CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO

Villabella Armengol, Carlos Manuel

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Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

* Recibido: 2 de marzo de 2010. Aceptado: 4 de abril de 2010.

Profesor titular de derecho constitucional en la Universidad de Camagüey, Cuba (

cvilla61@yahoo.com

R E S U M E N

El presente artículo valora los postulados teóri-

cos sobre los que se erige el nuevo constitucio-

nalismo latinoamericano emergido en el siglo

X X I

, analizándolo, en particular, a través de la

preceptiva de las Constituciones de Venezuela,

Ecuador y Bolivia, como exponentes más signi-

ﬁcativos de éste. Sobre este contexto, retoma

los postulados doctrinales asentados en torno

a los modelos o tipos de democracia, y hace un

análisis de la democracia de nuevo tipo que se

ha desarrollado en los últimos años en los paí-

ses citados, describe la normativa constitucio-

nal que la sustenta y establece consideraciones

sociológicas sobre ella.

P A L A B R A S

C L A V E

Nuevo constitucionalismo

latinoamericano, democracia en América Lati-

na, modelos de democracia, Constitución y de-

mocracia.

A B S T R A C T

The following article assesses the theoretical

postulates about those who set up in the new

Latin American constitutionalism emerging in

the twenty ﬁrst century, analyzing individually

through the constitutions perspectives of Ve-

nezuela, Ecuador and Bolivia as the most signi-

ﬁcant exponents in the east. In this context, it

retakes the settled doctrinal postulates around

the models or type of democracies that make

an analysis on the new type of democracy that

has been developed in the last few years in

the above mentioned countries, describing the

constitutional norms that support and esta-

blished sociological considerations about it.

K E Y

W O R D S

New Latin American constitu-

tionalism, democracy in Latin America, demo-

cracy models, democracy and Constitution.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA

EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO

LATINOAMERICANO*

DEMOCRACY AND CONSTITUTION

IN THE NEW LATIN AMERICAN

CONSTITUTIONALISM

Carlos Manuel Villabella Armengol**

IUS 25

VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

Sumario

1. Los postulados del neoconstitucionalismo

2. Del neoconstitucionalismo al nuevo constitucionalismo latinoamericano

3. Los modelos teóricos de democracia

4. El nuevo paradigma democrático en Latinoamérica

5. Consideraciones para la construcción de un nuevo modelo de democracia en América

Latina

6. Bibliografía

1. Los postulados del neoconstitucionalismo

En la teoría del derecho constitucional ha tomado cuerpo el término

neoconsti-

tucionalismo

como expresión que sintetiza un conjunto complejo y multifacé-

tico de nuevas tendencias conceptuales, criterios de positivación y actuaciones

jurisprudenciales que reﬂejan un modo de pensar e interpretar la Constitución

de nuevo tipo.

La denominación fue acuñada en la década de años los noventa,

y aunque

no se ha estructurado teóricamente un concepto unívoco de este fenómeno,

debido a que subsume aspectos heterogéneos, el término ha cobrado consenso

para identiﬁcar un momento evolutivo de esta disciplina. Sus apologistas sos-

tienen incluso que el concepto reﬂeja la corporización de una nueva noción de

Estado, la del Estado constitucional de derecho o Estado constitucional demo-

crático, que es una forma distinta de entender, normativizarse y materializarse

el Estado constitucional.

En esta última tesitura, Manuel A

T I E N Z A

plantea que ha advenido un nuevo

paradigma constitucional;

Paolo C

O M A N D U C C I

que es expresión de una nueva

cultura constitucional que se erige sobre una perspectiva teórica, ideológica y

metodológica diferente,

y M. A. A

H U M A D A

que subsume un nuevo modelo teóri-

co que se asocia a una forma constitucional diferente y esquiva a las etiquetas

tradicionales.

Al margen de la valoración que pueda tener en los diferentes autores la

magnitud de las transformaciones teóricas que el término sintetiza, lo cierto

es que las tendencias doctrinales que bajo esta etiqueta se esconden signiﬁcan

O Z Z O L O

, Susanna, “Neoconstitucionalismo y especiﬁcidad de la interpretación constitucional”,

Doxa.

Cuadernos de

Filosofía del Derecho

, núm. 21, 1998, pp. 339-354.

T I E N Z A

, Manuel,

El sentido del derecho

, Barcelona, Ariel, 2001, p. 309.

O M A N D U C C I

, Paolo, “Formas de (neo)constitucionalismo: un reconocimiento metateórico”,

Isonomía

, núm. 16, 2002,

pp. 85 y ss.

H U M A D A

M. A.,

La jurisdicción constitucional en Europa

, Madrid, Thomson-Civitas, 2005, p. 80.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

una ruptura con la visión positivista que se tuvo de la Constitución durante los

siglos

X I X

X X

Entre las tesis más sobresalientes del neoconstitucionalismo pueden recono-

cerse las siguientes:

1) Complexión abierta y ﬂexible de la Constitución, determinada porque en

ella se integran normas que estipulan un hacer o no hacer y cánones pre-

ceptivos, descriptivos y teleológicos, de textura dúctil y de alcance difuso

desde el punto de vista jurídico: “el contenido de la Constitución no se

agota en el signiﬁcado de sus términos y enunciados, en su semántica;

la naturaleza última de las normas constitucionales es prelingüística, es

axiológica. Por eso las Constituciones dicen más de lo que los términos

signiﬁcan”.

Esa arquitectura constitucional de reglas y principios la dimensiona con

valor programático y axiológico en tanto la proveen de un

ethos,

en donde

se hallan las claves del proyecto de

deber ser

pactado en el documento

constitucional; ofrecen el

mos

ideológico del poder público, y proveen el

plexo axiológico que ha de pautar la relación poder-sociedad-ciudadano.

De esta forma se delinea el techo ontológico de la Constitución, se trans-

mite el espíritu del pacto constituyente, se cualiﬁca la fórmula política.

Este conjunto de principios funciona, a su vez, como pautas hermenéu-

ticas del ordenamiento jurídico al transmitir los umbrales a la luz de los

cuales debe interpretarse el texto constitucional y suplirse las lagunas: “el

poder y el ordenamiento estatales no valen, no son tales sólo por asumirse

y ejercerse el primero conforme a las reglas y los procedimientos constitu-

cionalmente prescritos, por emanar simplemente dicho poder del segundo.

Valen porque derivan su validez última de los valores que propugnan y

realizan, respectivamente; en otras palabras, encuentran en dichos princi-

pios el parámetro de validez o legitimidad”.

2) Noción de Constitución material, lo cual implica asumir que ésta —a pesar

de que se conforma por normas de diferente calibre jurídico— tiene di-

mensión jurídica y eﬁcacia vinculante. Esto implica acepar que la diferente

textura de la preceptiva constitucional no demerita su fuerza normativa

sino, por el contrario, refuerza su rol como mandato de optimización her-

menéutica.

E R N A L

U L I D O

, Carlos, “Refutación y defensa del neoconstitucionalismo”, en

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

Teoría del

neoconstitucionalismo

, Madrid, Trotta,

U N A M

IIJ

, 2007,

p. 293.

A R E J O

L F O N S O

, Luciano, “Constitución y valores del ordenamiento constitucional y el ordenamiento jurídico”,

Com-

pilación de textos para Seminario Internacional

, Universidad de Alicante, 1997, p. 104.

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VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

Bajo este prisma, no habría fenómeno social al que no llegue su alcan-

ce y no habría problema jurídico que no pudiera ser constitucionalizado;

bien porque la Constitución lo tutele de manera explícita o porque quede

subsumido en sus normas de forma implícita:

Donde la estructura de la norma constitucional es suﬁcientemente completa para

valer como regla para casos concretos, debe de ser utilizada directamente […] La

Constitución es fuente directa de posiciones subjetivas para los sujetos del orde-

namiento, en todo tipo de relaciones en que puedan entrar […] directamente a las

relaciones entre los individuos y a las relaciones sociales.

3) Aﬁanzamiento de la garantía constitucional, lo que supone la existen-

cia de un sistema de control y protección jurisdiccional efectivo que se

materializa a través de diferentes modelos. A diferencia de la postura de

un control negativo y de mínimos que sostenía el constitucionalismo an-

terior, los neoconstitucionalistas aceptan la idea de un mayor activismo

jurisprudencial en correspondencia con la idea de Constitución abierta y

principalista que sostienen. De ello deviene que se perﬁle una actuación

jurisprudencial no limitada por el principio

self-restraint

y que se acepte

una exégesis decisionista, de máximos, de optimización de los mandatos

constitucionales y de completitud de los preceptos.

De esta forma, la jurisprudencia constitucional que deriva es creativa y

dialéctica, sincrónicamente diversa y diacrónicamente cambiante, noción

de la que emerge la idea de Constitución viviente

“La ley de la buena vi-

da de las Constituciones es el desarrollo en la continuidad, el instrumento

normal es la jurisprudencia, la reforma es un instrumento excepcional”.

4) Prevalencia de la ponderación como principio para la interpretación cons-

titucional, lo que implica sostener en cada caso una operación lógica me-

diante la que se equilibren los preceptos en colisión y se halle el punto de

optimización entre éstos. Ello proporciona un modelo argumentativo en el

cual no sólo hay subsunción en la norma de los hechos e interpretación,

sino también completitud, racionalización y justiﬁcación por parte del

intérprete. La ponderación no jerarquiza, sino conjuga y optimiza desde la

situación existente. Tampoco establece un abanico de soluciones rígidas,

sino un prototipo argumentativo ﬂexible.

A G R E B E L S K Y

, Gustavo,

Manuale di diritto costituzionale

, Turín, I. Giappichelli, 1991, p. 105.

A G R E B E L S K Y

, Gustavo, “Jueces constitucionales”, en

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

Teoría del neoconstitucionalismo

cit

p. 98.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

5) Constitucionalización del derecho, lo que signiﬁca su impregnación en

todos los planos del ordenamiento y su existencia como parámetro de

validez e interpretación de éste

: “

un ordenamiento jurídico constitucio-

nalizado se caracteriza por una Constitución extremadamente invasora,

entrometida, persuasiva, capaz de condicionar tanto la legislación como

la jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así

como las relaciones sociales”.

Un ángulo particular de ello lo constituye la expansión de los derechos

al ordenamiento jurídico, la noción de eﬁcacia directa de éstos —incluso

de los que reclaman una

interpositio legislatoris

—,

lo cual se sostiene en

la aceptación de que los derechos fundamentales tienen una dimensión

objetiva en virtud de la cual operan como componentes estructurales bá-

sicos que han de informar el ordenamiento jurídico y que condicionan la

actuación de los poderes públicos.

6) Desarrollo y multiplicación de la dogmática constitucional, motivada por

un doble proceso de ampliación de la titularidad y de multiplicación de los

derechos. Respecto a la titularidad de los derechos se ha producido una di-

versiﬁcación al admitirse que lo sean grupos de personas en determinadas

situaciones, gremios, colectividades sociales y pueblos. Al paralelo se ha

producido una multiplicación y especiﬁcación de ﬁguras a partir del desa-

rrollo cientíﬁco-técnico, la preocupación por proteger facetas especíﬁcas

del ser humano y la aparición de nuevas formas de agresiones a derechos

ya existentes.

En este camino, se ha desembocado en la conﬁguración de dos nuevas

dimensiones de los derechos: los derechos en situación y los derechos de

las minorías, las que modelan un esquema capaz de combinar la univer-

salidad con la situación de desventaja temporal o deﬁnitiva de personas

y grupos sociales, y las aspiraciones universales con prácticas multicultu-

U A S T I N I

, Riccardo, “La constitucionalización del ordenamiento jurídico”, en C

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

Neoconstitu-

cionalismo (s)

, México,

U N A M

IIJ

, 2003, p. 49.

Esto abre una discusión entre lo que se denomina un modelo geográﬁco, en el que están delimitadas las esferas

de actuación del Legislativo y el juez respecto a los contenidos constitucionales, y en particular los derechos, y lo que

se reconoce como modelo argumentativo, que reconoce el papel del legislador pero también admite el rol protagó-

nico del juez y su amplia discrecionalidad. Al contrario de lo que sostienen los positivistas, que plantean que este

último modelo asﬁxia al Legislativo, los neopositivistas señalan que “no yugula la libertad de conﬁguración que

corresponde al Parlamento, sino que sólo lo somete a una muy modesta exigencia de racionalidad o de prohibición

de arbitrariedad”. P

R I E T O

A N C H Í S

, Luis, “El constitucionalismo de los derechos”, en C

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

Teoría del

neoconstitucionalismo

op. cit.

, p. 221.

S T R A D A

, Alexei Julio, “Los tribunales constitucionales y la eﬁcacia entre particulares”, en C

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

Teoría del neoconstitucionalismo

op. cit.

, p. 137.

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REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

rales.

Así se propicia un nexo más real entre derechos e igualdad: “La

igualdad es, en primer lugar, igualdad en los derechos de libertad, que

garantizan el igual valor de todas las diferencias personales que hacen de

cada persona un individuo diferente a todos los demás y de cada individuo

una persona igual a todas las otras; y la igualdad es, en segundo lugar,

igualdad en los derechos sociales que garantizan la reducción de las desi-

gualdades económicas y sociales”.

7) Doctrina de la eﬁcacia horizontal de los derechos (

drittwirkung

). Esta con-

cepción constituye la ruptura de uno de los más fuertes dogmas devenidos

del constitucionalismo liberal, que enfocó a los derechos como atributos

subjetivos frente al poder del Estado. Así queda consagrada la noción de

que los derechos operan en el tráﬁco

inter privatos

8) Protagonismo del poder público en la materialización del derecho y de los

derechos, con lo cual se enfoca una rehabilitación del Estado como actor

político decisivo

en una triple dimensión: desde el Estado, impulsando

las diferentes políticas y creando las condiciones para su aplicación; en el

Estado, vigilando su actuación y contrarrestando los abusos de poder, y

más allá del Estado, induciendo el desarrollo de espacios democráticos en

la sociedad civil.

Esta noción se esboza además como razonamiento crítico a la tesis

defendida por los paladines de la mundialización neoliberal de una gober-

nanza sin gobierno

o gobernanza global,

erigida sobre un Estado mí-

nimo, gendarme, cuasi-invisible, que cede ante la autonomía del mercado

y los mecanismos autorreguladores de la sociedad civil. Este modelo de

Estado fue en realidad una ﬁcción teórica, en tanto el supuesto debilita-

miento de éste sólo se produjo a partir del propio impulso y hegemonismo

del Estado, que controló las diferencias variables económicas en beneﬁcio

de los poderes privados.

I S A R E L L O

, Gerardo, “Globalización, constitucionalismo y derechos”, en C

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

Teoría del neocons-

titucionalismo

op. cit

., p. 177.

E R R A J O L I

, Luigi, “Sobre los derechos fundamentales”, en C

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

Teoría del neoconstitucionalismo

op. cit

., p. 75.

Sobre el particular existen dos tesis sobre la eﬁcacia de los derechos en este plano: la tesis de la eﬁcacia mediata

o indirecta y la tesis de la eﬁcacia directa o inmediata. La primera sostiene que las normas de derechos constituyen

puntos de irrupción que gravitan sobre el ordenamiento, correspondiendo a la ley su desarrollo. La segunda sostiene

la eﬁcacia directa de los derechos desde su diseño constitucional.

A B O

, Carlos de,

Contra el consenso. Estudios sobre el Estado constitucional y el constitucionalismo social

, México,

U N A M

, 1997, p. 337.

O L O

, Danilo,

Cosmópolis. Perspectivas y riesgos de un gobierno mundial

, Barcelona, Paidós, 1997, p. 140.

A P E L L A

, Juan Ramón,

Fruta prohibida

, Madrid, Trotta, 1999.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

2. Del neoconstitucionalismo al nuevo constitucionalismo

latinoamericano

Luego del cierre del último ciclo de gobiernos militares en la década de los años

ochenta,

once países latinoamericanos se dotaron de nuevas Constituciones,

que buscaron de esta forma legitimar a las fuerzas políticas que advenían al

poder e institucionalizar la apertura democrática que se producía. Este consti-

tucionalismo se caracterizó,

grosso modo,

por los siguientes rasgos: extensión

y detallismo de los textos; apertura a contenidos particulares de las sociedades

(indigenismo, reforma agraria, estados de excepción, papel del ejército), no pre-

sentes en el derecho constitucional liberal; aumento de la carga ideológica a

través de la inclusión de normas-principio y preceptos declarativos; ampliación

de la

ratio

de derechos; introducción de mecanismos de control de constitucio-

nalidad de tipo concentrado o mixto; mutación de la forma de gobierno con la

introducción de mecanismos tendentes a amortiguar el hiperpresidencialismo y

de elementos parlamentarios que estructuraran una dinámica de gobierno dife-

rente; introducción de pautas cualiﬁcadoras del proceso de reforma constitucio-

nal, y apertura de éste a procesos constituyentes o de consulta popular.

No obstante, a pesar de la novedad de algunos de los elementos que acogió

el derecho constitucional del área, es posible dictaminar que en la realidad lo que

se produjo fue la modernización formal de éste —que llegó incluso en algunos

casos a la copia mimética de instituciones del derecho constitucional europeo—,

pero no se produjo una ruptura real con la práctica constitucional precedente.

De esta forma, no es sino hasta el inicio del siglo

X X I

que se alumbra un de-

recho constitucional diferente en Latinoamérica,

coyundeado por los cambios

que se producen en el ciclo electoral que cierra en 2006, en donde doce países

realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que propició el adveni-

miento al poder de nuevos rostros y actores políticos. En este contexto emergió

una nueva y policromática izquierda en la que se encuentran: el Partido del

Trabajo de Brasil; el Partido Socialista de Chile; el Movimiento

República de

Argentina 1966-1983, Bolivia 1968-1982, Brasil 1964-1985, El Salvador 1967-1984, Ecuador 1972-1979, Gua-

temala 1954-1984, Nicaragua 1967-1979, Paraguay 1954-1991, Perú 1968-1980, Chile 1968-1980, Honduras 1972-

1982, Venezuela 1958-1961.

El Salvador, 1983; Guatemala, 1985; Honduras, 1982; Nicaragua, 1987; Brasil, 1988; Chile, 1980; Colombia, 1991;

Ecuador, 1979; Paraguay, 1992; Perú, 1993.

Véase V

I L L A B E L L A

R M E N G O L

, Carlos,

Las Constituciones en Iberoamérica

La Habana, Félix Varela, 2000.

Véanse los siguientes trabajos en los que he abordado el tema: V

I L L A B E L L A

R M E N G O L

, Carlos, “Elecciones y reforma

de Estado en América Latina”,

I U S

nueva época, año

, invierno de 2006-2007; “El presidencialismo latinoamericano.

Mutaciones y gobernabilidad”,

Revista Cubana de Derecho

, núm. 26, julio-diciembre de 2007;

“

División de poderes y

forma de gobierno en América Latina”, en C

A R B O N E L L

, Miguel (ed.),

El Estado constitucional contemporáneo

, México,

U N A M

IIJ

, 2006; “El presidencialismo en América Latina”,

Revista Jurípolis

, México, año 4, vol. 2, 2006.

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REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

Venezuela, devenido posteriormente en Partido Socialista Unido de Venezuela;

el Frente Amplio de Uruguay y el Movimiento al Socialismo de Bolivia, que

dio cuerpo a una minoría étnica hasta entonces invisible en la escena política.

Irrumpieron también grupos de amplio perﬁl social-nacional como: el Frente

para la Victoria de Argentina, el Movimiento País de Ecuador, la Unión Nacional

de Esperanza de Guatemala y la Alianza Patriótica para el Cambio de Paraguay.

Advinieron, asimismo, antiguos movimientos guerrilleros como el Frente San-

dinista de Liberación Nacional de Nicaragua y el Frente Farabundo Martí de El

Salvador.

Esta transformación fue el resultado de la combinación de varios factores

objetivos y subjetivos entre los que se pueden citar: la aplicación de una brutal

política neoliberal que provocó que el deterioro social tocara fondo; la recu-

peración de las fuerzas de izquierda del trauma del derrumbe del socialismo

este-europeo; la emersión de una generación de nuevos líderes; la maduración

de un sentimiento nacionalista y patriótico cultivado a la vera de las dictaduras

militares de los años setenta y ochenta; el desgaste deﬁnitivo de los partidos y

fuerzas políticas tradicionales, y el agotamiento de un modelo de hacer política

oligárquica y venal.

A partir de este cambio de contexto, los gobiernos de derecha se vieron obli-

gados a cambiar su discurso e incorporar a sus agendas temas sociales.

En este entorno es que se puede signiﬁcar que toma cuerpo en el continente

un nuevo constitucionalismo, que aunque desde el punto de vista documental

inició con el texto de Brasil de 1988, y de manera más incisiva con el de Colom-

bia de 1991, es con las Constituciones de Venezuela de 1999, Ecuador de 2008

y Bolivia de 2009, que adquiere connotaciones relevantes.

Ello estuvo condicionado por la energía de los cambios políticos que en estos

países se produjo,

en donde la confrontación entre la oligarquía pro-norte-

Venezuela posee una larga historia constitucional que comienza en 1811 y en la que se suceden veintiséis Cons-

tituciones y otros documentos considerados por algunos con igual rango. Con la llegada al poder de Hugo Chávez

Frías en 1998, que jura sobre el texto de 1961, se abre convocatoria a una asamblea constituyente que luego de un

año de trabajo aprobó la Constitución de 1999, ratiﬁcada por referendo. A tenor del nuevo documento se produjeron

elecciones generales en 2000, conocidas por su magnitud como las “megaelecciones”, de las cuales salió triunfador

Chávez. En abril de 2002 se produjo un golpe de Estado que depuso al Ejecutivo y que se frustró por el amplio movi-

miento popular que restauró al presidente en apenas tres días. En agosto de 2004 se lleva a cabo un referendo revo-

catorio que ratiﬁca al presidente por una mayoría del 59.10%. En 2006 culmina el periodo de mandato del Ejecutivo

y en diciembre de ese año se producen nuevas elecciones en las que es reelecto Chávez con el 62.84% de los votos.

En febrero de 2009 se aprueba mediante referendo una enmienda que modiﬁca cinco artículos del texto de 1999.

Ecuador tiene una historia constitucional que se inicia en 1830 y en la que se han redactado veinte Constituciones.

El cambio de siglo en este país adviene entre revueltas populares causadas por la situación económica y la corrup-

ción, producto de la cual es depuesto el presidente Jamil Mahuad Witt. En 2002 fue electo el militar Lucio Gutiérrez,

apoyado por algunos grupos indígenas, siendo destituido por el Congreso en 2005 en medio de una nueva situación

de crisis social. En las elecciones de noviembre de 2006 resultó electo Rafael Correa Delgado en segunda vuelta

electoral con el 56.6% de los votos. En noviembre de 2007 se instaló una asamblea constituyente que culminó su

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

americana y las nuevas fuerzas sociales emergentes se convirtió en aguda lucha

de clases, lo que provocó una radicalización del proceso de transformaciones

políticas que encontró en la vía constituyente la forma para refundar el pacto

social y lograr la emancipación democrática.

La magnitud de los cambios introducidos por las novísimas Constituciones

de los tres países citados, la dinámica constitucional que a tenor de éstas se ha

producido y el protagonismo que el

soberano

legítimo ha logrado a la vera de la

normativa constitucional, permiten distinguir al nuevo constitucionalismo lati-

noamericano como un momento que brinda continuidad al constitucionalismo

revolucionario emergido en Norteamérica y Francia en el siglo

XVIII

y en Europa

en el siglo

X X

, luego de la segunda posguerra. Al decir de algunos estudiosos, es

un reencuentro con la teoría auténtica de Constitución, con el modelo originario

de Constitución en el que se concibe a ésta como el resultado de un proceso

constituyente legítimo.

En este sentido, puede distinguirse que aun cuando cada una de estas na-

ciones ha enfrentado retos diferentes en lo político y social, tienen de común,

respecto a lo que valoramos, las siguientes cuestiones: el proceso de transforma-

ciones se desarrolló por la vía electoral; se activó el constituyente originario que,

en ejercicio de su poder soberano, refundó el pacto social y corporizó nuevas

Constituciones; el poder constituyente laboró en un régimen de competencia

entre las diferentes fuerzas o tendencias políticas; el proceso se desarrolló con

la activa participación de los diferentes sectores sociales, lo que generó un mo-

labor en julio de 2008, sometiéndose a referendo en septiembre de 2008, en donde resultó aprobada con el 63.25%

de los votos.

Bolivia tiene una historia constitucional que comienza en 1826 y en donde se han promulgado dieciocho textos. En

este país, el siglo

X X I

se inició con revueltas sociales que provocaron que en varias ocasiones fuera decretado el estado

de sitio. Esta situación de inquietud popular se acrecentó en 2003 con la aplicación de una serie de políticas econó-

micas que produjo una nueva oleada de protestas y creó un clima de insurrección popular que provocó la dimisión

del presidente Antonio Sánchez de Losada. A éste le sucede el vicepresidente Carlos Mesa, que también dimitió en

2005. Ante esta situación asumió el Ejecutivo de manera provisional el titular del Tribunal Supremo, quien convocó

a elecciones anticipadas, en las cuales triunfó Evo Morales Ayma con el 54% de los votos, convirtiéndose así en el

primer mandatario indígena. En julio de 2006 se convocó a la formación de una asamblea constituyente, iniciándose

así un proceso prolongado y azaroso que implicó un permanente pulso entre el gobierno y la oposición, lo cual hizo

que se matizara de tensiones, revueltas que cobraron vidas, marchas campesinas, concentraciones indígenas y huelga

de hambre del primer mandatario. Tras más de un año de labor, en noviembre se aprobó el texto en grande en la

ciudad de Sucre y en diciembre, mediante lectura de cada artículo, en Oruro. Luego de nuevas maniobras dilatorias

de la oposición, en noviembre de 2008 el Congreso aprobó la ley que habilitaba el referendo para la aprobación de la

Constitución, el que se celebró en enero de 2009 con el 61.43% de los votos a favor. No puede dejar de mencionarse,

como parte del proceso desarrollado durante estos años, el conﬂicto entre el poder central y los departamentos de

Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija respecto al tema de la autonomía, lo que desembocó en un referendo revocatorio

en el que fue ratiﬁcado Evo Morales con el 67.45% de los votos y revocados los prefectos de La Paz y Cochabamba.

ICIANO

A S T O R

, Roberto,

conferencia pronunciada en el Congreso Internacional por el 10º Aniversario de la Consti-

tución Venezolana, celebrado en Caracas del 7 al 9 de diciembre de 2009.

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VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

vimiento popular que arropó la dinámica de cambios; las Constituciones fueron

legitimadas plebiscitariamente.

Sobre este entorno, pueden señalarse como rasgos del nuevo constituciona-

lismo delineado en los textos de Venezuela, Ecuador y Bolivia los siguientes:

1) Presencia de preámbulos que dotan a las Constituciones de

espiritualidad

al conectar el texto con la historia del país y dotarlo de contenido pro-

gramático.

2) Existencia de capítulos pórticos que establecen conceptos y principios que

se consideran bases del pacto constitucional.

3) Alta carga de normas-principios y preceptos teleológicos y axiológicos, los

que se enuncian como valores superiores (Constitución de Venezuela) o

principios ético-morales (Constitución de Bolivia). Entre estos preceptos

pueden citarse los siguientes: unidad; inclusión; dignidad; libertad; solida-

ridad; reciprocidad; respeto; complementariedad; armonía; transparencia;

equilibrio; igualdad de oportunidades; equidad social y de género en la

participación; bienestar común; responsabilidad; justicia social; redistribu-

ción equitativa de los productos y bienes sociales; democracia; responsabi-

lidad social; preeminencia de los derechos humanos; pluralismo político.

4) Reconocimiento de la supremacía constitucional, enfatizándose la primacía

de ésta en el ordenamiento jurídico, su fuerza vinculante para las perso-

nas naturales, jurídicas y los poderes públicos, y su eﬁcacia directa. Tal

cuestión es sistematizada en un capítulo independiente en los textos de

Bolivia y Ecuador.

En este sentido, puede destacarse además en la Constitución de Ecua-

dor la mención expresa de que las normas constitucionales se interpretarán

por el tenor literal que más se ajuste a la misma en su integralidad, y en

caso de duda debe hacerse en el sentido que más favorezca a la plena

vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyen-

te. En la Constitución de Bolivia se resalta la interacción del texto con

el bloque de constitucionalidad integrado por los tratados y convenios

internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho

comunitario ratiﬁcados por el país.

5) Conﬁguración de un nuevo modelo de Estado. La Constitución de Bolivia

lo deﬁne como

Estado unitario social de derecho plurinacional y comu-

Artículos 410 y 411 de la Constitución de Bolivia y 424-428 de la Constitución de Ecuador. Ministerio de Educación

y Ciencia, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,

Constituciones hispanoamericanas

[en línea], director de la página:

Ignacio Fernández Sarasola [consultada el 5 de marzo de 2009], disponible en:

http://www.cervantesvirtual.com/

portal/constituciones/constituciones.shtml

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

nitario

; la de Venezuela como

Estado democrático y social de derecho

y de justicia

, y la de Ecuador como

Estado constitucional de derechos y

justicia.

Se adjetivan además como Estados libres, independientes, sobera-

nos, democráticos, interculturales, plurinacionales, participativos, electivos,

alternativos, responsables, pluralistas y de mandatos revocables.

6) Proyección social del Estado, enfatizado por la función social y ambiental

con la que se delinea la propiedad privada y su convivencia con otros tipos

de propiedad, como la individual, colectiva, pública, estatal, comunitaria,

asociativa y mixta. Esto conﬁgura un régimen de economía mixta. En este

aspecto es simbólico lo que plantea la Constitución de Ecuador de que

“el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como

sujeto y ﬁn, propende a una relación dinámica y equilibrada entre socie-

dad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e

inmateriales que posibiliten el buen vivir”.

7) Conﬁguración de un Estado plurinacional e intercultural, en donde hay

una amplia protección de las minorías étnicas y los grupos originarios.

este aspecto resalta el empleo de frases e imágenes en lenguas originarias

(Constituciones de Bolivia y Ecuador); el reconocimiento de que la existen-

cia de la cultura indígena, depositaria de saberes, conocimientos, valores,

espiritualidades y cosmovisiones, es una fortaleza para estas sociedades;

el reconocimiento del autogobierno; la admisión de una justicia propia en

la que se tengan en cuenta sus principios, su cultura, y la legitimación de

una amplia cantidad de derechos: a la tierra; al uso y aprovechamiento

exclusivo de los recursos naturales ubicados en su hábitat; a mantener y

promover sus propias prácticas económicas y actividades tradicionales; a

mantener su identidad étnica y cultural, valores, espiritualidad y lugares

sagrados y de culto; a un modelo de salud integral que considere sus

prácticas y culturas; a que haya un sistema de educación intercultural

bilingüe; a contar con servicios de formación profesional y capacitación;

a proteger los conocimientos colectivos basados en sus ciencias, tecnolo-

gías y saberes ancestrales; a proteger su patrimonio cultural e histórico;

a impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los

identiﬁquen; a ser consultados antes de la adopción de una medida legis-

lativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos; a aplicar su

derecho propio en los marcos de respeto al derecho nacional; a poseer sus

Artículo 283.

Idem.

Artículos 98, 283 y 403 de la Constitución de Bolivia; 119-126 de la Constitución de Venezuela; 56-68, 171 y 257

de la Constitución de Ecuador.

Idem.

IUS 25

VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

propias formas de convivencia y organización social; a gobernarse por sus

estructuras de representación; a la deﬁnición de su proyecto de vida de

acuerdo con sus criterios culturales y principios de convivencia armónica

con la naturaleza.

8) Constituciones garantistas a partir de la estructuración y conformación

del control de constitucionalidad. Se estructura un modelo concentrado y

especializado en Bolivia con el Tribunal Constitucional Plurinacional y en

Ecuador con la Corte Constitucional, y un modelo centralizado y parcial-

mente especializado en Venezuela con la Sala Constitucional del Tribunal

Supremo de Justicia.

9) Amplio y novedoso refrendo de los derechos, los que en la positivación

constitucional rompen con la tradicional forma de agrupación del consti-

tucionalismo occidental. Es expresivo de una nueva perspectiva la noción

de la Constitución de Ecuador de

derechos del buen vivir,

en el que se

integran diversas facetas necesarias para materializar la dignidad humana:

el derecho a la alimentación, al agua, al ambiente sano, a la comunicación

e información, el respeto a la identidad cultural, la educación, el hábitat

adecuado y la vivienda segura, la salud, el trabajo, la seguridad social.

Esta renovada proyección de la dogmática constitucional contempla los

aspectos siguientes:

a) Enunciación de que no hay jerarquía en los derechos, con lo cual se abre

tácitamente la puerta a una hermenéutica de ponderación como vía de

solución a la confrontación de derechos.

b) Validez de los tratados y acuerdos internacionales ratiﬁcados cuyo con-

tenido es la protección de derechos.

c) Se agregan a las tradicionales formas de prohibición de discriminación

otras, como la orientación sexual, la identidad de género, el origen, la

nacionalidad, la ﬁliación política o ﬁlosóﬁca, la condición económica o

social, la discapacidad, el embarazo, etcétera.

d) Extensa legitimación de derechos sociales, económicos y culturales, y

consagración junto a éstos de la obligación del Estado respecto a los

mismos.

e) Refrendo del derecho a la identidad cultural de las minorías étnicas y

grupos originarios.

Artículos 196-203 de la Constitución de Bolivia; 262-266 de la Constitución de Venezuela y 429-440 de la Cons-

titución de Ecuador.

Idem.

Artículos 12-34.

Idem.

Artículos 13-108 de la Constitución de Bolivia; 19-135 de la Constitución de Venezuela y 10-83 de la Constitución

de Ecuador.

Idem.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

f) Refrendo de derechos a los grupos en situación, como la niñez, los adul-

tos mayores, los discapacitados, los privados de la libertad, los usuarios

y consumidores, y las personas con enfermedades catastróﬁcas.

g) Legitimación de novedosas ﬁguras-derechos, como el derecho al agua y

el derecho a la alimentación.

h) Planteamiento de temas que están en fase de moralidad crítica pero

que aún no conﬁguran derecho, como es el caso de las donaciones o

trasplantes de células, tejidos u órganos.

i) Reconocimiento de la titularidad de derechos a personas colectivas, como

comunidades, pueblos y nacionalidades.

j) Inclusión de nuevas facetas en derechos clásicos como el de libertad, en

el que se introduce la arista de adoptar decisiones libres y voluntarias

sobre la sexualidad individual o tomar decisiones independientes y res-

ponsables sobre la vida reproductiva.

k) Reconocimiento como sujeto de protección a la naturaleza, respecto a la

que se identiﬁca la necesidad de fomentar su protección, restauración

y reproducción, creando así una justicia ambientalista.

10) Novedosa presentación de los deberes constitucionales, los que se amplían

más allá de las típicas obligaciones que regulaba el constitucionalismo.

Así se escrituran obligaciones como: difundir la práctica de los valores y

principios que proclama la Constitución; contribuir al derecho a la paz;

denunciar y combatir los actos de corrupción; resguardar el patrimonio

natural, económico y cultural; proteger los recursos naturales y contribuir

a su uso sustentable; no ser ocioso, mentir, o robar; ejercer la profesión u

oﬁcio que se tenga con sujeción a la ética; respetar las diferencias étnicas,

nacionales, sociales, generacionales, de género, y la orientación e identidad

sexual; etcétera.

11) Amplia protección a los derechos a través de variados mecanismos, instru-

mentos y dispositivos. En este tenor, además de las apelaciones que insis-

ten en el respeto debido a los derechos por parte de los poderes públicos

y autoridades, y los procesos que se desarrollan en sede judicial ordinaria,

pueden citarse los siguientes: acción de defensa; acción de amparo cons-

titucional; acción de protección de privacidad; acción de inconstituciona-

lidad; acción de cumplimiento; acción popular; acción de protección de

privacidad; acción de amparo a la libertad y seguridad; acción de protec-

Artículo 66 de la Constitución de Ecuador.

Idem.

Artículos 51-54 de la Constitución de Ecuador.

Idem.

IUS 25

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2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

ción; hábeas corpus; acción de hábeas data; acción por incumplimiento;

acción extraordinaria de protección; defensoría del pueblo.

Puede señalarse también que se legitima la acción individual y colec-

tiva, se crean procesos sumarios de protección y se prevé la reclamación

por omisión en caso de que la autoridad encargada no haga realidad la

norma.

12) Legitimación de una postura jurídica de integración latinoamericana y de

respaldo a la estructuración de instituciones supranacionales de carácter

regional, sobre la base de los principios de solidaridad, equidad, igualdad

y respeto. En este sentido, se respalda la existencia de una ciudadanía úni-

ca. Las Constituciones de Ecuador y Venezuela propugnan la integración

no sólo con Latinoamérica sino también con el Caribe.

13) Reconocimiento del protagonismo del Estado y su incidencia en aspectos

sociales y económicos. Así, se enuncian en la Constitución de Bolivia y

Venezuela los ﬁnes y funciones esenciales del Estado, y en la Constitu-

ción de Ecuador los deberes del Estado. Entre las responsabilidades que

resaltan se encuentran las siguientes: garantizar el acceso de las personas

a la educación, a la salud, el trabajo y los demás derechos; constituir una

sociedad justa y armoniosa; garantizar el bienestar, la seguridad y la igual

dignidad de las personas; reaﬁrmar y consolidar la unidad del país; pre-

servar la diversidad plurinacional en la diversidad; promover y garantizar

el aprovechamiento responsable y planiﬁcado de los recursos naturales;

desarrollar el ejercicio democrático de la voluntad popular; promover la

prosperidad y bienestar del pueblo; garantizar y defender la soberanía

nacional; planiﬁcar el desarrollo nacional; erradicar la pobreza; promover

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos; pro-

teger el patrimonio natural y cultural del país; garantizar el derecho a una

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrá-

tica y libre de corrupción.

14) Conﬁguración de procedimientos de reforma con la participación del

constituyente originario. Pueden destacarse las siguientes características:

iniciativa popular como una de las vías para incoar la modiﬁcación; pro-

tección de determinados contenidos de las enmiendas o reforma parcial

(estructura fundamental de la Constitución, carácter y elementos constitu-

tivos del Estado); procedimientos agravados de aprobación (mayoría cua-

Artículos 109-136 de la Constitución de Bolivia; 27-31 de la Constitución de Venezuela y 75-93 de la Constitución

de Ecuador.

Idem.

Artículos 483 de la Constitución de Ecuador y 153 de la Constitución de Venezuela.

Idem.

Artículos 9 de la Constitución de la Bolivia; 3 de la Constitución de Venezuela y 3 de la Constitución de Ecuador.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

liﬁcada para la aprobación, periodos de enfriamiento), y cierre del proceso

mediante referendo.

3. Los modelos teóricos de democracia

El término democracia es un constructo teórico que soporta el peso de una larga

evolución histórica, la carga de contenido con que se ha pretendido rellenar en

diferentes contextos teóricos y la anﬁbología que le ha proporcionado su ma-

nipulación ideológica; todo lo cual lo ha convertido en un concepto polisémico

e inasible si se aborda desde perspectivas conceptuales diferentes, concepciones

políticas distintas u horizontes eidéticos desiguales: “La democracia es una de

las ideas más perdurables en política y se ha convertido en el siglo

X X

en una

de las más centrales”,

pero “la palabra sufre de un exceso de signiﬁcación […]

y se atribuye el caliﬁcativo […] a cosas diferentes o de sentidos opuestos”.

La vaguedad en el concepto fue introducida en el momento en que etimoló-

gicamente se señaló la equivalencia en las expresiones

demos

: pueblo y

kratos

gobierno, derivando la noción de un gobierno del pueblo;

cuando en realidad,

en su concepción original,

demos

no era el equivalente de pueblo, sino de una

alianza estratégica entre grupos sociales.

Hay que resaltar además que en el pensamiento político griego —a excepción

de P

OLIBIO

(203-120 a.C.)— la democracia fue vista como una de las formas malas

o corruptas de gobierno, línea de razonamiento que tiene su máximo exponente

en el ﬁlósofo A

R I S T Ó T E L E S

(384-322 a.C.), cuya clasiﬁcación de formas buenas y

degeneradas devino en estereotipo de la teoría política: “Las degeneraciones de

las mencionadas formas de gobierno son: la tiranía de la monarquía, la oligar-

quía de la aristocracia, y la democracia de la política. La tiranía, en efecto, es una

monarquía orientada hacia el interés del monarca, la oligarquía hacia el de los

ricos y la democracia hacia el interés de los pobres. Pero ninguna de ellas atiende

al provecho de la comunidad”.

Artículos 242-246 de la Constitución de Venezuela; 411 de la Constitución de Bolivia y 441-444 de la Constitución

de Ecuador.

Idem

R B L A S T E R

, Anthony,

Democracia

, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 15.

R O S

S P I E L L

, Héctor, “Democracia”,

Diccionario Electoral

, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Huma-

nos-Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, 1989, p. 199.

Esta noción tuvo su construcción verbal más gráﬁca con la aﬁrmación de Abraham Lincoln en la proclamación de

Gettysburg de 1861 de “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Era una alianza entre demiurgos y geónomos en contra de los eupátridas

concierto del que no formaban parte,

además de ese sector de la nobleza ateniense, los esclavos, las mujeres y los periecos. Véase F

E R N Á N D E Z

U L T É

, Julio,

Teoría del Estado y del derecho. Teoría del Estado

, La Habana, Félix Varela, 2002, pp. 21 y ss.

R I S T Ó T E L E S

La política

, México, Editora Nacional, 1967, citado por B

O B B I O

, Norberto,

La teoría de las formas de go-

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REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

En la modernidad, la vacuidad en el empleo del término adquiere un relieve

especial cuando en el siglo

X I X

Alexis de T

O C Q U E V I L L E

, en la obra

La democracia

en América

, caliﬁca al sistema norteamericano como democracia representativa,

vinculando así dos términos que hasta entonces eran considerados incompati-

bles, ya que el primero se empleaba para reconocer el ejercicio del poder directo

y asambleario de los antiguos, y el segundo para identiﬁcar el diseño de poder

representativo y balanceado de los ingleses.

En su connotación política, la democracia se ha empleado para referirse a

una particular forma de gobierno, distinguir el conjunto de reglas válidas para

construir las decisiones, relacionar un sistema de pautas a través de las cuales

se elige a los gobernantes, enunciar las vías de ejercicio del poder, signiﬁcar un

sistema en el que se respetan los derechos, caliﬁcar el principio articulador de

un determinado modo de vida social ideal o bosquejar un estilo de vida.

Esta multidimensionalidad ha provocado que sobre la democracia se hayan

establecido deﬁniciones de todo tipo,

aunque, sintetizando, podemos apreciar

cierta convergencia en visualizar a ésta de dos maneras puntuales: como una

forma de organización del poder en la que el pueblo es el soberano, o bien como

un mecanismo que posibilita la estructuración de los gobernantes y la elabora-

ción de las decisiones.

En la primera visión podemos encontrar deﬁniciones como éstas: “la forma

de Estado que se distingue por la participación de los ciudadanos en el gobierno,

su igualdad ante la ley y la conversión de derechos y libertades políticas”;

“es el

sistema político en que la voluntad y actividad del Estado es formada y ejercida

por los mismos que están sometidos a ellas, por consiguiente, el pueblo, a quien

se dirige el poder del Estado, es al mismo tiempo sujeto de este poder”;

“es

el régimen político que institucionaliza la participación de todo el pueblo en la

organización y ejercicio del poder político, mediante la intercomunicación y diá-

logo permanentes entre gobernantes y gobernados y el respeto de los derechos y

libertades fundamentales dentro de una justa estructura socioeconómica”.

En la otra perspectiva pueden citarse conceptualizaciones como las siguien-

tes: es el dispositivo que permite “la libre elección, a intervalos regulares, de los

gobernantes por los gobernados”;

“es la fórmula de organización política que

bierno en la historia del pensamiento político: año académico 1975-1976

, trad. de José Fernández Santillán, México,

Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 33 y 34.

A R T O R I

las caliﬁca de deﬁniciones lexicográﬁcas, descriptivas, prescriptivas, utilitarias y emotivas.

A R T O R I

, Giovanni,

Teoría de la democracia. El debate contemporáneo

, Madrid, Alianza Editorial, 1995, vol.

, pp. 25 y ss.

“Democracia”,

Diccionario de Comunismo Cientíﬁco

, Moscú, Progreso, 1975, p. 101.

A R C Í A

E L A Y O

, Manuel,

Derecho constitucional comparado

, Madrid, Alianza Editorial, 1984, p. 169.

U C A S

E R D Ú

, Pablo,

Manual de derecho político

, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 79.

O U R A I N E

, Alain,

¿Qué es la democracia?

, Argentina, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 42.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

se reduce a la atribución y distribución del poder mediante el mecanismo de

representación por elecciones regulares, a través de cual se selecciona o elige a

las minorías gobernantes o dirigentes que serán las protagonistas del sistema

democrático”;

“es el conjunto de reglas que permiten establecer quiénes son

los individuos autorizados a tomar decisiones obligatorias para todos los miem-

bros del grupo y con qué procedimientos […] el conjunto de reglas (primarias o

fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones

colectivas y bajo qué procedimientos”.

La cosmovisión de la democracia, unida a las diferentes experiencias histó-

ricas de su realización, ha dado lugar a lo que en la doctrina se ha caliﬁcado

como modelos, tipos o teorías de la democracia, aspecto en el que se plantean

esquemas diferentes y hasta opuestos. Algunas de las catalogaciones que más

han trascendido son las siguientes: democracia directa, democracia representa-

tiva, democracia protectora, democracia desarrollista, democracia elitista, demo-

cracia plural, democracia legal, democracia participativa, democracia marxista,

democracia de referéndum.

Si se profundiza en cada una de estas variantes puede señalarse igualmente

que al ﬁnal se converge en dos paradigmas: el que supone la participación po-

pular directa en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos públicos, y

el que concibe la participación ciudadana sólo en cuanto derecho político para

elegir a representantes que, portando un mandato indirecto,

se encargarán de

la actividad política.

E R R A N D O

A D I A

, Juan,

Democracia frente a autocracia

, Madrid, Tecnos, 1980, p. 73.

A R T O R I

, Giovanni,

op. cit.

, pp. 24 y ss.

Véanse las propuestas de David H

E L D

y Giovanni S

A R T O R I

E L D

, David,

La democracia y el orden global

Del Estado

moderno al gobierno cosmopolita

, Barcelona, Paidós, 1997, pp. 24 y ss.; S

A R T O R I

, Giovanni,

op. cit.

, pp. 139 y ss.).

La voz mandato fue tomada por la iuspublicística de la doctrina del derecho privado, convirtiéndose su acepción

de mandato representativo en uno de los principios sustentadores del constitucionalismo moderno en tanto base

para el ejercicio del poder político. El mandato representativo se caracteriza porque el agente elegido representa a

todo el cuerpo electoral o nación, por lo que no existe una sujeción entre electores y elegido ni se personiﬁca una

relación social entre ellos; así, el representante es autónomo para tomar parte en la actividad política y el órgano

parlamentario que integra se coloca por encima del titular de la soberanía. En esta perspectiva, no hay posibilidades

de revocar a los mandatarios ni éstos tienen la obligación de informar sobre su actuar a los mandantes.

Contrario

sensu

el mandato imperativo concibe que el mandatario lo es de un grupo o sector social especíﬁco en virtud de lo

cual se convierte en su portavoz, por lo que no deviene en representante de todo el cuerpo político ni su elección

signiﬁca una transferencia de la soberanía para adoptar decisiones libremente. En virtud de ello, debe de informar

sobre sus actos a los mandantes y éstos pueden revocarlo en todo momento. Véase F

E R N Á N D E Z

A R A S O L A

, Ignacio, “Re-

presentación, mandato y racionalidad en el pensamiento liberal”,

Debates Constitucionales

[en línea], núm. 1/1999

[consultada el 2 de febrero de 2002], disponible en:

http://www.constitucion.rediris.es/revista/dc/Dc.html

; V

A N O S S I

Jorge Reinaldo y S

A B S A Y

, Daniel Alberto, “Mandato”,

Diccionario Electoral

cit.

, p. 473; R

ÍO

E R N Á N D E Z

, Mirta A. del,

“Principales teorías sobre la democracia”, en varios autores,

Teoría y procesos políticos contemporáneos

, La Habana,

Félix Varela, 2006, vol.

, pp. 212-225.

IUS 25

VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

El primer paradigma parte de la inmediatez entre titularidad de la soberanía y

ejercicio de ésta. Su imaginario es el del pueblo deliberando, tomando decisiones

y gestionando directamente sus propios asuntos, conformándose a nivel de toda

la sociedad una estructura piramidal en la que interactúan múltiples espacios

participativos. Esta noción se inspira en la idea de

O U S S E A U

de “todo el poder del

Estado dimana del pueblo”.

Con esta concepción se relacionan las pautas de

autogobierno, elegibilidad y revocación de los mandatarios, renovación de éstos,

transparencia de la política, control comunitario de la gestión pública, obligación

de los agentes elegidos de rendir cuentas sobre los mandatos otorgados, aper-

tura del poder político a las iniciativas populares y adopción consensuada de las

decisiones. El sustento de esta visión es la de un ciudadano comprometido con

res publica,

que es sujeto de libertades positivas cuyo ejercicio le posibilita

convertirse en sujeto políticamente activo.

El segundo paradigma parte del prejuicio de que es inviable el ejercicio parti-

cipativo directo en la sociedad moderna. De esta forma, se concibe que la instru-

mentación de la democracia sólo puede producirse por vía de la representación,

la que se consuma mediante acto en el que el pueblo enajena su poder sobe-

rano. Con esta concepción se relacionan las pautas de elecciones competitivas,

elites políticas, personiﬁcación general de la voluntad de la nación, mandato

representativo e irrevocabilidad. Es una perspectiva procedimental que centra su

atención en los mecanismos o vías por los que el

input

de votos se transforma

output

político y que sostiene una concepción mercadotécnica e instrumental

de la política. Se encuentra asociada a la noción de un ciudadano ególatra que

permanece ajeno a la

polis

y que sólo hace uso de sus derechos políticos cuando

es convocado.

Estas construcciones teóricas antitéticas se erigen sobre dos grandes modelos

iuspublicísticos de la historia de la humanidad:

el latino o greco-romano y el

anglosajón. En sus hálitos se encuentran las concepciones opuestas de dos teó-

ricos de la Ilustración que marcan a la modernidad: Charles Louis de

E C O N D A T

Juan Jacobo

O U S S E A U

. El primero partidario del diseño del gobierno inglés, sobre

el que elabora la idea de representación, y el segundo defensor del principio de

soberanía popular.

Vale agregar sobre este aspecto “que las concepciones de la democracia

cambian en el curso de la historia constitucional, así como en el espacio y el

tiempo, [sentido en el que] el Estado constitucional requiere constantemente

de reforma”;

cuestión que apunta a visionar la perfectibilidad de los modelos

Citado por H

Ä B E R L E

, Peter,

El Estado constitucional

, trad. de Héctor Fix-Fierro, México,

U N A M

, 2001, p. 195.

E R N Á N D E Z

U L T É

, Julio,

op. cit.

, p. 23.

Ä B E R L E

, Peter,

op. cit.

, p. 194.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

democráticos y la mutabilidad de las formas constitucionales. Esta aseveración

no niega la existencia de un discurso teórico sedimentado por la evolución del

pensamiento político o la sedimentación de principios universales decantados

por la historia del proceso civilizatorio, sino que signiﬁca que la construcción

teórica y práctica de la democracia es dialéctica e histórico-concreta.

4. El nuevo paradigma democrático en Latinoamérica

De la mano del nuevo constitucionalismo latinoamericano se ha desarrollado

en la región una democracia cuantitativa y cualitativamente diferente sobre la

que se pueden establecer en estos momentos algunas regularidades y modelar

lo que pudiera ser un nuevo arquetipo de democracia continental. Para con-

textualizar esta mutación adecuadamente nos parece necesario —aunque sea

someramente— bosquejar primero las características de la democracia que ha

predominado en el continente:

1) Ha sido una democracia electoral que sólo ha buscado institucionalizar

la representatividad política, dejando a la sombra al pueblo, titular de la

soberanía.

2) Se ha basado en una partidocracia fragmentada, polarizada, caudillista,

poco programática, demagógica, con prácticas corruptas que se han tras-

pasado al aparato estatal y comportamientos corporativos que han hecho

de los partidos clubes privados.

3) Procedimentalmente ha sido elitista, no transparente, clientelista y en mu-

chas ocasiones estructurada en decisiones de una minoría que ha funcio-

nado en el espectro político como minoría mayor, por lo que se ha visto

imposibilitada para lograr anuencias elementales entre los órganos que

integran el aparato estatal en aras del interés general.

4) Se ha fundamentado en la competitividad de las elites políticas y la prima-

cía de vías para desacreditar y perjudicar al contrario, lo que ha convertido

Sobre esta perspectiva se erigió la noción marxista-leninista de democracia, que acotó como democracia pro-

letaria, atendiendo al basamento de que no es posible hablar de democracia en abstracto o de democracia pura al

margen de un conﬂicto de clases, porque ésta conforma un binomio con el de dictadura. Así, hay que considerar a

la democracia como método de ejercicio del poder de una clase, y por ende de dominación de ésa sobre las demás:

“no se puede hablar de «democracia pura» mientras existan diferentes clases, y sólo puede hablarse de democracia de

una clase […] «democracia pura» es sólo una frase de ignorante que no comprende […] la esencia del Estado”

E N I N

Vladimir I.,

La revolución proletaria y el renegado Kautsky. Obras escogidas

, Moscú, Progreso, 1961, p. 14). “Será la

sustitución de la dictadura efectiva de la burguesía (dictadura que encubren con formas de República democrática)

por la dictadura del proletariado […] Será una ampliación gigantesca […] de la democracia

(

E N I N

, Vladimir I.,

Demo-

cracia y dictadur

. Obras escogidas

, Moscú, Progreso, 1961, t.

III

, p. 139).

IUS 25

VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

a la vida política en una autofagia y al quehacer público en un campo de

batalla.

5) Se ha movido con una dinámica no dialógica, de suma cero, que ha propi-

ciado la formación de ejecutivos hegemónicos y autoritarios que han sido

caliﬁcados por sus rasgos y métodos de hacer política como dictaduras

constitucionales, cesarismos representativos o monarquías electivas.

6) Su ha sustentado en un ciudadano hedonista, amoral, abstencionista y

consumidor de la política en términos de coste-beneﬁcio, sentido en el

cual lo ha educado.

7) Su redimensionamiento se ha circunscrito al ámbito político, teniendo

como eje fundamental el rediseño del presidencialismo o tibias reformas

electorales.

8) Aunque en términos formales ha habido una expansión constitucional de

los derechos y de los sistemas de garantías, en la realidad éstos siguen

siendo una utopía para grandes grupos sociales que carecen de recursos

para ver hechos realidad muchos de sus derechos o que sencillamente

sobreviven en los umbrales de pobreza, y para quienes la palabra derechos

no tiene sentido.

9) Ha sido cauce para la adopción de políticas instrumentales, oportunistas,

patrimoniales, que sólo han estado atentas a los intereses del mercado y de

los grupos más privilegiados, distinguiéndose por su autismo social.

10) Se ha visto imposibilitada para construir consensos alrededor de los proble-

mas sociales más apremiantes, de diseñar políticas capaces de enfrentar las

diferentes situaciones de crisis económica y social, y de rebasar los umbra-

les de ingobernabilidad en los que a veces sobreviven algunas naciones.

La imbricación de los rasgos aducidos, junto a otros elementos que se escapan

del análisis que estamos haciendo, condicionan lo que en mi opinión han sido

los dos rostros puntuales de la democracia latinoamericana.

En primer término la fragilidad. De ello es exponente la propia evolución que-

brantada del derecho constitucional del área y las continuas interrupciones en su

decurso por los golpes de Estado y los gobiernos militares. En este sentido, hay

que destacar que aunque desde los años ochenta del pasado siglo se ha vivido

una etapa de continuidad y consolidación democrática luego del último ciclo de

gobiernos

de facto

, los recientes sucesos en Honduras evidencian cuán reversible

puede ser aún la democracia en el continente y que el coronelismo político de la

región cuenta con la fuerza, los mecanismos y las redes necesarias para quebrar

la continuidad constitucional.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

En segundo lugar la exclusión e inequidad. De ello es expresión la incapaci-

dad de transformar una sociedad polarizada por los altos índices de desigualdad,

y fragmentada por los altos niveles de exclusión y marginación. De acuerdo con

cifras de la Comisión Económica para América Latina (

C E P A L

), en 2009 la pobreza

alcanzó a 189 millones de personas y la indigencia a 76 millones.

Frente a este modelo, la práctica democrática que se ha ido corporizando

—no sin diﬁcultades y zigzagueos— en los tres países que mencionamos ha ido

construyendo un prototipo alternativo y divergente de la usanza tradicional de

hacer política, en donde lo más signiﬁcativo ha sido la intensidad de la parti-

cipación popular producida. Así, puede signiﬁcarse que en Ecuador y Bolivia la

movilización popular depuso a cuatro presidentes, a la vez que en Venezuela lo

reasumió al haber sido removido por un golpe de Estado. En Bolivia y Venezuela

los ejecutivos, de manera inédita en la historia de la democracia, sometieron sus

cargos voluntariamente a revocación, proceso que los ratiﬁcó en ambos casos

con votaciones superiores al 50%. En el periodo 2006-2008, el electorado en

estos países fue convocado en más de quince ocasiones.

En este contexto, puede señalarse que se ha ido estructurando un prototipo

democrático de dos carriles. De un lado, ha discurrido sobre los presupuestos de

la representación, el pluralismo político, las elecciones libres, la garantía de los

derechos, la seguridad de las minorías políticas y la distribución de poderes. De

otro, ha ido estructurando nuevos mecanismos y ha ampliado sus ámbitos. Así,

se ha desarrollado una democracia expansiva en sus umbrales e inclusiva en los

sujetos participantes.

Algunos presupuestos del nuevo constitucionalismo que han constituido pi-

lares de la ﬁsonomía democrática actual en estas naciones son los siguientes:

1) Esbozo de un régimen político que se estructura sobre pivotes organizati-

vos y funcionales cualitativamente diferentes, lo que condiciona un nuevo

arquetipo de hacer política.

La Constitución de Venezuela señala que

la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión

pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su com-

pleto desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber

Comisión Económica para América Latina y El Caribe [en línea] [consultada el 27 de noviembre de 2009], dispo-

nible en:

www.eclac.org/default.asp?idioma=in

Artículos 11, 12 y 240-242 de la Constitución de Bolivia; 62-73 de la Constitución de Venezuela; 15-117 de la

Constitución de Ecuador

IUS 25

VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su

práctica.

El texto de Bolivia plantea que

el gobierno adopta la forma democrática participativa, representativa y comuni-

taria […] el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, partici-

pará en el diseño de las políticas públicas y ejercerá el control social a la gestión

pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones […] las

entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte

de la sociedad.

Por su parte, la Constitución de Ecuador proclama que

las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de ma-

nera protagónica en la toma de decisiones, planiﬁcación y gestión de los asuntos

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad […]

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano […] el pueblo es

el mandante y primer ﬁscalizador del poder público […] se reconocen todas las

formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular

para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políti-

cas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno.

2) Se instrumentan diversos mecanismos de democracia que en los textos se

caliﬁcan indistintamente de democracia directa, ciudadana o comunitaria.

Entre éstos pueden citarse los siguientes: referendo (consultivo y abroga-

torio); iniciativa legislativa ciudadana; revocatoria de mandato; asamblea

abierta; cabildo; consulta popular; postulación directa de ciudadanos; par-

ticipación popular en el diseño de las políticas públicas; control social a

la gestión pública y privada; audiencias públicas; transparencia y acceso

a la información de las instituciones del poder público; etcétera.

3) Las Constituciones de Venezuela y Ecuador institucionalizan, respecti-

vamente, “el poder ciudadano” y la “función de transparencia y control

social”, como eslabones insertos en el poder público.

El primero está integrado por diferentes organismos y sectores de la

sociedad, entre ellos el Consejo Moral Republicano, que entre sus funcio-

Artículo 62

Artículos 11 y 241.

Artículos 95, 6 y 100.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

nes tiene: ejercer la iniciativa legislativa, controlar los órganos del poder,

realizar propuestas de funcionarios de diferentes instancias, investigar y

sancionar hechos que atenten contra la ética pública y la moral adminis-

trativa, velar por la buena gestión en el uso del patrimonio público, super-

visar el cumplimiento del principio de legalidad y promover la educación

como proceso creador de la ciudadanía.

En la segunda participan diversas instituciones, entre ellas el Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene entre sus funciones

las siguientes: promover el control de las entidades y organismos del sector

público y privado, velar por el ejercicio transparente del poder, fomentar

la participación ciudadana y realizar propuestas de funcionarios y desig-

naciones.

4) La Constitución de Bolivia, de manera inédita, legitima la elección directa

de los jueces del Tribunal Supremo y del Consejo de la Magistratura;

la de Ecuador, los miembros del Consejo de la Judicatura son designados

por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

5) En las Constituciones de Venezuela

y Ecuador

se incluyen preceptos

que regulan el funcionamiento de las organizaciones políticas. Así, existen

pronunciamientos sobre: la organización y el funcionamiento, que deben

regirse por los principios de democracia, alternabilidad, rendición de cuen-

tas y conformación paritaria de hombres y mujeres; la selección de las di-

rectivas y candidaturas deberá producirse a través de elecciones primarias;

la obligación de contar con una plataforma programática; la regulación

del ﬁnanciamiento de la organización, así como de la propaganda política

y campañas electorales, y las condiciones para el acceso a los medios de

comunicación.

6) Proyección del poder político público a tenor de criterios renovados que

rompen con la clásica tripartición de poderes. La Constitución de Vene-

zuela señala que el poder público se distribuye entre el poder municipal, el

poder estadal y el poder nacional, dividiéndose este último en Legislativo,

Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Por su parte, la Constitución de

Ecuador legitima junto a las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales,

las de transparencia, control social y electoral.

Artículos 273-279

Artículos 204-210.

Artículos 181, 182, 193 y 194.

Artículo 67.

Artículos 108-115.

Artículos 136 de la Constitución de Venezuela; 207 y 217 de la Constitución de Ecuador.

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REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

5. Consideraciones para la construcción de un nuevo modelo

de democracia en América Latina

A partir de este renovado ejercicio democrático en los países señalados, queremos

culminar estas reﬂexiones delineando los ribetes fundamentales que en nuestra

opinión deben sostener un modelo democrático de nuevo tipo en América Lati-

na, el que identiﬁcaremos como

democracia multidireccional y republicana

En primer lugar tiene que rebasar la dimensión política en que se ha movido

y buscar su expansión en los ámbitos económico y social, enfrentando así lo que

constituye el principal desafío del ejercicio político en la región.

En ese sentido, hacer democracia en lo económico

supone combatir el

47.8% de pobreza que existe en la región, según cifras de la

C E P A L

, y lograr la

justicia social a partir de una mejor distribución de la riqueza y de mayores pres-

taciones a los sectores más vulnerables. No puede haber democracia con brechas

de inequidad. No puede haber democracia sin calidad de vida.

Por su parte, hacer democracia social implica estructurar una red de espacios

participativos primarios y estructuras comunitarias que incidan en la adopción y

gestión de las políticas públicas:

si todavía se puede hablar de una ampliación del proceso de democratización, dicha

ampliación se debería manifestar, no tanto en el paso de la democracia representativa

a la democracia directa, como suele considerarse, cuando en el paso de la democracia

política a la democracia social […] cuando se desea conocer si se ha dado un desarro-

llo de la democracia en un determinado país, se debería de investigar no si aumentó o

no el número de quienes tienen derecho a participar en las decisiones que les atañen,

sino los espacios no políticos en que pueden ejercer ese derecho […].

En este punto, hay que sostener la necesidad de una revolución cultural que

haga realidad el derecho a la educación de 40 millones de analfabetos que según

C E P A L

existen hoy en Latinoamérica, y que coadyuve a que los 110 millones de

personas que apenas terminan la primaria puedan proseguir los estudios. Ésa es

la única base para una ciudadanía auténtica que pueda informarse sobre lo que

sucede en su entorno y actuar en tal sentido.

El término de democracia económica se deriva del de democracia industrial estipulado por Sidney y Beatrice

E B B

a ﬁnales del siglo

X I X

para referirse al papel de los trabajadores dentro de la planta industrial en un esquema

de producción fordista. La mutación del término supuso también un reciclaje del contenido, ya que con esta nueva

etiqueta se hizo referencia a la igualdad de posibilidades en el plano económico, al sistema “cuya meta es la redis-

tribución de la riqueza y la igualdad de condiciones económicas y oportunidades”.

E B B

, Sidney y Beatrice,

Industrial

Democracy

, Londres, 1920.

O B B I O

, Norberto,

El futuro de la democracia

, México, Política y Derecho, 1992, p. 25.

CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA EN EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO.

Sobre esta idea, otra orientación debe ser la expansión de los derechos funda-

mentales en tres direcciones, a ﬁn de que propendan consecuentemente al logro

de la dignidad humana: ampliación de su

ratio

en proporción al desarrollo de

la teoría de los derechos fundamentales; discriminación positiva de las minorías

étnicas y grupos culturales de las plurales sociedades de la región, y materiali-

zación efectiva.

En el ámbito político, la democracia en la región debe desarrollarse en dos

sentidos: de un lado, fortalecer las instituciones de la democracia electoral y re-

presentativa; de otro, institucionalizar vías participativas que aperturen el ediﬁco

del Estado al titular de la soberanía.

En el primer ﬂanco, es vital proveer a la democracia de mecanismos que la

protejan de las rupturas militares, asegurar la continuidad de los ciclos electo-

rales, perfeccionar las fórmulas electorales de modo que éstas provean mayorías

claras, y fortalecer las instituciones electorales a ﬁn de que propendan a la legi-

timidad de los resultados. En este sentido, igualmente, debe integrar dispositivos

que coadyuven a la transparencia del poder político y al control de éste y sus

agentes.

En la segunda arista es en donde tienen que realizarse las grandes innova-

ciones, tal como lo han hecho los países comentados. Deben institucionalizarse

mecanismos participativos, dispositivos de consulta directa, espacios de gestión

directa en los asuntos públicos e instrumentos para el control social del poder,

de modo que el Estado no ﬂote por encima o frente a los ciudadanos sino que

se constituya a partir de los ciudadanos: “participación entendida como […]

tomar parte en persona de una manera autoactiva […] no es ser parte de […] es

automovimiento y por tanto lo contrario de heteromovimiento […] es decir, lo

opuesto a movilización”.

En este punto, vale decir que un quehacer político de nuevo tipo para la

región debe erigirse sobre la base de tanto acuerdo ciudadano como sea posible,

tanto consenso como sea necesario y tanta representación como sea inevita-

ble.

Este diagrama de dispositivos debe soportarse procedimentalmente en la

deliberación y el diálogo, lo que hace emerger decisiones compartidas intersub-

jetivamente en la heterogeneidad y construye un proyecto social argumentativo

y colegiado en la pluralidad, con lo cual aparece un ciudadano regenerado:

“una concepción dialógica entiende la política como un proceso de razón y no

exclusivamente de voluntad, de voluntad y no exclusivamente de poder […] así,

A R T O R I

, Giovanni,

op. cit.

, p. 153.

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IUS 25

VERANO

2010

REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS DE PUEBLA

este modelo se atiene al sentido democrático-radical de una sociedad mediante

ciudadanos unidos comunicativamente y no sólo hace derivar los ﬁnes colectivos

de un ideal entre intereses contrapuestos”.

Todo esto contornaría una democracia multifacética, políticamente inte-

ractiva, en libertad real, con dignidad plena, basada en valores republicanos y

erigida en la Constitución como soporte cívico del proyecto de

deber ser

de una

sociedad.

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