo el con-

junto de derechos y libertades contenidas en la Declaración Universal de

Derechos Humanos de 1948, permitiendo así que disposiciones normati-

vas ordinarias reconocieran determinados derechos, como la personalidad

jurídica, la presunción de inocencia, libertad de circulación y emigración,

a crear sindicatos y afiliarse a ellos, práctica que implica entender esas

normas como una extensión de la Constitución en materia de derechos

humanos y que el tema deba ser tratado en dos niveles, a saber: el texto

constitucional y la legislación ordinaria.

11

También se hizo en algunos

casos reconocimiento parcial a determinados derechos y otros como el

derecho a la vida, al honor, no están indicados de modo expreso.

Empero, en la Constitución se reconocen los derechos al deporte y a la

queja, incluso como fundamentales, los que no aparecen reconocidos en la

doctrina constitucional, ni en la legislación internacional. Tal regulación

debe ser entendida como un aporte de la práctica constitucional y legisla-

tiva cubana al tema.

Con relación al sistema de garantías, el texto constitucional cubano

no ha sido lo suficiente preciso, aun y cuando denomina al título

VIII

De-

rechos, Deberes y Garantías Fundamentales, no distingue nítidamente los

derechos de las garantías; por el contrario, los preceptos se mezclan no tan

felizmente unos con otros, existiendo por un lado, una confusión termi-

nológica entre los derechos y garantías en sentido estricto, consignándose

11

Para el análisis de la concordancia del texto constitucional cubano de 1976 en materia de derechos,

con los documentos internacionales al respecto, pueden consultarse F. Raimundo Torrado,

Los derechos

humanos en Cuba

, Editora Política, La Habana, 1988; Dávalos Fernández, R.,

Los derechos humanos en

la legislación cubana

, Colección de Estudios Jurídicos No. 7, La Habana, 1989, pp. 13-16; A. Mariño,

D., Cutié, J. Méndez,

La cultura nacional de los derechos humanos. Informe de Investigación

, Santiago

de Cuba, 1995.

229

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

solamente como garantías, las condiciones materiales,

12

para la realización

de los derechos, sin aparecer, por tanto, plasmados en este capítulo los

medios o instrumentos adecuados para una pronta y eficaz tutela de los

derechos frente a posibles atentados o amenazas de los mismos.

No obstante, dispersos en el texto constitucional se regulan algunas

vías o mecanismos que sirven para la protección de los derechos; en primer

lugar aparece la garantía de la responsabilidad, consistente en la acción

para reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización

ante daño o perjuicio causado indebidamente por funcionario o agente del

Estado, con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos,

13

prevista en el artículo 26. Se trata pues, de una fórmula jurisdiccional para

restituir derechos e intereses por hechos ilícitos cometidos por agentes del

Estado, y se deja a la Ley la regulación de la forma de reclamar y obtener

la correspondiente reparación o indemnización.

En segundo lugar aparece la actuación de la fiscalía como el órgano

encargado del control y preservación de la legalidad (artículo 127), y la

rigidez constitucional prevista en el artículo 137 como garantía abstracta

o normativa. Sin embargo, es notoria la ausencia de regulación expresa

de las garantías jurisdiccionales. Ante tal situación surgen las preguntas

siguientes: ¿No existen las garantías judiciales en el país? ¿Qué papel des-

empeñan nuestros Tribunales Populares en la protección de los derechos

humanos?

Las respuestas a estas interrogantes podemos encontrarlas en el aná-

lisis que haremos más adelante, no sin antes señalar que la regulación

constitucional de las garantías judiciales de los derechos humanos es in-

suficiente.

3. C

ARACTERIZACIÓN

DE

LAS

VÍAS

JUDICIALES

EN

LA

PROTECCIÓN

DE

LOS

DERECHOS

(

PRINCIPALES

INSUFICIENCIAS

)

Con la entrada en vigor de la Constitución Socialista de 1976, el sistema de

garantías de los derechos humanos en Cuba se caracteriza por la limitada

12

Para un análisis detallado sobre la condicionalidad material como premisa insoslayable para asegurar

la viabilidad social del ejercicio de los derechos, véase A. Mariño Castellanos y otros,

La cultura nacional

de los derechos humanos en Cuba

, p. 5; Peraza Chapeau, J., “Protección constitucional de los derechos

humanos y su garantía”, en

Revista del

IIDH

, San José, Costa Rica, 1997, pp. 139-155.

13

Para más detalle, véanse A. R. Brewer Carías, “Fundamentos de los derechos humanos y la Constitución

cubana”, en

Revista del

IIDH

, San José, Costa Rica, 1997, p. 181; F. Álvarez Tabío,

Comentarios a la

Constitución Socialista

, Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1988, pp. 120-123.

230

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

utilización de los mecanismos jurisdiccionales y la exclusión del recurso de

inconstitucionalidad de parte afectada, pues como es sabido el haber con-

cebido el control constitucional tal y como lo hacía el modelo constitucio-

nal socialista, únicamente como un remedio político o haberle reconocido

sólo una naturaleza política que es lo mismo, alejado de su consideración

como instrumento jurídico, impidió su instrumentación posterior como

garantía directa de los derechos humanos.

14

La utilización de los mecanismos jurisdiccionales en la protección de los

derechos en Cuba es limitada, aún y cuando la legislación ordinaria vigente

expresamente fija a los tribunales entre sus principales objetivos: amparar

la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio, las relaciones fami-

liares y los demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (artículo

4c Ley No. 82 de 11 de julio de 1997, Ley de los Tribunales Populares). Sin

embargo, a los tribunales les han quedado reservadas únicamente las cues-

tiones de legalidad, no existiendo la jurisdicción constitucional, al quedar

reducido el subsistema de garantías jurisdiccionales a las llamadas garan-

tías generales o medios procesales ordinarios, o sea, los procedimientos

ordinarios o comunes (civil, penal, laboral, administrativo) a través de los

cuales se protegen los derechos de carácter ordinario y de forma refleja o

indirecta pueden utilizarse para la tutela de los derechos humanos.

No significa lo anterior, que los procedimientos que se ventilan ante

la jurisdicción ordinaria no sean importantes instrumentos para la tutela

de los derechos; todo lo contrario, es el proceso judicial la vía ordinaria

para la defensa de los derechos; deben ser los órganos judiciales los que en

primer lugar apliquen la Constitución; lo que sucede es que, al no existir

para la tutela de los derechos cauces procesales específicos (con la sola

excepción del

habeas corpus

), caracterizados por la persecución de la ma-

yor rapidez en la consecución de la protección, la defensa de los derechos

humanos se verá, a efectos procesales, equiparada a la de cualquier otro

derecho o interés y experimentará las insuficiencias y dilaciones propias

del sistema procesal ordinario y del funcionamiento de los órganos juris-

diccionales.

Hay autores que encuentran la justificación del actual diseño del sub-

sistema de garantías jurisdiccionales de los derechos humanos, en el prin-

cipio de unidad de poder que rige la actuación de los órganos del Estado

14

Para más detalle sobre el control constitucional en Cuba luego de la entrada en vigor de la Constitu-

ción Socialista de 1976, véase A. Mariño Castellanos, “El control de la constitucionalidad de las leyes en

Cuba”, Cap.

III

, Tesis doctoral, Santiago de Cuba, 1996.

231

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

en Cuba, partiendo del supuesto de la supremacía del órgano legislativo y

la subordinación jerárquica de los tribunales a éste; sostienen que dicho

órgano no puede ser juzgado en caso de dictar una ley inconstitucional

por los tribunales, pues implicaría invadir sus funciones o colocarse por

encima de él, con lo cual caen en una confusión doctrinal al mezclar dos

instituciones del derecho constitucional: el control de la constitucionali-

dad de las leyes y las garantías de los derechos humanos.

Siguiendo al profesor Álvarez Tabío, la misión de los tribunales de pro-

teger los derechos humanos, no implica un veto a otro órgano del Estado

(o poder dentro del clásico tríptico de Montesquieu) sino la determinación

de la norma aplicable al caso concreto, lo cual significa esencialmente

administrar justicia.

En ningún caso los tribunales, al aplicar la Constitución, están impo-

niendo un veto a determinado órgano del Estado. Los jueces al fallar un

caso concreto están en el deber de buscar la norma aplicable y cuando des-

echan una para escoger otra, no están derogando ni vetando la norma des-

echada, sino limitándose a declarar cuál es el derecho en el caso concreto

sometido a su decisión,

15

es decir que la interpretación y aplicación de las

leyes por los tribunales, debe siempre estar regida por la valoración y el

respeto a los derechos humanos reconocidos por el texto constitucional.

Ahora bien, cuando lo que se busca es la inconstitucionalidad de una

norma, entonces el procedimiento no se ventila ante los tribunales. Para

ello existe el control político o abstracto a cargo de la Asamblea Nacional

del Poder Popular (artículo 75c).

Por otra parte, el subsistema de garantías jurisdiccionales se distingue

en Cuba por su dispersión normativa; esto es, encontrarse en varias leyes

y diferentes procesos que no brindan una tutela integral a todos los dere-

chos. Veamos pues, las diferentes vías que integran este subsistema:

a) El procedimiento de

habeas corpus

, no aparece regulado de modo

expreso en el articulado de la Constitución de 1976, pero sí en la Ley 5

de 1977, Ley de Procedimiento Penal, en su capítulo

IX

denominado del

Procedimiento de

habeas corpus

(artículos 467-478). Se trata de un pro-

cedimiento judicial para tutelar el derecho de libertad personal contra

detenciones arbitrarias, sin constituir un medio apropiado para la defensa

de otros derechos, por lo que el ámbito de protección de esta garantía es

muy específico y limitado.

15

F. Á

lvarez Tabío,

El recurso de inconstitucionalidad

, Ed. Librería Martí, La Habana, 1960, p. 8.

232

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

b) El procedimiento civil. Dentro de él se destacan como vías garan-

tistas:

q

El proceso de amparo en la posesión, constituye una garantía

limitada, pues no brinda una defensa integral al derecho de propiedad

al referirse tan sólo a la posesión. La actual Ley de Procedimiento Civil,

Administrativo y Laboral en su título

IV

, artículos 393 al 424 supera la

regulación tradicional establecida en el ordenamiento jurídico cubano por

la Orden 362 de 1900 del Gobierno de Ocupación Norteamericana, pues el

actual amparo en la posesión sobrepasa los estrechos límites de los aten-

tados o despojos en actuaciones judiciales y se extiende a cualquier acto

o actuación ocurrida fuera de esto, proveniente de autoridades u órganos

administrativos, incluso de particulares. Esto sin dudas constituye una de

las ventajas de este proceso unido a la naturaleza sumaria de sus trámites.

No obstante, su gran limitación es que no protege el derecho de propiedad

en su totalidad al amparar sólo una parte de éste, la posesión.

q

Proceso sucesorio. Su ámbito protector es también limitado al

brindar tutela sólo al derecho a la herencia previsto en el artículo 24 de

la Constitución.

q

El proceso reivindicatorio de bienes muebles: Permite la tutela del

derecho de propiedad sólo de bienes muebles. Su naturaleza varía según la

cuantía del bien en proceso ordinario o sumario, por lo que la tramitación

puede ser más lenta o más rápida según el valor del bien reclamado.

q

Indemnización por daños y perjuicios: A través de él se puede tu-

telar cualquier derecho siempre que la lesión resulte un daño o perjuicio

para su titular. Es un medio efectivo para la restitución de los derechos

(Código Civil, Capítulo

IV

, Sección segunda, artículos 82-98). Ahora bien, el

inconveniente radica en la tramitación que no es uniforme, al no seguirse

siempre los mismos términos, esto es en el caso en que la indemnización

sea derivada de responsabilidad penal la tramitación será rápida, pues se

seguirán los términos fijados para el proceso sumario de alimentos (ins-

trucción 104 de 1982

TSP

), mientras que en los demás casos la tramitación

varía siguiendo los cauces de un proceso ordinario o sumario según la

cuantía de lo reclamado.

Como vemos, la desventaja del procedimiento civil radica principal-

mente en la falta de uniformidad de los términos y trámites a seguir, lo

cual queda en dependencia del tipo de proceso que se inste para reclamar

el derecho, por lo que en algunos casos será lenta la tramitación, si se trata

de proceso ordinario o más rápida si es sumario.

233

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

c) Procedimiento administrativo: Se conoce con el nombre de conten-

cioso-administrativo, siguiendo la tradición hispánica.

Las ventajas de este procedimiento son: que su ámbito protector abarca

cualquier derecho, siempre y cuando el titular tenga la condición de admi-

nistrado y la lesión provenga de la Administración Pública o sus agentes,

así como el efecto anulador de la sentencia estimativa que podrá revocar

total o parcialmente la disposición o resolución impugnatoria (artículos

690 y 691 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral).

Mediante este procedimiento pueden impugnarse ante la Sala de lo

Civil y Administrativo del Tribunal Supremo Popular y de los restantes

Tribunales Provinciales Populares todas las pretensiones que se deduzcan

contra las disposiciones de carácter general y las resoluciones dictadas por

los organismos de la Administración Central del Estado, sus delegaciones

territoriales, así como los comités ejecutivos

16

de los Órganos Provinciales

y Municipales del Poder Popular; incluyendo, además, las cuestiones re-

lacionadas con la Ley de Reforma Urbana

17

que vulneren derechos legal-

mente establecidos a favor del reclamante.

Esta vía ha de cumplir determinantes funciones, pues, además de los

casos en que autoriza las impugnaciones directas contra actos y violacio-

nes provenientes de la administración y sus agentes, legitima al lesionado

para que ante esa jurisdicción reclame indemnización de daños y perjui-

cios en aquellos casos en que no pueda impugnar directamente el acto o

la resolución lesionadora.

No obstante, tiene las limitaciones que prevé el artículo 657 de la Ley

de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en los incisos cuatro y

cinco, que excluyen del conocimiento de esta jurisdicción: las materias

constitucionales y el ejercicio de la potestad discrecional. Cuestiones éstas

que desde luego restringen el ámbito protector de esta vía garantista, sobre

todo en el primer caso, pues al plantearse de una manera tan general y am-

plia el término “materias constitucionales”, puede entenderse que las recla-

maciones sobre derechos reconocidos en el texto constitucional no podrán

instarse ante esta vía, con lo cual se entraría en una contradicción con el

artículo 656 inciso primero, que autoriza a la jurisdicción administrativa

a conocer todas las pretensiones que se deduzcan contra las disposiciones

16

Los comités ejecutivos de los órganos locales del poder popular desaparecieron como consecuencia de

la Ley de Reforma Constitucional de 1992 y en su lugar se crearon las administraciones locales.

17

En la actualidad los conflictos que se ventilan a través de este procedimiento son los derivados de la

aplicación de la Ley General de la Vivienda de 1988.

234

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

de carácter general y resoluciones que emanen de la administración y que,

en uno y otro caso, vulneren derechos legalmente establecidos a favor del

reclamante.

Es cierto que la redacción del inciso cuarto del artículo 657 ofrece du-

das y puede pensarse que se excluyen las reclamaciones sobre derechos

reconocidos en el texto constitucional, pero pensamos que el sentido del

legislador no era excluir tal materia sino las relativas a las cuestiones de

constitucionalidad de las leyes y demás disposiciones de carácter general,

para lo cual se debe seguir el procedimiento establecido ante la Asamblea

Nacional del Poder Popular.

De todas formas, dadas las potencialidades que brinda el procedimiento

administrativo para la tutela de los derechos humanos, consideramos debe

ser modificada o aclarada la redacción del precepto comentado.

Otra limitante de esta vía es la demora en la tramitación: los términos

son generalmente largos, aproximadamente la duración es similar a la de

un proceso ordinario, lo cual sin dudas es perjudicial, cuando de la tutela

de un derecho humano se trate, que en todo momento debe caracterizarse

por la inmediatez.

d) La garantía jurisdiccional penal.

Este nivel de garantía supone el conocimiento que los tribunales de la

jurisdicción ordinaria penal según su propia competencia, realicen de los

delitos cometidos contra los derechos humanos reconocidos en la Consti-

tución y protegidos por la legislación penal.

Autores, como Martín Rebollo

18

y Joaquín García Morillo

19

han expre-

sado sus dudas sobre la idoneidad de esta vía para proteger los derechos

fundamentales, argumentando que lo que caracteriza al proceso penal no

es la tutela de derechos subjetivos, ni tan siquiera el reponer a la víctima

o al ofendido en la situación anterior a la producción de hechos punibles;

a través del mismo, se trata más bien de perseguir y sancionar conductas

tipificadas como delitos y faltas.

Ciertamente el proceso penal tiene como objeto el enjuiciamiento de las

conductas transgresoras de normas penales y eventualmente, la imposición

de una sanción en el supuesto de que se determine la efectiva existencia

de la transgresión. Pero no es objeto del proceso penal ni la preservación

18

M.

Rebollo, “La vía judicial previa al recurso de amparo constitucional”,

en

Tribunal Constitucional

,

Vol.

II

, Madrid, 1981, pp. 1667-1709.

19

J.

García Morillo,

El amparo judicial de los derechos fundamentales

, Ministerio de Justicia, Madrid,

1985, p. 102.

235

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

de un concreto derecho subjetivo ni la reparación del daño causado por la

violación de aquél.

Es decir, el proceso penal tiene su base en la comisión de un ilícito penal,

con independencia de que dicha comisión hubiere lesionado o no derechos

ajenos, por lo que la regulación de conductas delictivas se fundamenta no

en la lesión de un interés individual, sino en la lesión de bienes considera-

dos como socialmente protegibles y trasciende, por ello, de la mera lesión

de un derecho de carácter individual, cuya reparación o reposición puede

lograrse a través de otras vías, como por ejemplo la responsabilidad civil.

Sin embargo, es común que la legislación penal de cada país establezca

determinadas conductas delictivas, como es el caso de los delitos contra el

honor, la vida, etc., cuya comisión implica la violación de ciertos derechos

humanos, convirtiéndose de esta forma en un instrumento de protección

de los mismos al sancionar hechos que atentan contra el ejercicio de los

derechos. Para la puesta en marcha de esta vía protectora de los derechos

humanos, se exigen dos requisitos indispensables, que muestran el carácter

limitado de la misma:

1) Que la lesión o violación producida haya afectado a un derecho

humano.

2) Que esta acción lesiva esté tipificada por la legislación penal como

delito.

El Código Penal Cubano, Ley No. 62 de 1987, brinda protección a determi-

nados derechos al prever y sancionar varias figuras delictivas cuya comisión

entrañaría la violación de derechos reconocidos por el texto constitucional.

De esta forma el título

IX

, denominado “Delitos Contra los Derechos Indivi-

duales”, regula una serie de conductas delictivas que atentan contra algunos

de los derechos fundamentales recogidos en el capítulo

VII

de la Constitución,

como es el caso de la libertad e inviolabilidad personal, la inviolabilidad del

domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de palabra y pren-

sa, los derechos de reunión, asociación, queja y petición, libertad de cultos;

también son protegidos el derecho de propiedad y la igualdad, aunque estos

dos, como ya dijimos, no aparecen dentro del capítulo

VII

.

Por otra parte el título

X

, Delitos contra los Derechos Laborales, tutela

penalmente los derechos al trabajo y a la protección e higiene del trabajo,

mientras que el capítulo

V

del título

III

, protege el derecho a la salud.

Precisamente en la enumeración específica y casuística de conductas

delictivas que vulneran determinados derechos radica, como ya expre-

samos, una de las limitaciones o inconvenientes que presenta esta vía

236

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

garantista, ya que no todos los derechos reconocidos por la Constitución

reciben protección penal.

Como se aprecia, de 20 derechos reconocidos en el capítulo

VII

bajo

el rótulo de fundamentales, sólo doce reciben protección penal y de los

restantes derechos que se regulan en otras partes del texto constitucional

(fuera del capítulo

VII

) sólo tres: el derecho de propiedad, la igualdad y el

derecho al sufragio son

20

protegidos a través de esta vía.

Resulta significativo que los derechos aquí tutelados, se corresponden

en su gran mayoría con los llamados derechos civiles y políticos (aunque

no todos los de este tipo reciben dicha protección) y de los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales, sólo los derechos al trabajo, a la protección

e higiene del trabajo y a la salud reciben protección penal.

Ante tal situación surge la pregunta: ¿Quiso el legislador establecer

un orden de prioridad o jerarquía en la protección penal de los derechos

humanos, al tutelar a unos y dejar desprotegidos a otros?

En realidad, el Código Penal ofrece tutela a un grupo amplio pero selecto

de derechos, lo cual encuentra justificación en el hecho de que no toda vulne-

ración de un derecho humano implica delito; el legislador sólo ha tipificado

como delito aquellas conductas socialmente peligrosas, de gran connotación

y repercusión social, lesivas a los derechos humanos, y no cualquier tipo de

infracción que puede encontrar su corrección en otras vías garantistas.

Lo que sí llama la atención es que la protección penal esté dirigida en

mayor medida a los derechos civiles y políticos y unos pocos derechos

económicos, sociales y culturales reciban esta protección.

No pensamos que la fundamentación a esta situación radique en los

argumentos esgrimidos por los constitucionalistas europeos con relación

a la naturaleza no justiciable de los derechos de la segunda generación y

que su realización depende de la política social que trace el legislador, pues

en realidad estos derechos han recibido en nuestro país un tratamiento

priorizado y el Estado ha puesto todo su empeño en el logro de su real

disfrute por el ciudadano, al crear la condicionalidad material necesaria

para su viabilidad social.

20

El Código Penal cubano no recoge la figura delictiva que atenta contra el derecho al sufragio pero

la Ley Electoral, Ley 72 de 29 de octubre de 1992 en su título

XI

, “De lo ilícito de lo electoral”, artículo

172, establece una serie de conductas delictivas, algunas de las cuales atentan contra este derecho, las

que serán tramitadas acorde con el procedimiento establecido para los delitos de la competencia de

los Tribunales Municipales Populares y serán sancionados con multas de diez a ciento ochenta cuotas.

Este fenómeno se le denomina en la doctrina penal como derecho penal accesorio. Véase al respecto H.

Heinrich Jescheck,

Tratado de derecho penal, Parte general

, Vol.

I

, Barcelona, 1981.

237

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

Además de que esta vía garantista no abarca a todos los derechos con-

sagrados en la Constitución, otro inconveniente que incide en la efectivi-

dad de la misma es que algunos de los derechos por ella protegidos sólo

reciben una tutela parcial al no comprender al derecho en toda su dimen-

sión constitucional, tal es el caso del derecho de propiedad, el derecho al

trabajo, el derecho de queja y petición y el derecho al sufragio (véanse

los artículos 297 del Código Penal con relación a los artículos 45 y 46 de

la Constitución, el 292.1c del Código Penal con relación al 63, el 293 del

Código Penal con relación al 21 de la Constitución, el 172 incisos b, c, h,

plecas 2 y 4 de la Ley 72 de 29 de octubre de 1992, Ley Electoral).

En este aspecto, la generalidad de los tipos delictivos describen con-

ductas que atentan contra el derecho porque obstaculizan el ejercicio del

mismo, es decir, impiden que el titular del derecho lo ejerza de acuerdo a su

dimensión constitucional; sin embargo, sólo en el caso del derecho al su-

fragio se configuran dos conductas referidas a posibles excesos o extrali-

mitaciones

21

que pueden cometer las personas en el ejercicio de sus propios

derechos (véanse los incisos b y c del artículo 172 de la Ley Electoral).

Sobre esta cuestión, no queda del todo claro para la propia doctrina

constitucional si el restablecimiento de este tipo de garantía sólo se refiere

a presuntas violaciones de derechos fundamentales sancionadas penal-

mente, o a los posibles excesos que se hayan producido en el ejercicio de

estos derechos.

Es significativo el hecho de que el Código Penal por una parte restringe

su ámbito de protección, al tutelar sólo algunos derechos reconocidos en

la Constitución y por otra extiende dicha protección a otros derechos que

no están previstos en el texto constitucional, tal es el caso del derecho a la

vida (título

VIII

capítulos

II

,

III

,

IV

,

V

,

VI

,

VII

,

VIII

) y el derecho al honor (título

XII

, artículos 318-321 del Código Penal), apreciándose una incongruencia

entre la Constitución y el Código Penal, que en este sentido, indudable-

mente ha sido más avanzado que la Constitución al reconocer y tutelar

dos derechos humanos de gran significación recogidos en los documentos

internacionales

22

y que la Constitución debió reconocer.

21

No obstante el Código Penal regula otras figuras delictivas donde se sancionan excesos o extralimita-

ciones en el ejercicio de algunos derechos, como es el caso del delito de abuso de la libertad de cultos,

previsto en el artículo 206, el delito de asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas (artículos 208

y 209) y la clandestinidad de impresos (artículo 210).

22

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, reconoce en su artí-

culo 3 el derecho a la vida y en el artículo 12 el derecho al honor. Por su parte el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos adoptado el 16 de diciembre de 1966 en el artículo 6 reconoce el derecho a

238

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

Lo anterior corrobora nuestro planteamiento inicial de que en Cuba

existen dos niveles de reconocimiento de los derechos, a saber: la Consti-

tución y la legislación ordinaria.

En resumen, los inconvenientes que se pueden atribuir a esta vía ga-

rantista son:

No puede alegarse ante esta vía cualquier violación de un derecho humano,

sino sólo aquellas que están tipificadas como delitos en la legislación penal.

Todos los derechos reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento

jurídico nacional no reciben tutela penal.

La finalidad principal de la garantía jurisdiccional penal es sancionar

las conductas violatorias de los derechos humanos, por lo que la sentencia

tiene en estos casos efecto reparador relativo, al no restituir al titular en el

goce de su derecho, situación que se agrava más en el caso nuestro, cuan-

do la tramitación de estos asuntos sigue los cauces procesales ordinarios

establecidos, por lo que si el proceso contra el autor del delito se prolonga

en tales casos, cuando se obtiene la condena, está socialmente olvidada

la ofensa.

e) La protección jurisdiccional de los derechos humanos en el ámbito de

las relaciones laborales. Este supuesto se refiere a la protección de los dere-

chos humanos cuando la lesión se produce en el marco de las relaciones ju-

rídicas de carácter laboral, siendo el procedimiento laboral la vía adecuada

para alegar tales violaciones y encontrar la debida tutela a esos derechos.

El ámbito protector de esta vía abarca fundamentalmente los derechos

de índole laboral, siempre que la lesión del derecho que justifique la pro-

tección procesal del recurrente, proceda de una entidad laboral.

Ésta es una vía importante para la protección de los derechos de este

tipo, ya que sitúa al juez laboral en una posición equivalente a la de cual-

quier otro de área jurídica distinta. Es decir, el juez o Tribunal Laboral,

debe delimitar con su decisión qué es lo que él considera violación del

derecho laboral y qué es lo que queda al margen de aquélla.

Además de esta importante actividad interpretativa que deberá realizar

el juez en la defensa de estos derechos, la vía laboral ofrece ventajas para

la eficaz tutela de los mismos, que se resumen en:

1) Los efectos de la sentencia, que dispondrá en los casos en que se

declara la existencia de la vulneración alegada:

la vida y el artículo 17 el derecho al honor.

239

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

•

La reposición de la situación del trabajador al momento anterior a

producirse la lesión.

•

La reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la

indemnización que procediera.

2) El procedimiento basado en los principios de sencillez, celeridad y

oralidad. No obstante las referidas ventajas, el diseño actual de la juris-

dicción laboral en Cuba ofrece limitaciones que impiden que sea una vía

óptima en la tutela de los derechos humanos.

La primera de estas limitantes es:

•

La existencia de diversos regímenes especiales en materia de discipli-

na laboral y del trabajo en cuyos casos, los conflictos con la administra-

ción no se ventilan ante los tribunales. A pesar de que el Decreto-Ley No.

176 de 15 de agosto de 1997, crea un sistema de justicia laboral que abarca

la casi totalidad de las actividades laborales y reduce la gran diversidad de

procedimientos especiales vigentes en el país para la solución de los con-

flictos disciplinarios, aún es apreciable la existencia de estos regímenes en

algunas esferas como: el Sistema de Órganos Aduaneros, los contingentes

de construcción y agrícola (en materia de disciplina laboral), las Unidades

Básicas de Producción Cooperativa y las direcciones municipales, provin-

ciales y nacionales de las organizaciones sociales y de masas, así como

el personal civil de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior (en

materia de disciplina y derechos laborales).

En estos casos los conflictos continuarán siendo resueltos a través de

los procedimientos especiales creados para cada uno, quedando por tanto

excluidos de la garantía judicial.

Llama la atención el hecho de que aún y cuando este cuerpo legal, re-

duce considerablemente los regímenes especiales, sin embargo el artículo

15 del propio Decreto-Ley, en contradicción con el propósito que lo anima,

autoriza la existencia de un procedimiento especial para la solución de los

conflictos derivados de la imposición de la medida de separación del siste-

ma en sectores, donde fueron eliminados tales procedimientos especiales.

•

Otra limitante de esta garantía es la simplificación del uso de la vía

judicial surgida con la creación de los Órganos de Justicia Laboral de Base

por el Decreto-Ley 132 de 9 de abril de 1992, órgano de jurisdicción dele-

gada competente para dirimir los conflictos surgidos entre los trabajadores

y entre éstos y la entidad empleadora: es la instancia definitiva con respec-

to a los conflictos surgidos por la aplicación de medidas que no modifican

240

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S

o lo hacen por un tiempo determinado el estatus del trabajador, por lo que

reduce la actuación de los tribunales sólo para aquellas reclamaciones que

se establezcan contra las decisiones de los órganos de justicia que impli-

quen una variación definitiva de la situación laboral del trabajador y en

materia de derechos laborales.

Es significativo, además, que contra lo resuelto por los Tribunales Mu-

nicipales Populares no procede recurso alguno.

Por otra parte la eficacia en la tutela de los derechos laborales puede

ponerse en peligro si tenemos en cuenta el hecho de que la vía protectora

es el propio procedimiento ordinario laboral, donde se ventilan las recla-

maciones por presuntas lesiones de derechos humanos de los trabajadores,

unidos a cuestiones de mera legalidad, lo que conduce a que la protección

de los derechos humanos solicitada ante esta vía se haga de una manera

indirecta o de forma equivalente a la de cualquier otro derecho o interés

alegado.

4. C

ONCLUSIONES

En resumen, a las garantías judiciales en Cuba les son inherentes las si-

guientes características:

q

Ventajas o potencialidades:

•

La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nom-

bre de éste por los tribunales (artículo 120 de la Constitución).

•

Los tribunales son órganos independientes e imparciales (artículos

121 y 122 de la Constitución).

•

La fuerza obligatoria de sus fallos (artículo 123 de la Constitución).

•

Efectos reparadores de los fallos.

•

Composición dual, integrados por jueces legos y profesionales (artí-

culo 124 de la Constitución).

•

Elección popular de los jueces.

•

Condiciones políticas, morales y sociales para ostentar la condición

de juez.

Ventajas que indican que nuestros tribunales reúnen condiciones para cons-

tituirse en garantes máximos de los derechos humanos.

q

Limitaciones o inconvenientes:

•

No existe regulación expresa de las garantías jurisdiccionales en el

texto constitucional.

241

I U S 2 1

|

P R I M A V E R A

2 0 0 8

•

Se trata de un sistema disperso en sede judicial ordinaria, integrado

por los diferentes procesos ordinarios o comunes (civil, administrativo,

penal, laboral) que poseen naturaleza distinta y que se ventilan en dife-

rentes instancias.

•

No existe uniformidad en la tramitación, los términos varían según la

naturaleza de los procesos utilizados.

•

En sentido general estos procedimientos brindan tutela a determi-

nados derechos en específico y no a una pluralidad de ellos (excepto el

administrativo).

•

Al estar diseñados estos procedimientos para ventilar cuestiones de

legalidad, la defensa de los derechos humanos se puede realizar sólo de

manera indirecta o equiparada a la de cualquier derecho o interés legítimo,

lo cual disminuye

prima facies

la eficacia de dicha protección, que dada la

naturaleza del bien jurídico tutelado (derechos humanos) debe gozar de un

carácter preferente, pues de lo contrario dicha tutela sería tardía, cuando

no ineficaz.

•

A la tutela de los derechos humanos ante los tribunales le son atri-

buidas las dilaciones e inconvenientes derivados del sistema procesal or-

dinario y del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales (tales como

lo formal, lento, costoso y complejo principalmente de la tramitación de

los procesos que se ventilan ante esta vía).

Lo anterior conduce a plantear que el subsistema de garantía jurisdiccional

en Cuba requiere de un perfeccionamiento, para que pueda cumplir con ca-

lidad y eficacia la importante función de defensa de los derechos humanos,

máxime cuando los tribunales ordinarios están entre los protagonistas de

esta alta misión que le ha sido encomendada por la citada Ley 82/97, Ley de

los Tribunales. Dicho perfeccionamiento puede estar encaminado al diseño

en sede judicial ordinaria de un mecanismo específico, directo, ágil, breve,

preferente y sumario para la tutela de los derechos humanos.

R

EFERENCIAS

242

R E V I S T A D E L I N S T I T U T O D E C I E N C I A S J U R Í D I C A S